Un informe propone un aval público a los inquilinos para cubrir hasta 140.000 contratos de alquiler al año
Acceder a una vivienda de alquiler resulta cada vez más difícil para quienes tienen menos recursos. Además de enfrentarse a precios elevados, muchos potenciales inquilinos deben superar filtros cada vez más estrictos para demostrar que podrán pagar la renta. Como consecuencia, los propietarios tienden a seleccionar a los candidatos con una situación económica más sólida y dejan fuera a parte de los aspirantes más vulnerables. Para combatir este problema, el economista Ángel Martínez plantea la creación de un seguro público de alquiler que actúe como garantía frente al impago y reduzca las barreras de acceso al mercado, y que pueda estar en manos de los inquilinos antes del proceso de negociación. Un matiz temporal que lo diferencia de la línea de avales que viene ofreciendo el Ministerio de Vivienda desde el año pasado, que se aplica después de la firma.
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