He puesto una alarma en mi segunda vivienda: ¿Es suficiente garantía frente a una posible ocupación ilegal? | Consultorio de Vivienda

Pregunta. Tengo una segunda vivienda y además de haber puesto una alarma, me gustaría saber si esto es suficiente para tener garantías ante una ocupación ilegal. Algunos amigos me comentan que tendríamos que tenerla como vivienda habitual. A.Ruiz

Respuesta. La usurpación de bienes inmuebles se produce cuando una persona entra o permanece en una propiedad ajena sin consentimiento de su titular y el inmueble no constituye la residencia habitual del titular, es decir, no es su morada. Esto incluye pisos vacíos, locales comerciales, fincas, terrenos o segundas residencias, aunque para la jurisprudencia las segundas residencias sí tengan consideración de morada.

La usurpación, es decir, la ocupación ilegal de un inmueble que no es morada se castiga como delito leve, con pena de multa de tres a seis meses. La cuota diaria suele fijarse en torno a los 10 euros, aunque legalmente puede oscilar entre 2 y 400 euros diarios. Este delito protege fundamentalmente el derecho de propiedad.

Por el contrario, cuando el inmueble ocupado sí constituye morada, con independencia de que sea o no la residencia habitual del titular, estamos ante un delito de allanamiento de morada. En este caso, el bien jurídico protegido es el derecho a la intimidad personal y familiar, y las penas son más graves: prisión de seis meses a dos años, pudiendo alcanzar hasta cuatro años si concurre violencia o intimidación.

Si es propietario de un inmueble ocupado sin autorización, el primer paso es interponer una denuncia por delito de usurpación ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia. Es recomendable aportar toda la documentación que acredite la titularidad o posesión legítima del inmueble como, por ejemplo, escrituras, contratos o recibos, así como todas las pruebas disponibles, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad, datos de posibles testigos o comunicaciones reclamando el abandono y la devolución inmediata de la vivienda.

En los casos de delito flagrante, las fuerzas de seguridad pueden intervenir de forma inmediata y proceder al desalojo de los ocupantes. Si la ocupación persiste, se iniciará un procedimiento judicial penal o civil de desahucio por precario, en el que el juez puede ordenar el desalojo inmediato y la restitución de la posesión. Una vez dictada la resolución, se llevará a cabo el desalojo forzoso y la devolución del inmueble a su propietario legítimo.

Para prevenir situaciones de usurpación, es recomendable revisar periódicamente las propiedades deshabitadas o segundas residencias, así como instalar sistemas de seguridad o videovigilancia en los inmuebles vacíos. También conviene evitar acuerdos verbales o informales con terceros sobre el uso de la vivienda y contar con asesoramiento jurídico especializado que permita actuar con rapidez ante cualquier intento de ocupación. Asimismo, es fundamental conservar toda la documentación que acredite la titularidad o la posesión legítima del inmueble.

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