Peligrosa desregulación europea | Economía

Europa está acumulando desafíos cada vez más intensos que están poniendo en peligro el proyecto de la Unión. La respuesta europea a las presiones por las consecuencias de las guerras (Ucrania, Irán, Gaza y Líbano), la hostilidad de Estados Unidos y la necesidad de descarbonizar la economía ha sido lamentablemente simplista y equivocada: desregulación de la protección social y medioambiental a pesar de la creciente polarización social. “Estas presiones ya están afectando la vida de millones de europeos que se enfrentan a salarios estancados a pesar del crecimiento del empleo, al aumento de la pobreza infantil en medio de la recuperación económica y al deterioro del acceso a viviendas asequibles y servicios esenciales”. Este es el inquietante diagnóstico del documentado libro Política Social en la Unión Europea, situación actual en 2025, elaborado por el Instituto Sindical Europeo (ETUI) y el Observatorio Social Europeo (OSE).

La gravedad de la situación queda patente en las primeras páginas del estudio, editado por Slavina Spasova, Dalila Ghailani, Danai Konstantinidou e IIda Durri. “El reto en 2026”, advierten, “ya no reside en si la Europa social puede sobrevivir a sucesivas crisis, sino en si puede seguir siendo un proyecto político estructurado en una Unión cada vez más organizada en torno a la competitividad, la seguridad y la autonomía estratégica”.

El trabajo, en el que han participado destacados expertos, sitúa el agravamiento de los desafíos con la entrada en pleno funcionamiento de la segunda Comisión Von der Leyen, en diciembre de 2024. La propia presidenta del ejecutivo comunitario ha formalizado su propósito: “Todos necesitamos simplificación; todos necesitamos desregulación”. Isabelle Schömann, vicesecretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), autora del capítulo que analiza los perniciosos efectos de la desregulación, subraya que el giro de 180 grados de la Comisión Europa en materia legislativa fue reiterado en la Cumbre Europea de la Industria el pasado febrero en Amberes, donde se hizo hincapié en la necesidad de “una limpieza profunda del acervo comunitario”.

Schömann alerta sobre los daños de la simplificación y desregulación que quedan patentes, por ejemplo, en la Ley Ómnibus de Sostenibilidad cuyos cambios, “han generado inseguridad jurídica, han debilitado el control democrático y han puesto en riesgo los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales”.

Hay un mensaje permanente en toda la obra. Los derechos sociales no son un impedimento para la competitividad: “La experiencia nórdica demuestra claramente que los altos niveles de gasto social no obstaculizan el crecimiento económico. Por el contrario los países con mayor gasto en bienestar social suelen lograr un mayor crecimiento per cápita y una mayor competitividad”. No es retórica. El texto ilustra numerosos ejemplos como los de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Francia. La cuestión de fondo es que el impulso hacia la desregulación no es un ejercicio neutral en busca de la eficiencia. Es un plan político que empeorará el relativo equilibrio legal europeo entre los intereses empresariales y el interés general.