Llega el ‘día de la liberación fiscal’: ¿indicador económico fiable o eslogan antiimpuestos? | Economía

La imagen es potente y directa. La esperada fecha en la que los ciudadanos dejan de trabajar para Hacienda y por fin empiezan a hacerlo para sí mismos. Esa es la premisa sobre la que se construye el denominado como día de la liberación fiscal, un indicador que cada verano vuelve al debate público para poner fecha al supuesto momento en que los contribuyentes habrían saldado su factura tributaria anual y que este año cae el 20 de agosto. Pero más allá de la metáfora, la cuestión es si esa frontera existe realmente o si simplifica al máximo la relación entre los impuestos y los servicios públicos.

En España, la Fundación Civismo marca la fecha en el calendario. Y en 2026 cae este jueves. Un día que, según explica el centro de estudios que defiende los postulados del liberalismo económico, se ha ido retrasando en los últimos años por el aumento de la recaudación y la presión fiscal. El director de la fundación, Albert Guivernau, defiende que el indicador permite traducir a un lenguaje comprensible una magnitud abstracta como la carga fiscal. Su cálculo pretende estimar qué parte de la riqueza generada por los hogares acaba destinada al pago de impuestos y cotizaciones. No busca, admite, reconstruir la factura fiscal exacta, sino ofrecer una herramienta fácil de entender y que permita comparaciones temporales.

Pero el problema para otros expertos es que la aparente sencillez del esquema puede ocultar una construcción metodológica discutible e inducir a conclusiones cuestionables. La fecha, explica Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza e investigador en Fedea, es “una ocurrencia, un nombre pegadizo para hacer popular una actitud de desconfianza frente al sistema fiscal”. A su juicio, debatir si la fecha correcta es una u otra supone aceptar la premisa de que existe un día en el que se deja de trabajar para Hacienda, cuando esa separación entre contribuyente y Estado “simplemente no existe”.

La metáfora de la liberación es el principal motivo de controversia en la academia. Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, cree que el concepto transmite una idea “muy negativa” de los impuestos, “como opuesta a la libertad”. La expresión, añade, presenta al ciudadano como si estuviera sometido a Hacienda, sin tener en cuenta qué ocurre con el dinero recaudado.

Por eso, los expertos críticos con la idea ponen el foco en la otra parte de la ecuación. No solo en lo que se paga, sino también en los bienes, servicios y transferencias que se financian con esos recursos. En opinión de Ruiz-Huerta, la relación entre ciudadanos y sector público queda incompleta si no se mira esa parte de la balanza.

En ello insiste Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador también en Fedea. Cree que la metáfora “no es neutral” y presupone que pagar impuestos constituye una forma de sometimiento hacia un sujeto indeterminado. “Hacienda no es un ente abstracto que se apropia del dinero para destinarlo a fines ajenos”, argumenta Onrubia. Los impuestos sostienen servicios y una persona puede contribuir a financiar la atención sanitaria de otra, la educación de los menores o las pensiones de los mayores y, a lo largo de su vida, cambiar de posición. Es común contribuir durante la etapa laboral y ser beneficiario neto de esos servicios en momentos posteriores, resume.

Una visión similar tienen en Hacienda. Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales, centro de estudios dependiente del ministerio, carga contra las conclusiones que traslada el día de la liberación por “distorsionar” el debate. Los economistas, explica, utilizan indicadores como la presión fiscal y, a partir de ellos, debaten sobre la utilidad social de los impuestos, si son elevados, su composición, o si están bien gestionados. “Es necesario que exista ese debate, pero sin embarrar y sin confundir”, sostiene Cuenca, quien recuerda que ni las infraestructuras ni los servicios públicos costeados con los impuestos dejan de prestarse a partir de un día concreto del año.

Diferencias con la presión fiscal

Según el último informe de la Fundación Civismo, un contribuyente medio ha tenido que trabajar 231 días en 2026 para pagar impuestos, tasas y cotizaciones. Son dos días más que el año pasado, 19 más que en 2024 y 53 más que en 2019. Pero si se analizan otros indicadores oficiales como la presión fiscal, el aumento de la carga parece menor. En 2019, según Eurostat, la relación entre la recaudación tributaria y las cotizaciones y la economía fue del 35,2%. En 2025 rondó el 38% y siguió muy por debajo de las grandes economías europeas.

Guivernau defiende que su organización no pretende describir literalmente el calendario ni negar la utilidad de los servicios públicos. El indicador, añade, mide el coste de financiarlos, no el valor que puedan tener. “Una democracia madura debería conocer con precisión cuánto cuestan sus políticas públicas antes de debatir si merecen ese coste”. “Resulta llamativo que exista una enorme sensibilidad para medir el déficit, la deuda o el gasto público y, sin embargo, incomode medir el esfuerzo necesario para financiarlos”.

Para López Laborda, en cambio, el problema es precisamente convertir una relación continua entre ciudadanos y sector público en una frontera teórica. “No tiene sentido lamentar una carga impositiva elevada si se están demandando unos servicios que implican un gasto también elevado”, sostiene. El académico asegura que la propaganda antiimpuestos no es novedosa. La fórmula habitual es buscar un nombre pegadizo, como impuesto sobre la muerte para el de sucesiones o el impuesto sobre el ahorro para el de patrimonio, y, a partir de ahí, abonar el terreno del rechazo.

Fondo y forma

Además del fondo, los expertos en Hacienda Pública cuestionan también la forma en que se construye el indicador. En palabras de López Laborda, la metodología es “bastante confusa”. Jorge Onrubia pone el foco en una cuestión previa: ¿a quién representa exactamente el contribuyente medio del que se habla? El cálculo, explica, combina datos agregados del conjunto de los hogares con la simulación de un trabajador hipotético al que se atribuyen distintos impuestos y cotizaciones. El resultado no representa, por tanto, ni la carga fiscal de un ciudadano concreto ni la del conjunto de los hogares españoles. “No estamos ante una simple división de toda la recaudación tributaria entre la renta total de la población”, advierte.

Ruiz-Huerta introduce otra cautela: “El resultado varía enormemente según la muestra utilizada, el tipo de hogar y la comunidad autónoma de residencia”. La observación pone el foco en una de las preguntas centrales del indicador: qué significa exactamente hablar de un “contribuyente medio” cuando la carga tributaria varía según el nivel de renta, las características del hogar o el lugar de residencia.

La dificultad se agrava porque no todos los impuestos funcionan de la misma manera ni recaen económicamente sobre quien los ingresa formalmente. Las cotizaciones empresariales pueden acabar afectando a los salarios y al empleo; el IVA se incorpora habitualmente al precio que paga el consumidor; y el coste económico del impuesto sobre sociedades puede repartirse entre accionistas, trabajadores y consumidores. Por eso, sostiene Onrubia, no basta con sumar distintas figuras tributarias y atribuir su recaudación a un ciudadano medio, sino que habría que determinar quién soporta realmente cada impuesto y en qué proporción.

También la elección de la magnitud de referencia puede alterar el resultado. No es lo mismo calcular la carga tributaria sobre el salario bruto, el coste laboral total, la renta disponible de los hogares o el PIB. Cada una de esas opciones responde a una pregunta económica diferente. Convertir después el resultado en un número concreto de días puede ofrecer una cifra aparentemente precisa, pero no necesariamente una medida clara de la carga que soporta una persona real.

La Fundación Civismo admite que se trata de una simplificación, pero considera que esa es precisamente la función de cualquier indicador divulgativo. Su defensa es que la metodología debe ser coherente, estable y reproducible para permitir comparaciones en el tiempo, no reconstruir la factura fiscal exacta de cada contribuyente.