El Supremo estrecha el margen de las plataformas digitales y de los operadores logísticos de subcontratar repartidores | Economía

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo entra de lleno en uno de los asuntos más complejos de la economía digital: los empleados por subcontratas que utilizan la tecnología de plataformas digitales, ¿para quién trabajan realmente? La interpretación del alto tribunal apuntala la visión de los sindicatos y supone un golpe a todo tipo de empresas del sector del transporte y de la logística, especialmente cuando terceras empresas operan con su tecnología. La sentencia estudia si el modelo de subcontratación de DHL en el reparto de paquetería constituye una contrata lícita o una cesión ilegal de trabajadores y llega a la conclusión de que el escenario es el segundo.

La Sala de lo Social explica que los repartidores de las empresas subcontratadas trabajan de forma estable para DHL, desde sus instalaciones, con sus herramientas, bajo sus instrucciones y control en tiempo real, compartiendo formación, protocolos y apariencia externa con la plantilla propia. “A través de tal instrumento [en referencia al escáner con el operan los empleados], conectado a los equipos informáticos de la empresa y transmitiendo información en tiempo real, la empresa DHL llevaba a cabo no solamente la impartición de todas las instrucciones precisas para el desempeño del trabajo cotidiano, sino que además hacía un seguimiento y control en tiempo real del cumplimiento”, indica la sentencia.

El texto también subraya que aunque las subcontratas aportan los vehículos y gestionan algunos aspectos como las vacaciones o el régimen interno, su papel se reduce, principalmente, a proporcionar mano de obra. “No se trata de un mero control técnico o de calidad (…) sino de un control efectivo y exhaustivo de la actividad laboral”, indica el texto, que abunda: “Lo que consta es la integración funcional de los trabajadores de las empresas subcontratistas dentro de la estructura productiva de la empresa principal”. En resumen, considera que calificación jurídica de una relación no depende del contrato mercantil ni de la normativa de transporte, sino de la realidad de la prestación laboral. Es una lógica parecida a la que el Supremo aplicó para considerar que los riders de las plataformas de reparto comida deben ser asalariados.

Así, el tribunal confirma la existencia de cesión ilegal de trabajadores, aunque corrige parcialmente una sanción administrativa impuesta a DHL: no ve diez infracciones independientes (una por cada contrata, como había estimado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), sino una única infracción continuada, reduciendo la multa.

Consultada sobre esta sentencia, la empresa indica: “En DHL Express España estamos analizando en detalle esta resolución y revisando nuestra operativa en consecuencia. La compañía continúa operando con normalidad”. La empresa agrega que su “compromiso” es cumplir en todo momento con la normativa vigente, “como hemos hecho hasta ahora en nuestra actividad y como hacemos de forma consistente en los más de 220 países y territorios en los que estamos presentes”.

¿Qué opinan los especialistas?

La sentencia fue publicada el 27 de marzo, pero entonces apenas trascendió en medios de comunicación. Este miércoles, el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia Adrián Todolí ha compartido la misma en su blog junto a sus impresiones. “Es especialmente interesante que el Tribunal Supremo explique que el hecho de que las contratistas aporten los vehículos, tengan autorización administrativa y gestionen cuestiones como vacaciones, horarios o contratación no es suficiente para excluir la cesión ilegal“, reflexiona Todolí.

Este especialista en plataformas digitales subraya que “el Tribunal Supremo parece alinearse con las tesis doctrinales que han sostenido que el control algorítmico en tiempo real es un control distinto a lo que existía hasta el momento, lo cual debe valorarse con un peso específico en materia de cesión ilegal de trabajadores”.

Es un análisis parecido al que emitió recientemente el despacho de abogados Uría Menéndez: “El Tribunal Supremo concluye que la empresa de paquetería ejercía un control directo sobre los repartidores que iba más allá de la mera supervisión técnica propia de una relación comercial orientada a la calidad del servicio”. Y va más allá: “La relevancia de la sentencia trasciende el supuesto concreto analizado, ya que muchos modelos de distribución urbana y de última milla operan actualmente mediante estructuras de colaboración entre grandes operadores logísticos, trabajadores autónomos y pequeñas empresas transportistas; fórmulas utilizadas de manera generalizada en España y que, hasta la fecha, no habían sido objeto de un cuestionamiento judicial de esta naturaleza”.

Esta última idea es clave para entender la relevancia de la sentencia. Además de empresas de reparto como DHL, este esquema es el habitual en las especializadas en reparto de comida. Glovo y Just Eat operan con plantillas mixtas, que mezclan contratación directa y subcontratas, mientras que el otro gran actor del sector, Uber Eats, pretende operar solo mediante esas subcontratas. A principios de año esta empresa anunció que renunciaba a su modelo de autónomos, tras el aviso de Trabajo de que recurriría a la vía penal contra sus dirigentes si no pasaba a un modelo laboral. La compañía también explicó que operaría íntegramente con subcontratas, sin empleados directos, justo el modelo que cuestiona el Supremo con su sentencia de marzo.