El ‘vals de los sillones’ del programa de Feijóo pasa por la Cataluña de Illa y Fainé | Opinión

Lo llaman en algunos medios italianos el valzer delle poltrone o el vals de los sillones. Suele producirse en el mes de abril cada trienio, antes de las juntas, cuando vencen de forma simultánea los mandatos de los consejos de administración de las grandes empresas participadas por el Estado italiano, de Enel a Eni pasando por Leonardo, Poste Italiane o Terna. El último proceso, acometido en este mismo ejercicio por Giorgia Meloni, supuso la renovación, el relevo o el cambio de plaza de 112 ejecutivos transalpinos, profesionales de la gestión en la vasta empresa pública. Si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones en España y logra sumar los votos necesarios para ser el nuevo inquilino del Palacio de La Moncloa, el terremoto que se avecina en el ecosistema empresarial nacional puede adquirir características similares. Será así, al menos, si detrás de las palabras pone los hechos. El programa electoral del PP, hecho público esta misma semana, es cristalino. En la tercera de las 249 medidas que plantea se lee: “Los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política. Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado”.

A partir de ese compromiso, tres tipos de empresas se verían afectadas por esa suerte de auditoría. En primer lugar, las denominadas entidades públicas empresariales, sello bajo el cual operan firmas como Renfe o Adif, dependientes de un ministerio, en este caso de Transportes y Movilidad. También entran en ese lote otras como Enaire -dueña del 51% de Aena-, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o Puertos del Estado. En el caso concreto de las infraestructuras, huelga incidir en el tsunami que se avecina. En segundo término, figuran las empresas adscritas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las que el Estado cuenta con una participación mayoritaria. Por ejemplo, las especulaciones sobre quién será el próximo director general de RTVE ya circulan por todo Madrid, con supuesta batalla soterrada incluida entre PP y Vox. “Suerte, la vas a necesitar”, le espetó, no por casualidad, Abascal a Broncano. De hecho, los relevos con cada cambio de administración en Correos, Navantia, Tragsa, la Agencia EFE o Mercasa han sido tradicionalmente tan naturales como respirar. Finalmente, el tercer paquete, el que más morbo despierta, es el que afecta a las compañías participadas por la SEPI, pero sin cuota mayoritaria. Aquí Feijóo nunca había sido tan explícito como una entrevista concedida esta semana a Expansión.

¿Planteamiento general? Liberal. “Nuestro principio es devolver aquellas empresas que antes funcionaban sin capital público a su estado natural, salvo que sea un sector relevante para la soberanía de nuestro país”, expone. ¿Telefónica o Indra? “En cuanto lleguemos, veremos por qué y para qué se ha hecho lo de Telefónica. Veremos exactamente cómo está la situación y los contratos que tiene Indra y el resto de participaciones del Estado en las empresas”, asegura. En suma, todo en revisión, con salvaguardas. Más tajante es, empero, su posición sobre las actuales cúpulas directivas. El presidente popular argumenta: “Yo no voy a medir la idoneidad de sus responsables por su afiliación al PP, sino por la trazabilidad que tienen como gestores (…) Sobre los gestores de Indra y sobre los gestores de Telefónica, tengo mi propia opinión, pero no es relevante a efectos de los ciudadanos (…) Si encontramos alguna particularidad o gestores más profesionales que conozcan mejor los sectores, nuestra responsabilidad sería valorarlo”. Parece razonable pensar que cualquier desinversión, que no será inminente y requerirá medir los tiempos, vendría precedida de la remoción de los ejecutivos designados bajo la tutela del Gobierno de Pedro Sánchez. Cualquiera de los dos movimientos, en todo caso, requerirá ciertos equilibrios y tejer nuevas hojas de ruta con el establishment político y empresarial. Y la brújula marca un destino geográfico.

Desde el punto de vista de las participaciones, Feijóo tendrá que entenderse con el imperio Caixa y con Isidro Fainé, cuya proverbial capacidad para manejarse con gobiernos de cualquier signo está fuera de toda duda, después de ver pasar políticos de toda clase y condición en sus dos décadas al frente del grupo. De la mano de Pedro Sánchez y la SEPI, que adquirió un 10% de Telefónica recién entrada la legislatura, CriteriaCaixa -el holding inversor de la Fundación La Caixa- incrementó su participación y alcanzó otro 10%. El movimiento, orquestado para forjar un núcleo duro en el capital, tenía la finalidad declarada de hacer frente a la irrupción en el accionariado de la saudí STC y preservar la españolidad de una compañía presuntamente estratégica, por ejemplo, en infraestructuras de ciberseguridad. Deshacer esa posición, si es que así se decide, requerirá acomodar los intereses de todos -también financieros, con alguna de las partes en claras minusvalías-, amén de hilar fino para no provocar más inestabilidad en una firma ya zaherida por los problemas que asolan al sector y que se reflejan en la acción.

