Cinco mitos sobre las regularizaciones migratorias desmentidos | Economía nacional e internacional

En las economías avanzadas de Occidente el acelerado envejecimiento demográfico y la contracción de la fuerza laboral nativa generan una necesidad de mano de obra en sectores vitales como la agricultura, la construcción o los cuidados. Sin embargo, la polarización de la retórica política y el nativismo han provocado que grandes capas de trabajadores operen en la clandestinidad administrativa. Históricamente, para corregir esta disonancia, gobiernos desde Norteamérica hasta la Europa mediterránea han tenido que recurrir a las regularizaciones masivas.

Sin embargo, el debate legislativo y público en torno a estas medidas suele estar dominado por axiomas que auguran colapsos salariales, quiebras fiscales y criminalidad. Pero la realidad parece ser rotundamente diferente: legalizar a la población indocumentada es una de las políticas de mayor rentabilidad económica y social que un Estado puede implementar. Y esto es porque al menos cinco de los grandes mitos que hay sobre este paso político pueden ser refutados y desmentidos. Vamos uno a uno.

Mito 1: Las regularizaciones masivas y el ‘efecto llamada’

Existe una creencia de que otorgar estatus legal envía una señal que incentiva irremediablemente nueva inmigración irregular. Sin embargo, no hay indicios de que este “efecto llamada” suceda cuando se aplica a naciones plenamente desarrolladas. El diseño de las políticas, con exigencias de arraigo y ausencia de delitos previos, no ayudan a crear expectativas imaginarias en los países emisores.

¿Qué evidencia tenemos? En primer lugar, un estudio macroinstitucional elaborado por la OCDE y la red académica Inf analizó todas las políticas de regularización implementadas entre 1944 y 2023 a lo largo de 32 países de destino. Esta investigación demostró que en las naciones situadas en los tres cuartiles superiores de ingresos (una extensa lista de potencias de la OCDE que incluye a países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Suiza y Grecia) el efecto imán fue inexistente y no actuó como factor de atracción. En segundo lugar, el análisis causal del masivo proceso de normalización español de 2005 ratifica este hallazgo al comprobar empíricamente que la medida gubernamental no aumentó los flujos irregulares hacia la península.

Mito 2: “Hunden los salarios de los trabajadores locales”

De nuevo la tan manida falacia de la “suma cero” que tantas tardes de gloria nos ha dado a diestro y siniestro. Se suele asumir, por ella, que otorgar derechos a los extranjeros inunda el mercado de mano de obra barata, perjudicando automáticamente a los trabajadores nativos menos cualificados. Paradójicamente, la dinámica real es exactamente la opuesta.

Cuando un empleado carece de papeles, el contratador ejerce un poder coercitivo absoluto para imponer salarios abusivos a la baja, sabiendo que el trabajador no puede quejarse ni dimitir por miedo a la deportación (monopsonio). Esta vulnerabilidad genera una competencia desleal que deprime los salarios de todo el sector. Al legalizar a los indocumentados, se disuelve esta asimetría, ya que el trabajador adquiere derechos, exige remuneraciones de mercado y obliga a las empresas a subir los sueldos base para retener a sus plantillas, beneficiando de paso a los trabajadores locales competidores.

¿Qué evidencia tenemos? Principalmente, el caso histórico de la regularización excepcional en Francia en el año 1981, que al legalizar a más de 130.000 trabajadores y romper el citado monopolio coercitivo empresarial, provocó un incremento sostenido del 3% en el salario medio de los trabajadores masculinos franceses de baja cualificación residentes en la región de París. A esto se suman los beneficiarios de la ley IRCA de 1986 en Estados Unidos, que elevó los salarios nominales de los inmigrantes regularizados entre el 6% y el 13% al ser liberados de la economía paralela. Finalmente, las evaluaciones sobre el proceso español de 2005 documentan que la política incrementó de manera generalizada los salarios promedios de los trabajadores nativos tanto de alta como de baja cualificación, al eliminar la distorsión de la competencia sumergida.

