El Gobierno desvela que la CNMV investiga la venta de las acciones de los Escribano en Indra | Empresas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está investigando la venta del paquete accionarial de la familia Escribano en Indra, transacción ejecutada el pasado mes de mayo y por la que salía del capital de la compañía, según revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida al Congreso de los Diputados. Dicha contestación se dirige a una pregunta sobre el posible uso de información privilegiada en la venta de acciones de la compañía cotizada. Ángel Escribano acababa de abandonar en abril la presidencia de la firma de defensa tras un fuerte enfrentamiento con el Ejecutivo.

Concretamente, el Gobierno informa de que “la CNMV, en el ejercicio de sus competencias de supervisión sobre los sujetos supervisados, entre los que se incluyen las personas físicas o jurídicas en cuanto se puedan ver afectados por la normativa del mercado de valores, está realizado las actuaciones correspondientes para recabar información acerca de las circunstancias concretas de la operación de venta de la participación de Advanced Engineering and Manufacturing, S.L. en Indra y el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte”.

Debido a lo anterior, el Gobierno asegura que “esta información será analizada y, en su caso, la CNMV adoptará las medidas que correspondan en función del resultado de dicho análisis”. Además, el Ejecutivo cree conveniente recordar en su respuesta que desde el pasado 20 de febrero, la CNMV viene monitorizando la situación de Indra.

Este medio se puso en contacto con la CNMV para conocer el estado de dicha investigación, pero el organismo presidido por Carlos San Basilio ha declinado hacer comentarios. Otras fuentes señalan que en las grandes operaciones de compra y venta que afectan a compañías cotizadas, el regulador del mercado siempre entra de oficio para comprobar que todo se ha hecho correctamente.

La respuesta del Gobierno en la Cámara Baja, a preguntas del grupo parlamentario de Vox, llega después de diversas contestaciones con respecto a la situación de Indra donde el Ejecutivo ha preferido no dar detalles.

En este caso, responde sobre las actuaciones de la CNMV porque a los parlamentarios solo se les permite dirigirse a los distintos ministerios. Para conocer las actuaciones del regulador, es el Ministerio de Economía, de quien depende orgánicamente, quien ofrece la respuesta en base a los datos que la propia CNMV le proporciona al departamento que ahora lidera Carlos Cuerpo.

No obstante, la mayoría de preguntas lanzadas por los parlamentarios de Vox en esta ocasión, respecto de la potencial participación en los últimos movimientos en Indra de Moncloa o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quedan sin responder.

Compleja operación financiera

El comunicado enviado ese 5 de mayo a la CNMV para anunciar la venta no detalla en qué manera se hizo la desinversión: “Javier Escribano Ruiz ha comunicado por carta su decisión de dimitir firme e irrevocablemente, con efectos desde el día de hoy, como consejero dominical en representación del accionista Advanced Engineering and Manufacturing, S.L. (EM&E), tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La cuestión es mucho más compleja desde el punto financiero, ya que toda la adquisición se hizo a través de productos derivados contratados con JP Morgan. Tal y como ya avanzó CincoDías, no es del todo claro cómo se ejecutó la salida del capital de Indra de los Escribano. Desde el pasado 5 de mayo en que se anunció su marcha, ni ha aflorado ningún accionista significativo ni el mercado ha notado un aluvión de acciones. Ese 14,3% de Indra ha vuelto, según avanzó este medio citando fuentes financieras, a quienes fueran sus dueños hace tres años. EM&E y JP Morgan declinaron entonces hacer comentarios sobre esta información.

La inversión para lograr ese porcentaje se situó en unos 370 millones de euros a precios de mercado, pero la mayor parte de la adquisición se financió a través de un préstamo del banco estadounidense JP Morgan a los Escribano. Este crédito, a su vez, estaba respaldado por un derivado que implicaba la participación de terceros accionistas, que prestaron sus títulos para crear una estructura a tres bandas. El diseñador de la operación y el que cobró por organizarlo todo fue el propio JP Morgan, que en su día se encargó de conseguir las acciones en el mercado y, también, de devolverlas al concluir la aventura en el Ibex de los Escribano. El banco, de hecho, apareció como tenedor entre el 15% y el 17% de Indra en la CNMV hasta que EM&E deshizo su posición. Por ahora, ni Indra ni los Escribano han aclarado públicamente estos movimientos.

