Las eléctricas piden que se elimine en España el impuesto del 7% a la generación que acaba de derogar Portugal | Empresas

El pasado 17 de diciembre el Consejo de Ministros portugués acordó eliminar, desde el 1 de enero, el equivalente al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que se aplica en España desde 2013 y que grava con un 7% los ingresos por producción. Concretamente, el Gobierno luso ha eliminado el llamado Mecanismo de Equilibrio Concurrencial (o clawback) que se imponía a los productores portugueses (con algunas excepciones) por el incremento de los ingresos derivados, entre otros, del efecto del impuesto del 7% español cuando las centrales españolas marcaban el precio.

Esta decisión ha provocado una reacción entre las generadoras que operan en España (grandes y pequeñas, pues se aplica a todo tipo de producción eléctrica, convencional y renovable) que exigen, una vez más, la eliminación del polémico tributo. Y es que, aunque su coste se traslada a los consumidores, no siempre pueden endosarlo al precio final de la factura y se oponen a seguir recaudándolo. El Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, prevé que Hacienda ingrese unos 2.000 millones de euros por este tributo en 2026 por este concepto.

Según sostienen fuentes del sector, el que las plantas portuguesas no tengan que pagar ese tributo les da una ventaja competitiva respecto a las españolas en el mercado ibérico de la electricidad y también beneficia al consumidor luso, como ya ocurre con Francia, que tampoco soporta este impuesto. Según simulaciones que han elaborado las afectadas, la supresión del clawback portugués reduce las exportaciones españolas al país vecino. En el sentido contrario, según sus cálculos para 2026 respecto a 2025, con los dos impuestos en vigor, quitar el IVPEE incrementaría las exportaciones netas, tanto a Portugal como a Francia, en 7.500 GWh y se reducirían un 17% los vertidos de energías renovables, “lo que permitiría recuperar la posición competitiva de España con respecto Portugal y mejorarla con respecto a Francia”, sostienen las mismas fuentes.

La supresión también beneficiaría a los consumidores, pues la eliminación del impuesto conllevaría una reducción del precio medio del mercado mayorista de la electricidad (pool) de un 6% por la reducción del coste de las ofertas. No sería exactamente una rebaja del 7% debido a que el mercado registra horas a precios cero. En total, supondría un ahorro de 840 millones para los consumidores españoles solo considerando el año 2026, si bien la rebaja se mantendría de forma permanente en los años sucesivos.

No era un impuesto

En justicia, el mecanismo portugués no era exactamente un impuesto, sino una minoración de ingresos a las plantas locales que hubiesen cobrado en las horas en que el precio marginal del pool ibérico lo marcaba una central española (principalmente, de gas) y, por tanto, la portuguesa se estaría beneficiando de una oferta (la española) que incluía el coste del IVPEE. No obstante, el clawback no afectaba a todas las instalaciones lusas, pues estaban exentas del mismo los ciclos combinados de gas con una producción inferior a 2.000 horas anuales y las pequeñas instalaciones.

En una entrevista concedida a este diario el pasado lunes, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Calvalho, justifica la eliminación de este mecanismo por su complejidad (con una fórmula de cálculo y exenciones que dificultaba la gestión de las empresas) y por su escasa recaudación. Según datos oficiales, en 2020 los ingresos fueron de 56 millones de euros y ya en 2024, de 36 millones. Según la ministra lusa, el ultimo año fue tan solo de siete millones.

El impuesto del 7% a la generación se aprobó en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, cuyo objetivo era parar la sangría de un déficit de tarifa que llegó a rondar los 30.000 millones de euros y que en el momento de su aplicación, en 2013, aún acumulaba una deuda de 24.000 millones. El impuesto grava los ingresos brutos obtenidos por la venta de electricidad, sin considerar costes operativos o de inversión. El dinero lo recauda Hacienda, a través de las empresas, y lo destina al sistema eléctrico, donde figura como un ingreso en los llamados cargos, cuya potestad es del Ministerio de Transición Ecológica, y sirven para financiar, entre otros, la deuda eléctrica o a las renovables con retribución específica.

El gravamen fue recurrido en su día por las compañías eléctricas ante distintas instancias judiciales, que dieron la razón al Gobierno. Por su parte, el Partido Popular, cuyo Gobierno lo había implantado, acumula ahora 10 iniciativas legislativas en el Parlamento para su derogación.

El IVPEE fue suspendido temporalmente en varias ocasiones para paliar las subidas de precios en periodos de alta volatilidad del mercado mayorista. La primera suspensión se aprobó en 2018 y duró seis meses: desde el cuarto trimestre de ese año al primer trimestre de 2019. Posteriormente, a raíz de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno decidió eliminarlo provisionalmente para aliviar las subidas desorbitadas de precios que impactaron en la factura de la luz de domésticos e industriales. Varios reales decretos fueron dejándolo sin efecto en los años 2021, 2022 y 2023 y se reactivó gradualmente a lo largo de 2024, con una minoración de la base imponible ese año.

Una de las críticas por parte de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) y los consumidores es que, además de reducir la competitividad de las empresas españolas respecto a las de los países vecinos, el tributo se ideó para sufragar una deuda eléctrica que está a punto de desaparecer: su amortización definitiva está prevista para finales del próximo año. En 2026 la anualidad los déficits pasados ascenderá a 1.883 millones de euros, frente a los 2.390 millones del año pasado, según la orden ministerial de cargos del sistema eléctrico para este ejercicio.