El movimiento puede ser a varias bandas. A finales de 2027, finaliza la prórroga para que el Estado permanezca en el capital de CaixaBank, donde atesora el 18% a través, no de la SEPI, sino del denominado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Vamos a ver cómo están las cuentas”, dice Feijóo en la citada entrevista, consciente de que el Estado está cerca de recuperar el dinero desembolsado para sostener la antigua Bankia, después absorbida por CaixaBank. Alguno de los hombres fuertes del área económica de Feijóo ya ha dejado caer, en reuniones mantenidas en estos últimos meses con los lobbies de la capital, que la intención popular es hacer caja con esa participación y salir de lo que, al final del día, es un banco privado. El trasfondo de la transacción es vital para Fainé, en tanto CaixaBank es la principal fuente de ingresos vía dividendo de la Fundación y de su obra social, la razón de ser de todo su entramado societario. Son las cosas de comer y tienen que hacerse bien. El troceo y venta, lo más probable, o una eventual entrada de nuevos socios, incorpora un indeseado punto de incertidumbre, razón de más para monitorizar con mimo el proceso. Tampoco es descartable que, con Endesa italiana e Iberdrola un verso suelto, el nuevo Gobierno ponga sus ojos en Naturgy como red de seguridad para su planificación energética. CriteriaCaixa atesora un 26% del capital y, durante las últimas épocas de zozobra en el accionariado, ha sido el garante último de su estabilidad. Se podrían, incluso, vislumbrar más intereses cruzados.

El líder popular y Fainé están lejos de ser dos extraños. Es más, se conocen bien como negociadores. Haciendo memoria, pueden recordarse los escarceos de La Caixa en torno a Caixanova, allá por el año 2009, durante los annus horribilis de estas entidades y de las llamadas fusiones frías -o SIP, siglas de sistema institucional de protección-, un artefacto diseñado para garantizar la supervivencia de las más débiles bajo la tutela de otra entidad matriz. El hoy líder popular, entonces presidente de la Xunta, se movilizó para evitar cualquier injerencia externa, promoviendo la fusión de las dos cajas gallegas y blindar el carácter regional de la entidad. En 2013, tras el fracaso de la integración y el posterior rescate con dinero público, el FROB terminó adjudicando el banco resultante, Novacaixagalicia, al grupo venezolano Banesco, presidido por Juan Carlos Escotet. Por el camino quedaron las ofertas de BBVA, Banco Santander… y CaixaBank. En un aparente gesto de distensión, diez años después de aquella refriega, en noviembre de 2024, Feijóo intervino en A Coruña en el XXIII Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), fundación que cuida y preside con devoción el propio Fainé. Sin rencillas. Está por ver si el 29-N abre otra etapa de esta relación, intermitente en el tiempo.

Si se pone el foco en los gestores, no es difícil hallar el común denominador entre Marc Murtra (Telefónica), Ángel Simón (Indra) o Maurici Lucena (Aena), primeros ejecutivos de empresas que capitalizan conjuntamente 73.000 millones de euros y cuyos vínculos históricos con el PSC son fácilmente rastreables. Por mucho que todos ellos intenten entre bambalinas poner en valor su trayectoria como gestores privados e incidan en que su principal preocupación es el accionista, sus designaciones no dejan de ser políticas. De hecho, durante la legislatura y junto al ministro Jordi Hereu, han alimentado la percepción de constituir un influyente núcleo de poder catalán en Madrid, en sectores industriales estratégicos, como las telecomunicaciones, la defensa o el negocio aeroportuario. En la distancia, en la cúspide de ese imaginario club de los cinco, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tenido la habilidad -y el acierto- de pacificar el entorno empresarial y político en Cataluña, así como su relación con el resto del país, incluso facilitando el regreso de grandes empresas tras el 1-O. En un feudo tradicionalmente refractario al Partido Popular, mantener ese status quo no parece la peor opción.

Además, nadie debería dar por garantizada la paz actual. Foment del Treball, la patronal catalana adscrita a CEOE, que hasta ahora había avanzado muy en sintonía con la Generalitat en los temas capitales, abría recientemente una grieta de calado con el Govern al posicionarse en contra de los decretos de vivienda promovidos por los socialistas en Madrid, en línea con las tesis de Junts. Está por ver cómo la aristocracia empresarial catalana adapta su discurso a una administración central a priori más business friendly, pero radicalmente contraria a sus tesis en la cuestión nacional y territorial, amnistía incluida. En ese escenario, el fine tuning de Feijóo en su aproximación al tejido empresarial catalán y sus prohombres puede marcar la diferencia para que las piezas encajen y, sobre todo, para atenuar en lo posible los decibelios en su relación con Illa, obligado a endurecer su discurso frente a un Gobierno hostil en Madrid, con toda probabilidad amarrado a Vox. Si llega el caso, que hasta el rabo todo es toro, toca tirar de finesse. Más allá del programa.