Los amigos de la cohesión frente a los frugales: las posturas ante la recta final del próximo presupuesto europeo se definen | Economía

La Unión Europea encara su negociación interna más dura en los próximos meses: los presupuestos del final de esta década y el comienzo de la siguiente. La Comisión Europea lanzó el proyecto inicial hace casi un año. Y ahora los Estados miembros quieren cerrarlo a finales de año. Ante este escenario, las posiciones se van dibujando. Empieza la pugna, la de los países defensores de los fondos de cohesión y de la Política Agrícola Común contra los frugales, los Estados que quieren poner menos fondos, que haya menos dinero automático por regiones y más dinero estratégico y condicionado a resultados. De fondo, otra guerra de alto voltaje con el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, a la que varios Gobiernos, regiones y agricultores acusan de querer centralizar el dinero y reducir el peso de las regiones en el rediseño del presupuesto comunitario para 2028-2034. Los próximos meses, advierten fuentes diplomáticas, se avecinan intensos.

Ese lunes, un grupo de 16 países, entre ellos España —que se hacen llamar los “Amigos de la Cohesión”—, ha reclamado “recursos suficientes” para las políticas más tradicionales de la Unión, la Cohesión y la Agraria. En un documento circulado al resto de socios y a la cúpula de las instituciones europeas, abogan por esa vía sin, por ello, desatender “el impulso de la autonomía estratégica y la continuación del fortalecimiento de la competitividad europea”.

La respuesta de los frugales, que son además contribuyentes netos al presupuesto común, ha llegado apenas unas horas después, y justo antes de que se celebrara un Consejo de la UE que iba a abordar este tema: Austria y Suecia han convocado al resto de afines —entre ellos Alemania y Países Bajos; Francia ha estado “de oyente”— a un desayuno en el que coordinar su posición. Una postura que aboga por no incrementar el presupuesto de la UE y que cuestiona el tamaño y la lógica histórica de los fondos de cohesión.

Este martes, en teoría, estaba sobre la mesa cómo las próximas cuentas comunitarias “pueden contribuir a integrar el mercado único, apoyar reformas y movilizar la capacidad de la UE competir a nivel mundial”, explicó Marilena Rouna, viceministra de Asuntos Exteriores de Chipre, el país que preside el Consejo este semestre. Sin embargo, la cita dejó claro que las diferencias entre ambas corrientes (que en realidad no son fijas, ya que algunas posiciones pueden oscilar) son grandes y que no será fácil cerrar el pacto en diciembre, pese a que todos aseguran que esa es la prioridad. Sobre todo para evitar los avatares que provoquen las elecciones presidenciales francesas.

“El trabajo con las cifras avanza según los planes”, dijo Rouna. “Hay divergencias. Estamos viendo puntos de encuentro”, respondió a una pregunta sobre las grandes diferencias vistas en el debate público de este martes entre los Estados miembros. Eso sí, pidió a todas las partes “ceder un poco” para llegar a un acuerdo.

“El presupuesto de la UE debería mantenerse en torno al 1% de la renta nacional básica (RNB). Dada la presión actual sobre todos nuestros presupuestos nacionales, los fondos propuestos en el nuevo presupuesto plurianual”, reclamó Jessica Rosencrantz, ministra de Asuntos Europeos sueca, en su intervención, en referencia a la cuantía total que ha planteado la Comisión Europea. El Ejecutivo de la UE lanzó su proyecto para el próximo presupuesto en julio del año pasado y la cantidad ascendía a 1,8 billones de euros, es decir, un 1,26% de la RNB. Esta posición del país nórdico, por tanto, viene a reclamar recortes sobre lo propuesto por la Comisión.

“Dada la difícil situación presupuestaria de los Estados miembros, debe quedar claro para todos que un aumento significativo del volumen del presupuesto plurianual simplemente no va a funcionar. […] La idea de un recorte horizontal es inevitable”, remachó el representante alemán en la sala.

Esta posición choca frontalmente con la que tiene el Parlamento Europeo, ratificada en pleno a finales de abril. Los eurodiputados plantean que, incluso, un incremento de las cantidades previstas por la Comisión. En el próximo presupuesto plurianual de la UE tiene que comenzar a amortizarse el préstamo contraído para financiar el Fondo de Recuperación que se puso en marcha para amortiguar el impacto de la pandemia. Eso supone recortes en otras partidas y, para evitarlas, lo que plantea una amplia mayoría en la Eurocámara es incrementar el dinero un 10%. Esto permitiría amortizar el crédito manteniendo el dinero de Cohesión y Agricultura.

Los amigos de la cohesión, por su parte, no hablan de aumentar el dinero para amortizar el préstamo, pero sí apuestan por “un calendario de repagos más gradual”. El previsto ahora es de 30 años: entre 2028 y 2058. Este grupo —compuesto por España, Italia, Portugal, Rumania, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia— apuntan además a “nueva deuda conjunta […] para financiar las necesidades de inversión y los bienes públicos europeos esenciales a largo plazo para la autonomía estratégica europea”.

Al ser 16 Estados miembros los que integran el grupo, hay una gran heterogeneidad de Estados con diferentes prioridades. Por ejemplo, España apuesta por la deuda conjunta para financiar la construcción de infraestructuras necesarias para la transición energética (redes eléctricas, puntos de recarga de vehículos eléctricos, baterías y otras formas de almacenamiento de energía); las tres repúblicas bálticas o Polonia, por su parte, miran a la seguridad y la defensa, lo que ha sido clave para que estos países, tradicionalmente considerados frugales, vean ahora con más simpatía los eurobonos, en alguna de sus diferentes variedades, o los impuestos europeos.

También este último elemento, el de los impuestos europeos, llamado en el argot comunitario “recursos propios”, es otro elemento de disenso. “Los Amigos de la Cohesión están abiertos a discutir propuestas para nuevos recursos propios”, puede leerse en su declaración conjunta. Bruselas los ha propuesto: una tasa sobre las empresas que superen los 100 millones de facturación; una recarga fiscal sobre el tabaco; una tarifa sobre residuos electrónicos no recogidos; o un reajuste en el cobro de los derechos de emisión de carbono, algo que ahora cobran los Estados. “Nos oponemos firmemente a un nuevo endeudamiento común y no vemos la necesidad de nuevos recursos propios. No existe el dinero gratis”, rechazó este martes la ministra sueca, anticipando duras negociaciones en los próximos meses para alumbrar un acuerdo.