Sin refugio frente a la precarización del alquiler: “Está afectando a gente de todas las edades”
Adela Hervás, de 63 años, lleva desde 1985 pagando religiosamente un alquiler por su piso de Cornellà de Llobregat (Barcelona). El alquiler, de 228 euros al mes, le ha permitido poder sacar adelante a sus dos hijos ella sola. Pero también invertir en ir mejorando la vivienda sin pedir nada a ninguno de sus cinco caseros. Ella ha puesto de su bolsillo el dinero para renovar la instalación eléctrica, poner una puerta blindada o encargar unas persianas nuevas. Jamás había tenido ningún problema. Hasta hace cinco años, cuando Adela y otros vecinos vieron cómo el dueño, una filial de un gran fondo internacional, los llevaba a juicio por unos impagos de la comunidad que, según explican, nunca se produjeron. Era solo el principio de lo que definen como una “presión continua” para dejar sus casas. Por lo pronto, ha llegado una demanda de desahucio. Ahora ella y otros tres vecinos, que llevan desde principios de los ochenta en el inmueble, han decidido contraatacar y denunciar a su casero por acoso.
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