La prórroga de Almaraz dejará en manos de un futuro Gobierno la decisión sobre su cierre | Economía

El Gobierno ha dado una patada hacia adelante con la prórroga de la central nuclear de Almaraz anunciada este viernes por el Ministerio de Transición Ecológica. La instalación, que produce en sus dos reactores en torno al 7% de la energía eléctrica que consume España, seguirá abierta hasta junio de 2030, incumpliendo así el calendario para su clausura pactado entre los socios de coalición del Gobierno. Aunque el Ejecutivo ha asegurado que la decisión tiene un impacto limitado y no afectará a la hoja de ruta de cierres de las plantas atómicas, lo cierto es que el primero de ellos queda ahora fijado para una nueva legislatura, con una nueva administración en La Moncloa ya sea del mismo o de distinto signo político.

El Partido Popular, por ejemplo, dejó claro este viernes que la moratoria es “insuficiente” y fue un paso más allá al insistir en que debe “cancelarse” el calendario de cierres. Fuentes del sector eléctrico aseguran que parte de la estrategia diseñada por las compañías y la propia central de Almaraz a la hora de reclamar esa prórroga de tres años pasaba por ganar tiempo y conseguir, cambio de gobierno mediante, una revisión de la política general sobre las nucleares. Aspiran a llevar su clausura hasta 2060. De hecho, la primera fase del plan para mantener la central con vida, implementado por todos los interesados en la continuidad de la planta, ya se ha completado.

Para el PSOE, que en octubre de 2023 pactó con Sumar un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las plantas españolas entre 2027 y 2035”, la cuestión tampoco es sencilla. Con la última decisión, no solo cede a las múltiples presiones provenientes tanto de los municipios más cercanos a la planta como de las energéticas dueñas de la central (Iberdrola, Endesa y Naturgy), sino también a las de los partidos políticos de la región, entre ellos el propio PSOE extremeño, que ha celebrado la decisión en un comunicado en el que ha indicado que es “una muy buena noticia para Extremadura, para el Campo Arañuelo, para Almaraz y para España en su conjunto”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha defendido la decisión en que la prórroga es segura para los ciudadanos, no compromete la seguridad de suministro y no supondrá un coste extra —cabe recordar que la instalación está valorada en 15.000 millones de euros—. Además, ha resaltado que el escenario geopolítico actual ha generado “una volatilidad de precios” en la energía y que “la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente”.

De esta forma, el Gobierno defiende una decisión que ha tomado tras años de discusiones con las compañías eléctricas. “España no puede permitirse el lujo de cerrar las nucleares”, aseguraba hace tan solo un par de meses el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. Estas declaraciones se produjeron poco antes de conocerse el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que daba luz verde a la prórroga de la instalación hasta 2030 con ciertas condiciones.

Dicho informe se elaboró en respuesta a la petición formal que habían hecho las energéticas en octubre del año pasado, pidiendo una prórroga en torno a la que, desde mucho antes, se había generado un revuelo mediático por el peso que tiene en la región y su importancia para los intereses económicos de las dueñas de la planta. “A los extremeños nos pusieron la central nuclear de Almaraz porque nadie la quería y ahora que la queremos nos la van a quitar”, dijo en una entrevista a este medio en octubre de 2025 el presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, Fernando Sánchez.

A esta organización la han apoyado partidos políticos de todo color en la región, incluyendo el propio PSOE, donde este asunto ha generado una clara discrepancia entre la dirección nacional y la regional. Lo cierto es que el principal socio de Gobierno se llevó un fuerte varapalo en las últimas elecciones autonómicas de diciembre, tocando un suelo histórico de un 25,7% de los votos y 18 escaños. El cabeza de lista del PSOE en esos comicios, Miguel Ángel Gallardo, fue condenado posteriormente a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación en el juicio al hermano del presidente, Pedro Sánchez. En este contexto, la continuidad de Almaraz ayudará a descomprimir la difícil situación del PSOE en la región.

Para entender la importancia de esta central para los municipios de la zona, además de los empleos directos que genera (unos 1.000, un número que se puede duplicar en el conocido como proceso de recarga que se llevó a cabo el año pasado) hay que mirar también a las finanzas de los ayuntamientos. Un estudio de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMC), señala que en 2020 el 60% de los ingresos tributarios de Almaraz dependieron de la instalación, cuyo acuerdo de cierre data de 2019.