El doble riesgo del comercio ‘online’ masivo que llega a España | Opinión

Desde el pasado 1 de julio, los paquetes de menos de 150 euros que entran en el mercado único europeo pagan una tarifa mínima de tres euros. Con esta decisión, que será temporal hasta que se concrete el nuevo sistema aduanero común a partir de 2028, Bruselas perseguía un doble objetivo. Por un lado, la supresión de lo que se llamaba régimen de minimis suponía una respuesta a las medidas aplicadas recientemente en Estados Unidos y Reino Unido.

Sin embargo, desde la UE se vendió la tarifa más como una reacción a las grandes plataformas chinas del comercio electrónico, es decir, desde Temu a Shein, pasando por Aliexpress. Prueba de esta intención concreta es que esos tres euros solo se cobran a los productos comprados a través de internet directamente por el consumidor.

Hay que defender el comercio minorista europeo, pero también a las propias aduanas. Los datos oficiales del Ejecutivo comunitario son elocuentes: el año pasado llegaron mercancías por valor de 5.900 millones en envíos de menos de 150 euros (unos 16 millones cada día) y supusieron el 97% del total del intercambio, mientras que solo apenas suman el 2% del valor de las importaciones.

Este volumen provoca que sea materialmente imposible controlar lo que entra por las aduanas europeas. Con un preocupante riesgo añadido para la seguridad del consumidor, toda vez que, por ejemplo, el 65% de los productos cosméticos que llegan por este canal no cumplen con las normas de la UE. Las cifras son muy parejas en el caso de suplementos alimentarios, juguetes y productos electrónicos pequeños.

Tampoco ayuda la lentitud en tomar medidas, y en esta dirección apunta la organización Anged (a la que pertenecen El Corte Inglés, Carrefour o Ikea), cuando exige a las autoridades que aprovechen estos dos años de redacción del nuevo marco para cubrir todos los posibles flancos de peligro, tanto comerciales como sanitarios.

En España, la preocupación es doble. Bruselas ya designó en su momento a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia como la responsable de velar por la correcta aplicación y vigilancia de esta avalancha. Hace ya más de un año de aquello y desde entonces la CNMC pide medios para hacerlo sin que se le haya oído convenientemente. La norma que debe hacerlo es una de las muchas que permanecen en el limbo parlamentario por la ausencia de mayorías suficientes. Si los dos años fijados por Europa para analizar, decidir y actuar ya se antojan lejanos, la parálisis española duplica el riesgo que se asume. No hay excusas con la seguridad del consumidor.