La compra de acciones de Indra a través de un derivado financiero es una operación habitual. Se trata de cubrirse ante potenciales fluctuaciones de la acción. Concretamente, estos productos tienen el fin de que el banco asuma el riesgo de parte de las potenciales caídas bursátiles. Sin embargo, como contrapartida, también limitan los potenciales beneficios, que quedan en manos del banco, como ha ocurrido en este caso.

Ángel y Javier Escribano entraron en la compañía controlada por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en mayo de 2023, con la compra de un paquete accionarial del 3,4% del capital, lo que supuso un desembolso de 70 millones, cuando la acción de Indra cotizaba alrededor de 12 euros

En noviembre de ese mismo año, los dueños de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) elevaron su participación hasta el 8% del capital de la firma de defensa y tecnología por valor de 195,5 millones de euros, cuando los títulos cotizaban a 13,6 euros, según las cuentas de EM&E.

Los Escribano decidieron seguir con las compras en Indra. Al año siguiente, adquirieron un 6,3% adicional cuando la acción se movía alrededor de los 17 euros. Esto les convirtió en el máximo accionista privado de la empresa del Ibex 35, con el 14,3% del capital social. El pasado 5 mayo de 2025, los Escribano completaron la venta de su paquete accionarial en Indra tras un fuerte choque con la SEPI y Moncloa cuando la acción de Indra cotizaba a un precio de 56,34 euros por acción.

Enfrentamiento con Moncloa

Más allá de los detalles de esa venta, los Escribano han pasado de ser una pieza clave de Indra a, en pocos meses, romper toda relación con la empresa después de la guerra con Moncloa.

Indra nombró a Ángel Escribano presidente de la empresa en enero de 2025. Pocos meses después, se supo que Indra negociaba la fusión con la propia empresa de los Escribano, lo que a ojos de buena parte del mercado suponía un fuerte conflicto de interés.

La adquisición se justificaba en la creación de un gigante de la defensa en España que pudiera competir por las grandes adjudicaciones que espera el sector a nivel internacional por el incremento de gasto militar comprometido en el seno de la OTAN para hacer frente a la inestabilidad geopolítica desatada en los últimos años.

La negociación fue avanzando durante 2025 en paralelo a las grandes adjudicaciones que recibió Indra del Ministerio de Defensa para la modernización del Ejército de Tierra en los próximos años.

Pero a principios de 2025, Moncloa cambió su postura y la SEPI empezó a dudar de la operación con los Escribano debido precisamente a ese conflicto de interés. La cuestión llegó a tal punto que la propia SEPI pidió formalmente al empresario madrileño abandonar la presidencia de Indra para concretar la operación. Sin embargo, este optó por dejar caer la venta de su compañía, que se llegó a valorar en más de 2.000 millones, para mantenerse al frente de Indra.

Pese al intento de resistencia, finalmente Escribano decidió dejar su puesto y posteriormente deshacer su destacada participación en la cotizada. Por el camino, la CNMV no ha estado ajena al proceso. De hecho, más de medio año después de que se formara una comisión ad hoc para estudiar la fusión entre Indra y EM&E, el regulador del mercado obligó a Indra a revelar el protocolo para ejecutar la operación.

La CNMV es el encargado de velar por el buen gobierno corporativo y que el mercado de valores funcione con la transparencia debida, de cara a garantizar el buen funcionamiento del mismo y los inversores puedan tomar sus decisiones con la mejor información disponible. Si considera que alguno de los agentes que participan en el mismo ha ocultado una información relevante, tiene la potestad de hacer cuantos requerimientos de información considere y si constatara la existencia de alguna irregularidad, entre sus competencias también está la capacidad sancionadora.