Los expertos advierten que la sentencia del Supremo sobre los trabajadores públicos temporales disparará las demandas | Economía

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el abuso de la contratación temporal en el sector público, conocida este martes, lejos de zanjar la polémica que ya inunda los tribunales de todas las instancias con alrededor de 40.000 demandas va a disparar la litigiosidad laboral entre los empleados de las administraciones y organismos públicos. Así lo prevén expertos del mundo jurídico, académico o sindical, que coinciden en que el fallo del Supremo es denso y está bien armado, pero deja muchos flecos que deberán seguir cerrándose en los juzgados ante la falta una decisión del Gobierno para aportar soluciones por la vía legal.

“Aunque esta transformación a trabajadora fija en el caso que ha sentenciado el Supremo este martes no es nueva, porque ya se pronunció en esa misma línea en 2021, el nuevo pronunciamiento sí supone un cambio de paradigma, que se puede traducir en un aumento de las reclamaciones en los tribunales”, sintetiza el responsable del área de Empleo Público del despacho Vento Abogados&Asesores, Pablo Guntiñas.

El caso concreto sobre el que se acaba de pronunciar el alto tribunal, conocido en el sector legal como caso Obadal, otorga la fijeza a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que encadenó contratos temporales a lo largo de siete años (entre 2016 y 2023) y que superó proceso de selección pero no obtuvo la plaza, por haber más aprobados que puestos. Eso provocó que siguiera contratada de forma temporal. Según explica el laboralista de Vento, se suma la circunstancia de que esta empleada solo aprobó la primera parte de un concurso oposición, esto es, la fase de oposición, mientras que no superó la de los puntos por méritos, pero aún así el tribunal le otorga la transformación de su plaza en fija por superar la parte eliminatoria del proceso selectivo. “Si el personal laboral hace esta lectura se pueden multiplicar los casos de demandas de fijeza en los tribunales, con solo haber pasado una parte de las pruebas selectivas”, señala Guntiñas.

En este punto, un voto particular en el fallo a cargo del magistrado Rafael Antonio López Parada va más allá. Este abre la puerta a que las reclamaciones se basen también en la superación de otras pruebas selectivas como las exclusivas por concurso de méritos, aunque no refleja el sentir mayoritario de la Sala de lo Social del Supremo.

Además de abordar la transformación a fijos del personal laboral —en el caso de esta sentencia la trabajadora había sido reconocida también con la categoría de indefinida no fija— el pronunciamiento del alto tribunal opta por establecer una posible elevación de las indemnizaciones por abuso de la temporalidad que podrán reclamar estos empleados. En concreto, el tribunal prevé que se indemnice doblemente a los trabajadores en abuso de temporalidad: con una indemnización por extinción, similar a la de los trabajadores despedidos en el sector privado; y con una segunda indemnización por daños y perjuicios.

En este último caso, la sentencia sugiere usar un baremo similar al que recoge la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden social, con una indemnización mínima de hasta 10.000 euros. Atendiendo a esta novedad, los expertos también esperan que aumenten las demandas de indemnizaciones. Es más, según Guntiñas, “la sentencia va a obligar a los abogados a trabajar mucho más las demandas para acreditar los posibles daños sufridos por el abuso de la temporalidad y conseguir indemnizaciones más elevadas”. El abogado recuerda que el pronunciamiento permite a trabajadores que ya hayan conseguido una plaza fija pedir estas indemnizaciones si sufrieron abuso de temporalidad. Y que todas las demandas ya interpuestas podrán ampliarse, para recoger las novedades y argumentos del Supremo.

Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, coincide que la sentencia de este martes es “solo el principio”. Quedan numerosos flecos, explica, que van a seguir resolviéndose en los tribunales. Pero este académico considera que la solución real no es jurídica: “La temporalidad no va a bajar por lo que diga un juez, la aclaración definitiva solo puede venir de la mano de un Gobierno que tome la decisión de cambiar la ley para, entre otras cosas, establecer una responsabilidad individual y patrimonial de los funcionarios que permitan estos abusos, como en Italia; garantizar la agilidad de los procesos selectivos, para que no duren tres años; o que las ofertas reserven plazas para necesidades coyunturales”.