Mito 3: “Son una carga inasumible para el Estado de bienestar y los servicios públicos”

Se suele argumentar que los inmigrantes regularizados colapsarán el erario público y los servicios sociales. Lo cierto es que estas personas ya hacen uso de infraestructuras básicas, carreteras o servicios médicos de emergencia o colegios (solo necesitan empadronarse). La verdadera diferencia es que, desde la clandestinidad, su trabajo no tributa directamente. La regularización actúa como una inyección de liquidez al transformar la economía sumergida en cotizaciones a la seguridad social y pagos de impuestos sobre la renta, compensando en parte o en su totalidad la presión que ya ejercen desde antes.

¿Qué evidencia tenemos? El análisis paneuropeo de la red TransEuroWorkS sobre 15 países de la Unión Europea mostró que los migrantes extracomunitarios suponen un menor coste para el erario que los propios ciudadanos nativos. Asimismo, la regularización española de 2005 generó un impacto recaudatorio real que superó los 4.000 euros anuales en cotizaciones y 440 euros adicionales en impuestos directos por cada individuo legalizado. El programa DACA en Estados Unidos aportó miles de millones en tributos federales y estatales anualmente; la amnistía italiana de 2020 para los sectores agrícola y doméstico inyectó de golpe más de 360 millones de euros al Estado; las estimaciones en el Reino Unido prevén ingresos de miles de libras per cápita en tributos directos e indirectos; y la Operación Papyrus en el cantón de Ginebra, en Suiza, reportó casi de inmediato 5,7 millones de francos a las arcas de la seguridad social local.

Mito 4: “Fomentan la delincuencia y la inseguridad ciudadana”

Se sabe que la irregularidad impone una invisibilidad administrativa que empuja a poblaciones enteras a la vulnerabilidad extrema y a la subsistencia ilícita. Sin embargo, al conceder el estatus legal, se produce un descenso vertical en las tasas delictivas porque entra en juego el “modelo laboral de prevención del delito”: el coste de oportunidad aumenta drásticamente, haciendo que el empleo formal y amparado por la ley sea infinitamente más seguro y rentable que el riesgo de delinquir.

¿Qué evidencia tenemos? Por un lado, y de nuevo IRCA, donde la investigación mediante inferencia causal demostró una caída nacional correlacionada de entre el 2% y el 5% en la criminalidad general por cada 1% adicional de población que logró legalizarse, traduciéndose en cientos de miles de delitos evitados anualmente a nivel federal. Por otro lado, en Italia con el pseudo experimento “click day”, los economistas lograron demostrar que la mera obtención del permiso desplomó de forma fulminante e inmediata las tasas a las que los individuos reinciden o participan en cualquier tipo de actividad marginal o delictiva.

Mito 5: “Solo sirven para legalizar la precariedad, no aportan valor real a la economía”

Existe el estigma de que los regularizados permanecerán estancados para siempre en los trabajos más duros y peligrosos. Sin embargo, la irregularidad es la que genera un severo “desajuste de habilidades”, obligando a profesionales cualificados a ejercer labores manuales intensivas por supervivencia. La obtención de papeles detona una “hipermovilidad” sin precedentes, impulsando a los trabajadores a reubicarse en empresas más productivas y eficientes.

¿Qué evidencia tenemos? La ley Bossi-Fini en Italia implicó que los trabajadores legalizados resultaron ser un 35% más propensos a cambiar de empleador y un 18% más propensos a trasladarse a otra provincia en busca de mejores horizontes laborales que sus homólogos nativos. De nuevo en España y la regularización de 2005 se observó una reasignación de talento. Tras dos años, la tasa de retención de los regularizados en la agricultura se desplomó al 30,4%, reubicándose masivamente hacia la construcción y la industria. Finalmente, las evaluaciones cualitativas empresariales en el Reino Unido constataron un ascenso social vertical tras la regularización, evidenciando la rápida asunción de roles de responsabilidad corporativa y posiciones como gerentes o supervisores por parte de la población beneficiada.