Hacienda promete acordar los Presupuestos de 2027 con los socios antes de presentarlos al Congreso | Economía

Romper con años de parálisis presupuestaria exige algo más que buenas palabras y una declaración de intenciones. Sobre todo cuando el Gobierno ha asegurado hasta en tres ocasiones que presentaría nuevas cuentas y, por una razón u otra, las promesas terminaron siendo papel mojado. El ministro de Hacienda, Arcadi España, compareció este jueves en el Congreso con la misión de convencer a una sala escéptica de que esta vez, tras una prolongada sequía, el Gobierno va en serio. Lo hizo con una propuesta que rompe la liturgia habitual al asegurar que tiene la intención de negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con los grupos parlamentarios antes incluso de que el texto pise oficialmente el registro del Congreso. Es una maniobra que busca superar el fantasma de la prórroga perpetua que arrastra el Ejecutivo desde 2023, en un clima donde la confianza de los socios cotiza a la baja y los reproches de la oposición no dan tregua.

Desde que se aprobaron los últimos Presupuestos, hace más de tres años, el país ha navegado en una suerte de excepcionalidad. El Gobierno justifica este vacío como una respuesta a lo que el ministro define como una concatenación de adversidades sin precedentes. La última, el conflicto geopolítico abierto en Oriente Próximo y la crisis energética. Ante este panorama, y en medio de los escándalos por el cerco judicial que rodea al Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, quiso dar un golpe sobre la mesa y anunció el miércoles sorpresivamente que la máquina presupuestaria echaría a rodar con vistas a 2027, enterrando definitivamente la posibilidad de unas cuentas para 2026.

Un día después de las palabras de Sánchez, le ha tocado al ministro defender el movimiento en la Comisión de Hacienda del Congreso. “Vamos a poner en marcha, de manera inmediata, la elaboración de los Presupuestos”, aseguró España, confirmando que este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la orden de elaboración. Hacienda, además, quiere que estas cuentas “nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida” previa. No se trata solo de presentar, sino de pactar los cimientos con los socios que luego tienen que dar luz verde al proyecto.

El ministro acudió a su estreno en la comisión con la idea de transmitir desde la primera intervención esa voluntad de diálogo. Era un intento de atraer a unos grupos parlamentarios que desde el principio ―tanto los socios habituales como los de la oposición― se esforzaron en dejar claro que recelan del anuncio del Gobierno. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, puso voz al sentimiento de la mayoría de la investidura al reprochar al Gobierno que “anunciar no es negociar y negociar no es ejecutar”. Para los nacionalistas vascos, el ritmo de los anuncios del ministerio supera con creces la realidad de los hechos, y recordaron que Hacienda lleva demasiado tiempo lanzando promesas al aire. Esta última, ¿es “un déjà vu de 2019″ o se hace para “estirar la legislatura”?, preguntó la portavoz.

No fue la única crítica. Desde ERC, Pilar Vallugera tildó el movimiento de “anuncio de precampaña” para “quitar tensión” a la situación actual, mientras que Néstor Rego, del BNG, recibió la noticia con “mucha prudencia”, recordando que es el cuarto año consecutivo que el Gobierno anuncia unos Presupuestos que, en los tres ejercicios anteriores, se quedaron en el tintero. Otras formaciones indispensables para sacar adelante unas potenciales cuentas, como Junts y Bildu, no estuvieron presentes en el debate.

Las fuerzas de la oposición, con un tono constructivo que reconoció el ministro y que mantuvo el debate en un clima de constante cordialidad, ironizaron sobre el plan del Gobierno. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, de Vox, retó al ministro a dimitir si el Presupuesto de 2027 vuelve a ser una promesa incumplida. Desde las filas del Partido Popular, Pedro Puy reprochó que tras tres cuartos de legislatura el Gobierno siga “repitiendo las mismas prioridades” que lanzaba hace años la anterior ministra del ramo, María Jesús Montero, sin haber sido capaz de aprobar unas cuentas en tres años.

En el centro del debate no solo estaba el calendario, sino un contenido que el Ejecutivo quiere volcar hacia lo social. El Gobierno ha fijado la vivienda como la “prioridad absoluta” de las futuras cuentas, prometiendo el mayor esfuerzo de inversión pública de la historia. Es un compromiso que busca atraer a los grupos de izquierda, pero Sumar, socio de coalición, ya ha avisado de que no se conformará con titulares. Su portavoz, Carlos Martín Urriza, pidió que el proyecto venga acompañado de la senda fiscal completa y un mayor margen de déficit para las comunidades autónomas, rechazando una tramitación “en dos tiempos” que dilate aún más el proceso.

El muro de la financiación

En estos momentos, el gran escollo que dificulta cualquier acuerdo es la reforma del modelo de financiación, un tema que monopolizó gran parte de la sesión. “Estos Presupuestos también abordarán una de las grandes tareas pendientes: la reforma del sistema de financiación autonómica”, explicó España. Hacienda ha presentado un modelo que inyectaría casi 21.000 millones de euros adicionales desde la Administración central a las comunidades para 2027, pero lo ha hecho en medio de un incendio político con los territorios gobernados por el PP, que rechazan la propuesta por haberse negociado inicialmente con Cataluña.

El ministro lo ve de otra manera. Cree que el esquema planteado por el Gobierno sirve de punto de partida, por lo que se trata de un planteamiento abierto y orientado al acuerdo. Defendió con vehemencia la “multilateralidad” del proceso, a pesar de haber convocado reuniones individuales inmediatas con las consejerías. “El modelo se decide por el conjunto de la Cámara. Se quiera o no se quiera, es multilateral porque se decide en el Congreso”, zanjó España ante las críticas de las comunidades y del portavoz del PP por las reuniones bilaterales que pretende realizar Hacienda antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a las que varios territorios del PP han dicho que no acudirán.

“Pueden plantearse si les parece mejor o peor, pero les pido que no se nieguen a dialogar, que no se nieguen a sentarse con el Gobierno para intentar llegar a un acuerdo beneficioso para todos”, rogó España, consciente del gran reto que supone alinear a las comunidades autónomas para dar forma al sistema que reparte los recursos que después costean los servicios públicos.

En la primera comparecencia de España en la comisión, el ministro tendió su mano al conjunto del arco parlamentario y trasladó la voluntad de trabajar con tono constructivo. “Algunos dirán que peco de ingenuidad, pero confío, y me empeñaré en ello, en que seamos capaces de superar la lógica del conmigo o contra mí”, dijo tras intercambiar opiniones sobre otros temas de índole tributaria y macroeconómica como la propia naturaleza de los impuestos, las rebajas fiscales, el dumping o las medidas de apoyo a empresas y hogares ante la crisis energética.