La confianza también cotiza | Negocios

En breve, el Parlamento Europeo dará previsiblemente su aprobación definitiva a la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy, RIS), una de las reformas más ambiciosas de los mercados financieros desde MiFID II. Aunque el debate se ha centrado en sus implicaciones regulatorias para bancos, aseguradoras y gestoras, el verdadero alcance de la reforma es mucho mayor: Europa está intentando resolver uno de sus principales problemas económicos, la incapacidad para transformar el enorme ahorro de los hogares en inversión productiva.

Según la Comisión Europea, cerca del 70% del ahorro de los hogares europeos —unos 10 billones de euros— se mantiene en depósitos, mientras que el peso de la inversión en mercados de capitales sigue siendo muy inferior al de EE UU. El Informe Draghi calcula que, si la asignación del ahorro europeo se aproximara a la estadounidense, hasta ocho billones de euros podrían canalizarse hacia inversiones productivas. Ese ahorro resulta imprescindible. Europa necesita financiar la transición energética, la digitalización, la innovación, la defensa y su autonomía estratégica. El mismo informe estima que serán necesarios unos 800.000 millones adicionales de inversión al año, un esfuerzo difícilmente sostenible solo con recursos públicos o financiación bancaria.

Durante años, la respuesta regulatoria ha consistido en elevar la información disponible para el inversor. Más documentos, más advertencias, más test y más transparencia. Pero un exceso de información no siempre genera mejores decisiones. En ocasiones produce el efecto contrario: confusión, desconfianza y, finalmente, inacción.

La RIS supone un cambio de enfoque. Ya no basta con informar mejor al inversor; las entidades deberán incorporar el principio de Value for Money, es decir, acreditar que existe una adecuada relación entre el valor que el producto aporta al inversor y el precio que este paga por él. Para ello deberán comparar cada producto con otros equivalentes (peer groups), justificar las desviaciones significativas y revisar periódicamente esa evaluación. No se trata de regular los precios, sino de reforzar la gobernanza de los productos y la responsabilidad de quienes los diseñan y distribuyen. La reforma también revisa el régimen de incentivos o retrocesiones. Sin llegar a prohibirlos con carácter general, endurece las condiciones para percibirlos mediante un nuevo inducement test, que exigirá acreditar que aportan un beneficio tangible al cliente, son proporcionales al servicio prestado y responden al mejor interés del inversor. Dicho de otro modo, cobrar una retrocesión dejará de ser automático y pasará a exigir que la entidad demuestre que ese cobro tiene una contrapartida real para el inversor.

La RIS aspira a reconstruir la confianza del pequeño inversor, alineando mejor los intereses de quienes diseñan, distribuyen y adquieren productos financieros. Si lo consigue, su legado irá mucho más allá de una reforma regulatoria: contribuirá a movilizar el ahorro hacia la economía real.