La SEPI enmienda al consejo de Indra (y a sí misma) | Opinión

El Gobierno llevaba cerca de dos meses haciendo saber que ya no apoyaba la fusión prevista entre Indra, que preside Ángel Escribano, con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía de su presidente y su hermano Javier. Pero no fue hasta la noche del miércoles cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se pronunció mediante un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La nota enseña la puerta de salida al presidente de Indra al señalar su “preocupación por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha“. Y exige “despejar” ese conflicto “antes de acometer el análisis de la operación”.

La declaración de la SEPI es muy sorprendente. Porque la sociedad estatal fue la que impulsó a Ángel Escribano, un empresario bien conocido en la industria militar, a la presidencia de Indra en enero de 2025, y también impulsó la fusión con EM&E porque era la vía más lógica para formar el “campeón nacional” de la defensa. Los consejeros de la SEPI votaron a favor de la operación, como todos los demás, en los consejos de julio y diciembre del año pasado. Ahora el organismo estatal da un giro en su posición pero no explica los motivos, ni tampoco la CNMV se lo ha reclamado. Todo apunta a que la SEPI se pronuncia en un comunicado porque no había una mayoría del órgano de gobierno favorable a cancelar la fusión o destituir a Escribano. Si el consejo no sigue la instrucción de la SEPI, esta amenaza con tratar de tumbar lo que se decida en una junta de accionistas. Dado que es incierto qué decidirían el consejo o la junta, el objetivo del comunicado parece ser forzar una salida voluntaria de Ángel Escribano.

El giro del Gobierno es una desautorización en toda regla al consejo de administración, que lleva nueve meses trabajando en la integración de EM&E. Para evitar el conflicto de interés, los Escribano se habían apartado de las deliberaciones y se había constituido una comisión ad oc de independientes, que también queda desautorizada por el Gobierno.

La SEPI, al final, también se enmienda a sí misma, pues en todos los debates internos apoyó la constitución de un grupo de defensa robusto, capaz de cumplir con las adjudicaciones hechas por el propio Ejecutivo en el contexto del rearme europeo. De esta forma, se pone en riesgo una de las operación más relevantes para la industria militar, para la seguridad nacional y para la autonomía estratégica europea.