Las medidas para contener el alza de bajas laborales encallan: el Gobierno intenta sumar a la patronal a un pacto de mínimos | Economía

El creciente número de bajas laborales entre los trabajadores desde la pandemia y su coste asociado para las empresas y para el Estado se han convertido en una auténtica china en el zapato para Gobierno, patronal y sindicatos. En un intento de atajar el problema —que afecta a entre el 30% y el 50% de los trabajadores cada año y cuesta más de 30.000 millones anuales a la Seguridad Social y a las compañías— el Ejecutivo abrió una mesa de diálogo social para acordar medidas que mejorasen la gestión de estas bajas y frenaran o revirtieran el problema. Sin embargo, tras numerosas reuniones en el último año, estas negociaciones se encuentran en punto muerto.

Los sindicatos confían en el compromiso del Gobierno de sacar adelante algunas mejoras en un real decreto. Y mientras, el Ejecutivo busca sumar a los empresarios que, sin embargo, consideran las medidas insuficientes y, por ello, no prevén respaldar en este momento un acuerdo que califican de descafeinado, según distintas fuentes de la negociación consultadas. La patronal razona que una iniciativa que considera poco ambiciosa no contribuiría a dar solución al problema.

Después de que el Gobierno presentara el pasado octubre un proyecto de texto articulado, la negociación ha ido perdiendo intensidad con el paso de los meses. Y han ido quedando fuera de la mesa las medidas que potencialmente habrían tenido mayor calado, que son las relacionadas con el funcionamiento y gestión de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y sus facultativos, o el aumento del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), según varias fuentes consultadas.

En el transcurso de las negociaciones, los sindicatos fueron los primeros en plantarse y el pasado marzo dejaron las conversaciones en suspenso hasta que el Ejecutivo diera solución a dos cuestiones pendientes del anterior pacto de pensiones. Ante esto, los responsables de la Seguridad Social se comprometieron a elaborar un real decreto que resolviera una de esas dos reivindicaciones (la jubilación del personal laboral de las Administraciones públicas) y recogiera de paso algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas. Sin embargo, ese decreto, que tendrá que pasar por el Parlamento, no termina de ver la luz. Y, según fuentes de la negociación, el motivo principal es que el Gobierno quiere que la patronal lo respalde para, entre otras cosas, intentar allanar su aprobación en el Congreso, donde el PP ha anunciado en otras ocasiones el voto en contra de cualquier iniciativa laboral que no lleve el respaldo de todo el diálogo social.

Las principales medidas en materia de gestión de bajas que incluiría el real decreto —cuyo borrador aún no ha sido enviado los interlocutores sociales— consistirían en la creación de una “prestación singular” para los pacientes oncológicos. Esta incluiría mejoras desde el primer día en que reciban esta ayuda y con la posibilidad de que tras el alta, y siempre que lo convengan médico y paciente, se puedan incorporar a media jornada “durante un periodo de tiempo muy tasado”, señalan fuentes conocedoras del futuro texto. El segundo de los cambios permitiría a los médicos de atención primaria que, en los casos de pluriactividad o pluriempleo, pudieran dar la baja para una actividad pero no para otra. Y, en tercer lugar, se aprobarían el acceso a la pensión de viudedad para parejas no inscritas como parejas de hecho pero que tengan hijos en común y acrediten la convivencia.

La ausencia de las medidas más controvertidas para la gestión de las incapacidades temporales, como las relacionadas con las mutuas o con el control público de las situaciones de incapacidad, suponen un activo para los sindicatos de cara a sacar adelante este decreto. Pero sucede lo contrario con los empresarios, que consideran que las iniciativas planteadas se quedan muy cortas y no contribuirán a frenar el incremento de las ausencias al trabajo por estar de baja si no se añaden otras medidas.

Según la postura de los empresarios, su respaldo no debería ser necesario porque ninguna de estas medidas relativas a la gestión de las bajas y otras prestaciones exigen que sean aprobadas en un decreto ley que deba aprobar el Parlamento (sí lo requiere la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas que exigen como condición los sindicatos para apoyar esta norma).

