Hacienda impulsa medidas económicas sin respaldo parlamentario con la vista puesta en el ciclo electoral | Economía

La legislatura entra en su recta final y se agota el margen para seguir aplazando las grandes iniciativas económicas pendientes. Con la vista puesta en el superciclo electoral del próximo año, el Gobierno se ha comprometido a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras tres ejercicios de cuentas prorrogadas y sin siquiera ofrecer proyecto, aunque no tenga garantías de que salgan adelante con un bloque de investidura que sigue fracturado. Pero este no es el único examen en el horizonte. Los departamentos económicos —en particular el Ministerio de Hacienda— afrontan en los próximos meses una serie de votaciones y negociaciones de alto voltaje político, desde la condonación de la deuda autonómica a la reforma del sistema de financiación.

El primer gran termómetro que medirá el grado de fortaleza del Gobierno se verá en el Congreso durante las próximas semanas. Y no apunta a un escenario muy halagüeño. Allí, el Ejecutivo necesita sacar adelante la senda de estabilidad, el documento que fija los objetivos de déficit de las Administraciones públicas para los próximos años y que constituye un trámite obligatorio antes de elaborar cualquier proyecto de Presupuestos.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado esta semana una hoja de ruta que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las Administraciones en 2027, con un margen del 0,1% para las autonomías, pero el recorrido parlamentario se presenta muy cuesta arriba. El PP, a través de las comunidades que gobierna, ya rechazó esos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del lunes, mientras que Junts avanzó que volverá a votar en contra en el Congreso, como ya hizo el pasado año, cuando Hacienda llevó la misma referencia de 0,1% para las autonomías.

Por eso, salvo sorpresa mayúscula, la Cámara tumbará la senda en una votación prevista para el próximo martes. En esos casos, tras la más que previsible derrota, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Gobierno a presentar una nueva propuesta en el plazo máximo de un mes. Y desde Hacienda han dejado caer que volverán a llevar la misma senda para someterla a examen el 23 de julio, el último Pleno antes de vacaciones. El problema es que la norma no prevé qué ocurre si ese segundo intento también fracasa, un vacío legal que el Gobierno ya exploró hace dos años, cuando estudió distintas vías para evitar que el rechazo parlamentario bloqueara indefinidamente la liturgia presupuestaria.

En aquel momento, el Ejecutivo amagó con utilizar un informe de la Abogacía del Estado que defendía que las cuentas podían seguir tramitándose, tomando como referencia los objetivos comprometidos con Bruselas. Esa opción quedó en barbecho cuando el Gobierno paralizó el proceso, y ha perdido fuerza como comodín desde que desapareció el antiguo Programa de Estabilidad con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas.

El argumento que esgrimió después el Gobierno es distinto. Hacienda sostiene que, si el Congreso vuelve a rechazar la senda, entrarían en vigor los principios recogidos en la Constitución, que obligan a las comunidades al equilibrio presupuestario. En la práctica, eso supondría que las autonomías perderían el margen de una décima de déficit que ofrece Hacienda. Al mismo tiempo, el Gobierno defiende que la obligación constitucional de presentar Presupuestos prevalece sobre un bloqueo parlamentario de la senda. Sería, no obstante, un terreno jurídicamente inexplorado y previsiblemente sujeto a controversia política y legal. Y que, desde luego, no sentaría una base sólida sobre la que construir la negociación presupuestaria posterior con los socios.

Desde el punto de vista político, el Gobierno tiene incentivos para presentar el proyecto de Presupuestos, aunque no salgan adelante. La diferencia de este ejercicio con los anteriores —el Ejecutivo lleva desde 2023 con las cuentas prorrogadas— es que las elecciones, primero municipales y autonómicas, luego las generales si la legislatura se agota, están a la vuelta de la esquina. El Ejecutivo tendría así la posibilidad de presentar su hoja de ruta y prioridades económicas y sociales ante los ciudadanos. Ya se ha movido en esta dirección esta misma semana, aprobando un techo de gasto récord para 2027.

Pero el terreno presupuestario no es el único resbaladizo en el campo económico que supone un desgaste para el Gobierno. Un ejemplo cercano y paradigmático fue la reforma fiscal: tras tensos tira y afloja con los socios, lo que vio la luz fue un paquete muy descafeinado con respecto al objetivo inicial. Y una de las grandes medidas exigidas por Bruselas, la subida de los impuestos al diésel, se quedó en el tintero y dio lugar a una minoración en el quinto pago de los fondos del Plan de Recuperación. Fuentes gubernamentales aseguran que la medida se sigue negociando en el marco del séptimo y último pago del mecanismo, que se pedirá en septiembre, aunque el margen político para sacarla adelante continúa siendo escaso.

Finanzas autonómicas

La condonación de la deuda autonómica es otro de los grandes campos de batalla que siguen abiertos. Este jueves finalizaba el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre y que plantea una quita de 83.000 millones de euros a las comunidades de régimen común. Tanto el PP como Vox han impugnado la iniciativa en su conjunto; el primer partido argumentando que la norma es “injusta, insolidaria e ineficaz”, y el segundo alegando que se trata del resultado de un pacto político entre PSOE y ERC que no responde a las necesidades de los territorios.

Estos planteamientos replican las razones que esgrimieron los consejeros autonómicos del PP, en febrero del año pasado, para plantar en bloque a la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el CPFF convocado para debatir la quita autonómica. Los representantes de las comunidades populares, que son mayoría —el PP gobierna en 11 de 17 autonomías—, defendieron que la propuesta nacía viciada, teniendo su origen en un acuerdo entre Gobierno y los independentistas de ERC, que se aseguraron el perdón de 15.000 millones de euros de pasivo para Cataluña a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. A la oposición de PP y Vox se suma la reticencia de Junts, que condiciona su apoyo a otras negociaciones.

Más tenso es el escenario en el caso de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico, fruto de una evolución del acuerdo con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular a cambio de la investidura de Salvador Illa como president y uno de los temas más sensibles de la legislatura. La iniciativa está en una fase aún embrionaria, pero con un potencial altamente explosivo que ya ha originado broncas y acusaciones cruzadas tanto entre partidos como a nivel territorial.

El Ministerio de Hacienda presentó a las comunidades un primer planteamiento de reforma el pasado enero, cosechando el apoyo de la delegación catalana y el rechazo del resto de territorios, incluidos los que gobiernan los socialistas. El departamento ahora dirigido por Arcadi España ha convocado a las comunidades a un debate técnico para la próxima semana, emplazando a los consejeros de la rama a una reunión del CPFF para finales de mes, donde se espera otro duro enfrentamiento.