¡Poder popular y huelga general de clase! | Opinión

Como la soberanía nacional, residenciada en el Congreso de los Diputados, ha sido secuestrada por una oligarquía rentista nacional e internacional, el Gobierno justifica una huelga general de clase y la reconfiguración de un “poder popular”, que enfrenta al Parlamento con “la calle”, para retorcer la voluntad democrática recurriendo a una Diputación Permanente del Congreso donde dicho secuestro no ha llegado por un solo voto.

Así, con este relato delirante, aquel marxismo caduco del que se separó el PSOE en 1979, pasado por el populismo podemita de Laclau, regresa al argumentario del Gobierno sin que se sientan concernidos por la convocatoria de movilizaciones de protesta contra una situación que, en ocho años, este mismo Gobierno no ha sido capaz de solucionar (aprueban una ayuda a la compra que han estado rechazando dos legislaturas) y por una huelga general acordada, en realidad, contra la oposición, por unos sindicatos que acaban de darse cuenta de que los salarios en España llevan años perdiendo poder adquisitivo y no permiten llegar a fin de mes, menos aún acceder a una vivienda.

El esperpento se complementa con una derecha política que cuestiona, de forma preventiva, la limpieza de unas elecciones que, se supone, va a ganar, buscando un plebiscito sobre el presidente del Gobierno que ha hecho más ricos a los ricos y como si esa misma derecha, cuya propuesta para España es un secreto, no estuviera ya gobernando sobre muchos ciudadanos mediante la mayoría de las comunidades autónomas.

La vivienda en alquiler representa hoy en España en torno al 15% de los hogares habituales y el 10% del parque total de viviendas. Y la vivienda social en alquiler se sitúa en España en un 2% cuando en Europa alcanza, de media, un 8%. Más datos (ya, ya sé que el debate no va de evidencias, pero no estoy dispuesto a convertir la política en un juego de piruetas en el aire, contra la democracia): el parque total de viviendas en España, por habitante, es algo superior a la media europea, lo cual no es de extrañar debido a la gran afluencia de turistas. En España hay una mayor proporción de vivienda en propiedad (74%) que en la media europea (69%) porque el número de segundas residencias es mayor. Por su parte, la proporción de viviendas vacías, suponiendo una definición homogénea, es algo mayor en España (14% del parque, frente al 10%), mientras que la proporción de vivienda social es tres veces mayor en Europa que en España.

Las principales diferencias entre nosotros y los europeos, en vivienda, se sitúan en cuatro puntos: desconexión geográfica entre oferta y demanda (hay más vivienda vacía en pueblos y zonas rurales); peso de la segunda residencia y del turismo; antigüedad y mala conservación de las viviendas vacías en España y, sobre todo, deficiencia de vivienda social pública. Como se ve, ni los fondos buitres ni las oligarquías rentistas aparecen como problema nacional, más allá de la presión que puedan hacer en zonas selectas de dos o tres grandes capitales.

Hay diferencias estructurales: el vacío y abandono de las zonas rurales, el peso del turismo, de las segundas residencias y, sobre todo, de la ausencia de oferta pública: mientras nuestra media de construcción de viviendas protegidas era de 80.000 al año antes de 2008, en los últimos ocho años ha bajado hasta las 10.000. Pero hay también otro dato estructural clave para entender el problema: en los últimos años se ha construido mucha menos vivienda (750.000), en relación con el número de hogares creados (dos millones), que en toda la historia anterior de nuestra democracia, lo que ha generado un gran déficit.

La conclusión es apabullante: falta vivienda nueva, en venta y alquiler, pero, sobre todo, falta mucha más vivienda social. Acercar nuestro parque público de alquiler asequible a la media europea significaría construir o convertir 850.000 viviendas adicionales (OCDE). Ahí está el verdadero problema diferencial de España. Nada de esto es nuevo; el problema va mucho más allá de controlar el alquiler privado. Y, sobre todo, este Gobierno, que encuentra en el franquismo inspiración para su política de vivienda, es el que menos ha hecho, debido al choque entre sus, hasta ahora, dos almas: unos prometiendo construir viviendas y otros, por el contrario, intervenir el mercado, aunque reduzca la oferta efectiva.

Huelga general

Ahora, veamos la otra parte del problema: “Los salarios no alcanzan para pagar la vivienda y hacer frente a la inflación”, según parecen haber descubierto los sindicatos de clase en su comunicado de apoyo a una huelga general. Desde, al menos, 2022, hay constancia de que tanto el alquiler como el pago de una hipoteca superaban el umbral recomendado del 30% del salario, llegando a superar el 50% en grandes zonas urbanas. Desde 2018 la vivienda se ha encarecido un 45%, mientras que los salarios han crecido en torno a un 25% y la inflación acumulada, un 23%. Y pagamos más impuestos por la no deflactación de la tarifa del IRPF. ¿Por qué la sorpresa ahora, hasta el punto de interferir en la campaña electoral apoyando una huelga general convocada por un, hasta ahora, desconocido sindicato de inquilinos?

En las comunidades donde ya gobiernan PP y Vox, tampoco parece que la falta de vivienda, social y libre, haya mejorado de manera apreciable: ni los plazos de construcción se han reducido, ni se han mejorado las condiciones de planificación y urbanización, ni hay más vivienda pública para inquilinos vulnerables. Ese dato resta credibilidad a las promesas actuales del líder de una oposición que se ha centrado, en este problema, como en el de Ceuta, más en agrandar los problemas que en ayudar a resolverlos, aun donde tiene competencia para hacerlo.

Un país que ha sufrido tanto por estabilizar un sistema constitucional y democrático no se merece estar atascado de esta manera ante lo que es el primer problema de los ciudadanos. Sobre todo, cuando tiene solución y es conocida: pacto de Estado, construir más vivienda social y revisar la normativa de alquiler.