Por ello, desde CEOE han instado a los responsables de la Seguridad Social a que aprueben estas medidas por otras vías que no sea el decreto ley y que, por tanto, no pongan a los empresarios en la tesitura de dar su respaldo público a paquete de inciativas que ven insuficiente para abordar el problema.

Medidas en marcha

Desde la Seguridad Social siguen negociando con las partes, aunque la mesa tripartita, que se reunía prácticamente todos los lunes, va a hacer un mes que no se convoca. Y en el ministerio también aseguran que el real decreto se aprobará, aunque no dan una fecha. Las fuentes consultadas en el Gobierno también apuntan que, en paralelo a esta negociación, se están tomando medidas que no requieren cambios legales o acuerdos sociales y que suponen mejoras en la gestión de las bajas.

Entre ellas, por ejemplo, está la reciente petición del INSS a la CEOE para que distribuyera entre sus patronales una circular en la que recordaba a las empresas que desde enero de 2024 es obligatorio que, cada vez que reciben un parte de incapacidad temporal de uno de sus empleados, rellenen los campos del formulario relativos a cuál es su “puesto de trabajo” y la “descripción de funciones”. Este recordatorio, hecho público por el diario Expansión, obedece a que “es esencial para facilitar y optimizar el control de la incapacidad temporal, a través de un correcto diagnóstico por el facultativo médico en cuanto a la limitación o no para el desempeño de cada actividad profesional”, indica la circular.

Desde la CEOE se dio el correspondiente traslado de esta instrucción a sus organizaciones para que, a su vez, lo remitieran a sus empresas, para que estas “garanticen la transmisión correcta, completa y puntual de esta información, esencial, para la adecuada gestión y control de los procesos de incapacidad temporal”.

Fuentes de la Seguridad Social han indicado que también se está tramitando un convenio entre el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y los servicios públicos de salud de las distintas comunidades autónomas para establecer un procedimiento por el que los facultativos de la sanidad pública puedan consultar los datos necesarios relacionados con la situación laboral de un ciudadano que causa baja por incapacidad temporal. Este convenio ya ha sido suscrito por Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia), además de por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA). Y en varios territorios más está en proceso de firma (Madrid, La Rioja y Cantabria), mientras que se encuentra en trámite en el resto.

Asimismo, el INSS está llevando a cabo los trámites previos para revisar y actualizar el Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal (IT), cuya última edición se publicó en 2017, hace casi diez años. Los médicos de atención primaria utilizan este manual, que homogeneiza criterios en las actuaciones médicas de seguimiento y control de la IT, como guía y orientación técnica para la toma de decisiones en estos procesos.

En este escenario, los interlocutores sociales han asumido que, en el corto plazo, dada la complejidad del momento político y social, no habrá un acuerdo de calado que incluya importantes modificaciones en materia de gestión de las bajas. Pero ninguna de las partes renuncia a retomarlas en un futuro próximo. Fuentes empresariales lamentan que las medidas que vayan a aprobarse ahora dejen fuera sus principales reclamaciones como que el INSS asuma el control de los trabajadores que reiteran procesos de baja en el mismo año. Es lo mismo que reclamó en febrero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calculó que el 25% de los trabajadores concentran el 55% de los procesos de incapacidad temporal.

Tampoco se abordará la histórica reivindicación patronal de que los médicos de las mutuas puedan dar las altas o que la Seguridad Social costee los salarios y cotizaciones de los trabajadores de baja entre el cuarto y el 15º días del proceso. Ni la petición de que el presupuesto público se haga también cargo de las cotizaciones sociales de los procesos de baja de larga duración, en concreto entre los días 365º y 545º de ausencia del trabajador.

Por su parte, los sindicatos también se han dejado importantes reivindicaciones en la negociación, al posponer, entre otras cuestiones, la reclamación de hacer totalmente publica la gestión y dirección de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Actualmente son privadas y se configuran como organizaciones patronales, aunque sus funciones son públicas.