Semana negra en la política industrial de defensa | Opinión

La capacidad de anticipación es un valor en todos los órdenes de la vida, sobre todo en materia de defensa. Esta semana han saltado a la actualidad varias noticias que ponen al desnudo la política industrial de defensa, un ámbito donde ahora sobra dinero y faltan capacidades, lo que cuestiona la estrategia del Gobierno.

El lunes 8 se anunciaba que Alemania y Francia ponían punto final al desarrollo del Future Combat Air System (FCAS), un megaproyecto de 100.000 millones de euros para construir el caza europeo de sexta generación, en el que España es el tercer socio. Las diferencias entre los grupos industriales francés (Dassault) y alemán, liderado por Airbus Defence, han dado al traste con un proyecto que es muy relevante también para la industria aeronáutica española. Indra, el perejil del conglomerado militar, es el “coordinador nacional de la industria española y líder global del pilar tecnológico de sensores”, tal como señala en su memoria. La cancelación de FCAS provocó que Indra cayera el martes en Bolsa un 4,22%.

Este proyecto, que tenía que poner en vuelo al primer caza en 2040, tenía una gran carga para el sector. En el último trimestre de 2025, Indra resultó adjudicataria de dos contratos que suman 700 millones de euros, que están asociados a FCAS. El primero, de 540 millones, fue para Indra en solitario y va destinado al desarrollo del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (Siagen). El segundo, de 160 millones, fue para UTE PEM FCAS-ESP, que es la unión temporal de empresas de Indra y Airbus Defence and Space para “desarrollar y proteger las capacidades soberanas españolas” del caza europeo. Estos proyectos alcanzan a otras empresas españolas, como ITP Aero, o Satnus, consorcio creado por Oesía, Sener y GMV.

Por tanto, el final de FCAS tiene serias implicaciones. Por un lado, el Ministerio de Defensa tiene que buscar en el mercado el caza que le permita entrar en el sistema de combate de sexta generación, que combina aviones tripulados con el apoyo de drones en enjambre. Por otro, la industria nacional tiene que encontrar nuevos socios a los que vender su tecnología. Hasta ahora el Gobierno y la industria han apostado por los proyectos europeos conjuntos, que es lo que tiene sentido en un contexto en el que, ante las amenazas de Donald Trump, Europa se ve empujada a desarrollar sus propias capacidades militares, puesto que de ellas depende su soberanía.

Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España, lo explicaba con claridad hace un año. La industria militar de Europa tiene un problema de dependencia y fragmentación. La dependencia viene de que EE UU compra el 100% de su material de defensa en su mercado, mientras que Europa solo adquiere el 20% en su territorio: el 80% restante, a los americanos. Y la fragmentación se refleja en que Europa produce 179 sistemas diferentes de armas (aviones, tanques, etc.), que compara con 33 en EE UU.

El final de FCAS es un paso atrás y el fiel retrato de esos problemas. Actualmente, Reino Unido, Alemania, Italia y España fabrican conjuntamente el caza Eurofighter, un caza de combate de los denominados de cuarta generación. La ruptura impide seguir adelante con la nueva generación de cazas, que era la esperanza del Ejército del Aire español para sustituir a los F18 americanos y a los Eurofighter y dotarse de nuevas capacidades en defensa aérea. Ahora, la disyuntiva es seguir comprando a los fabricantes americanos (la dependencia) o meterse en alguno de los consorcios europeos que está desarrollando nuevos prototipos (la fragmentación).

Europa tiene en marcha al menos tres proyectos. Francia, que parece decidida a desarrollar su propio caza; Italia y Reino Unido están en un consorcio con Japón, y Alemania y España tienen que decidir qué camino toman. Las últimas noticias apuntan a una asociación con la sueca SAAB, que ya cuenta con cazas de cuarta y quinta generación y está trabajando en la siguiente versión. La clave de todo está en la participación industrial de cada país, en cuánto negocio y empleo se queda en cada territorio. Por ese detalle han roto Francia y Alemania.

Mientras se abría este nuevo frente, el martes 10 comparecían en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, para explicar su papel en los cambios en la dirección de Indra. Su relato de los hechos resulta tan poco verosímil, que la Comisión debería llamar a comparecer a los afectados, como los expresidentes de Indra (Marc Murtra y Ángel Escribano), los exconsejeros delegados (José Vicente de los Mozos e Ignacio Mataix) o el expresidente de Telefónica Álvarez-Pallete.

Belén Gualda dijo a los diputados que hasta marzo pasado no vio “la incidencia que estaba teniendo el conflicto de intereses en el análisis de dicha operación (la integración de Indra y Escribano)”. Es asombroso que diga esto en sede parlamentaria cuando era vox populi la colisión que suponía que los hermanos Escribano estuvieran a la vez en su empresa y en el consejo, el capital y el mando de Indra. Para De la Rocha, lo sucedido alrededor de Indra y Telefónica es conforme a las normas de gobierno corporativo; lo más que admite es que los nombramientos de Murtra y Escribano fueron realizados “con el visto bueno del Gobierno”. Luego se mostró muy orgulloso del crecimiento de Indra desde que llegaron al Gobierno, una afirmación que contrasta con su reiterado interés en asegurar que “el Gobierno no interfiere en las decisiones de la empresa de ninguna forma”. En fin, todo muy coherente.

La integración de Indra y EM&E, que aún no está descartada, tiene que ver con incrementar las capacidades industriales de la primera, especialmente en carros de combate. Indra, que nunca ha desarrollado vehículos, anunció en octubre de 2024 la compra del 51% de Tess Defence, operación que se cerró ocho meses después, y en la que también participan EM&E, General Dynamics y SAPA, con un 16,3% cada una. El valor de esta empresa está en el contrato de 2.500 millones de euros que le adjudicó el Gobierno en 2020 para la fabricación de 348 vehículos blindados VCR 8×8 Dragón para el Ejército de Tierra antes de finalizar 2028. Este periódico informaba ayer de la acumulación de retrasos en las entregas, que puede acarrear sanciones.

Por tanto, la industria de defensa española se encuentra en un momento único por los recursos que los gobiernos están destinando para rearmarse, pero con un reto enorme en tecnología y en capacidad industrial de producción. Como se ve, estos problemas los perciben los Ejércitos de Tierra, Aire y hasta en la Armada (Navantia), pero esta es otra historia.