Las eléctricas fían al nuevo jefe de la CNMC un giro de los expedientes por el apagón
Corría el mes de junio de 2020 y Cani Fernández, abogada, con más de dos décadas de experiencia en Cuatrecasas y tras pasar por el gabinete de Presidencia que comandaba Iván Redondo, comparecía en el Congreso de los Diputados para certificar su idoneidad como aspirante a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se esforzó aquel día en subrayar su deseo de blindar la independencia del organismo y de aislar sus decisiones de las injerencias políticas. Seis años después, a apenas días de que venza su mandato y de que el Gobierno designe nuevo inquilino para la flamante sede del organismo en la madrileña calle Gran Vía, deja la sensación de que nunca terminó de liberarse del pecado original que suponía su cercanía con la otrora todopoderosa vicepresidenta Nadia Calviño, clave en su designación y su auténtica red de seguridad mientras permaneció en el Ejecutivo. Enfrente, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cabeza visible de un sector altamente concernido por las decisiones de cualquier autoridad de competencia y adalid de una agenda verde a menudo contraria a la ortodoxia económica defendida por la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Deja Fernández una patata caliente que amenaza con provocar efectos colaterales imprevisibles, como es la miríada de expedientes abiertos in extremis a las eléctricas y el operador de red (Redeia) por el apagón. Los próximos movimientos en el supervisor serán claves para fraguar el desenlace.
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