La Seguridad Social rechaza el 72% de las solicitudes de indemnización a los afectados por el amianto | Economía

El fondo de compensación para víctimas del amianto cumple este viernes un año en funcionamiento. En estos doce meses, trabajadores afectados por enfermedades derivadas de su exposición a este material fuertemente contaminante y altamente perjudicial para la salud han presentado un total de 474 solicitudes. De esta cantidad, la gestión del fondo, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha reconocido poco más de cien indemnizaciones y rechazado 344 por distintos motivos, lo que supone ha denegado el 72% de las peticiones.

Así lo indican las cifras oficiales del fondo recabadas Jon García, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), según las cuales, en el lado opuesto a estos rechazos, sí se han autorizado y abonado 106 indemnizaciones, por un valor de 6.344.794 euros. De esta forma, en un año apenas se habría gastado una cuarta parte del fondo, que cuenta con 25 millones de euros anuales. Además hay otras 24 solicitudes que están siendo tramitadas actualmente.

Precisamente, este bajo grado de ejecución del fondo es la principal queja de las asociaciones de afectados, que lo atribuyen a un exceso de celo en el diseño del reglamento de funcionamiento del fondo que, según denuncia García, deja fuera a la mayoría de las víctimas que sí reconoce la la Ley que creó estas ayudas.

En concreto, la redacción inicial de la ley era relativamente amplia, ya que no limitaba las enfermedades a una lista cerrada de patologías, sino a cualquier dolencia cuya causa principal o concurrente fuese la exposición al amianto. Posteriormente, el reglamento, cuyo contenido lleva ahora un año vigente, limitó las ayudas a cuatro enfermedades: mesotelioma; cáncer de pulmón; cáncer de laringe; y asbestosis. De momento, se han reconocido 29 afectados por la primera de estas enfermedades; 33, por la segunda; 44 por asbestosis; y ningún caso por cáncer de laringe.

Pero el requisito que más está limitando la concesión de estas indemnizaciones y dejando fuera del fondo a la mayoría de los solicitantes es la exigencia, incluida en el reglamento y no en la ley inicial que creó estas ayudas, de que los afectados tengan previamente un reconocimiento administrativo o judicial de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.

De hecho, según ha denunciado García, del total de solicitudes (474), la mayoría (302) han sido directamente “inadmitidas” porque los demandantes de la ayuda no cuenta con el citado reconocimiento como pensionistas de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados derivadas de una contingencia profesional causada por alguna de las patologías previstas en el reglamento, sino que estos afectados pertenecen a otros colectivos que la ley sí contemplaba como objeto de las indemnizaciones.

Fuentes de la Seguridad Social defienden el trabajo llevado a cabo por los equipos que han montado este fondo de nueva creación: “Somos conscientes de que era una deuda histórica, cuya demanda no ha sido atendida hasta hace muy poco. Se ha realizado un esfuerzo muy grande en la puesta en marcha de estas compensaciones”. Y responden también a las demandas de los afectados para rediseñar el fondo y dar cabida a un mayor número de colectivos, argumentando que eso solo podrá realizarse “en función de las previsiones que establezcan las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado”.

El portavoz de las asociaciones de víctimas del amianto llama también la atención sobre las enormes diferencias entre los expedientes aprobados según la comunidad autónoma donde resida el trabajador afectado. Así, en el País Vasco, se han aprobado el 42% de las solicitudes presentadas (42 de un total de 99), mientras que en Cataluña solo se ha concedido una indemnización de las 40 solicitadas. Si bien la comunidad donde ha habido más demandantes de estas ayudas ha sido Valencia (133) que ha concedido el 22%.

En este escenario, García considera que estas cifras “no se corresponden con el número de afectados que se deducen del número de trabajadores incluidos en los listados a los que se les hace un seguimiento médico por haber estado en contacto con el amianto y que según la última memoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondiente a 2023, asciende a 70.842 trabajadores, de los que solo el 12,6% residen en el País Vasco y el 5,53% en la Comunidad Valenciana, las dos regiones que han registrado más solicitudes.

Ante esta circunstancia, el PNV intentó el pasado miércoles, 9 de septiembre, que el pleno del Senado aprobara una enmienda en la recientemente aprobada Ley General de Discapacidad, en la que se reclamaba al Gobierno una reforma del reglamento del fondo para víctimas del amianto, que rediseñara los requisitos para la concesión de estas indemnizaciones, permitiendo la inclusión de más colectivos, que sí aparecían en la ley inicial que reguló estas ayudas. Sin embargo, los votos en contra de los socialistas, y la decisión a última hora del PP de abstenerse impidieron la aprobación de dicha enmienda.

Asimismo, tampoco se aprobó por esta misma vía, instar al Ministerio de Hacienda a que incluyera estas indemnizaciones en el catálogo de ayudas exentas en el pago de IRPF, como sí lo están ya en el País Vasco y Navarra y como también son consideradas otro tipo de ayudas públicas como las que se reconocen a las víctimas de la talidomida, del terrorismo o del aceite de colza, entre otras.