El PP se compromete a convocar elecciones si prorroga los Presupuestos en dos ocasiones | Economía

El Partido Popular ha presentado su programa electoral trufado de propuestas económicas. Destaca el compromiso de convocar elecciones si incurren en dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado. El actual Ejecutivo no ha logrado aprobar unos Presupuestos en toda la legislatura pese a que la Constitución recoge la obligación de presentarlas cada ejercicio. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo dice que hará “las reformas necesarias para que una segunda prórroga consecutiva provoque la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones”.

El programa entra sutilmente en el debate que ha vuelto a la palestra tras el accidente ferroviario de Urda. “Los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política”, explica el PP. Asimismo, dentro de un capítulo que promete reducir la estructura política, el plan asegura que se revisarán “todas las participaciones empresariales del Estado”, para vender aquellas que “no respondan a un interés público o estratégico acreditado”. El hólding público, SEPI, tiene en estos momentos un 10% de Telefónica; un 27,99% de Indra o un 20% de Redeia, entre otras. En una entrevista al diario Expansión, Núñez Feijóo dijo no entender las razones para que el Estado tenga una participación de Telefónica.

Estas son las principales medidas en otras materias:

Pensiones

Pese a algunas alusiones sobre las dificultades del sistema de pensiones —la portavoz Ester Muñoz dijo que estaba “colapsado”—, el programa no recoge ninguna reforma de calado y la subida de estas prestaciones continuará vinculada al IPC. Sí dice que habrá deducciones en el IRPF para promocionar la jubilación activa. El programa de 249 medidas, tiene algunas ocultas junto al mensaje: “Permanezca atento a la campaña para conocer esta nueva medida”. Uno de estos reclamos está en el apartado de pensiones.

Vivienda

El PP plantea reducir a un máximo de tres meses los plazos de concesión de licencias urbanísticas y facilitar la conversión de oficinas y locales comerciales en viviendas asequibles con el objetivo de construir un millón de viviendas. La propuesta incluye la derogación de la Ley de Vivienda que se aprobó en 2023. En su opinión, la eliminación de las zonas tensionadas y del índice de referencia de los precios del alquiler permitirá que se recupere la seguridad jurídica entre los propietarios y aumente la oferta. En el mercado del alquiler, propone deducciones en el IRPF para los inquilinos en función de sus ingresos e incentivos fiscales para los propietarios que amplíen los contratos tres años más y limiten las subidas de las rentas a porcentajes inferiores al IPC.

Para facilitar el acceso a la vivienda, el partido propone un paquete de incentivos fiscales y financieros dirigido especialmente a los menores de 40 años. Entre las medidas figuran reducir del 10% al 4% el IVA en la compra de la primera vivienda habitual, permitir el fraccionamiento del pago y ofrecer avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble para cubrir la entrada de la hipoteca. También incluye un acuerdo con las comunidades autónomas para reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con la posibilidad de fraccionar el pago. Además, propone ampliar de dos a cuatro años el plazo para reinvertir el dinero obtenido por la venta de la vivienda habitual en la compra de otra y mantener así la exención en el IRPF sobre la ganancia patrimonial.

También plantea crear la “hucha hogar joven”, que será una cuenta de ahorro con una deducción fiscal del 20% de las aportaciones, hasta un máximo de 2.000 euros anuales para la compra de su primera vivienda que ya había propuesto en ocasiones anteriores. El límite de aportaciones sería de hasta 40.000 euros y los beneficiarios podrían acceder a un aval por un importe equivalente.

El programa contempla, además, aplicar un IVA reducido del 4% a las obras de rehabilitación de la vivienda habitual y conceder ayudas para recuperar inmuebles deteriorados o vacíos. A estas medidas se suman las dirigidas a combatir la okupación. El PP propone aprobar una ley que permita ejecutar desalojos judiciales en un plazo de 48 horas, impedir el empadronamiento de los okupantes y eximir a los propietarios del pago de impuestos y suministros básicos, como luz y agua, mientras dure la okupación.

Impuestos

La formación que lidera Núñez Feijóo promete una gran rebaja fiscal focalizada en el impuesto sobre la renta (IRPF). El PP asegura que elevará los mínimos personales del impuesto, actualmente en los 5.500 euros por contribuyente con carácter general, y que rebajará los tipos de los tramos más bajos. A su vez, promete ajustar automáticamente el impuesto para que los perceptores del salario mínimo no tributen y llevar a cabo la deflactación del impuesto para adecuarlo a la escalada de los precios. “Deflactaremos la tarifa y actualizaremos los principales parámetros del impuesto para impedir que la inflación vuelva a utilizarse como una subida encubierta de impuestos”.

También en el IRPF, la formación propone una rebaja progresiva del impuesto para los trabajadores y autónomos jóvenes durante los primeros cuatro años de vida laboral. La idea es fijar una reducción del 100% en el primer año, del 75% en el segundo, del 50% en el tercero y del 25% en el cuarto.

El programa de medidas también plantea importantes cambios en otras figuras tributarias. Mientras persista la actual crisis de inflación, el PP propone un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado y las conservas. En fiscalidad empresarial, el programa promete rebajas en el impuesto sobre sociedades para las empresas que inviertan en maquinaria, equipos, digitalización o ciberseguridad. En cuanto a los gravámenes a la riqueza, la formación prevé dar “un trato fiscal equivalente a las distintas formas de ahorro mientras el dinero siga invertido”.

Bajas laborales

Alberto Núñez Feijóo ha criticado en varias ocasiones el actual sistema y uso de las bajas laborales. En el papel, el PP plantea un modelo de bajas laborales que combina una mayor protección para los casos más graves con un refuerzo del control sobre el resto de incapacidades temporales. El programa propone elevar al 100% de la base reguladora la prestación de los trabajadores con cáncer, enfermedades graves o de larga duración, así como de los autónomos con patologías severas. También contempla bonificar sus cuotas y facilitar la adaptación de sus puestos de trabajo a sus casos clínicos.

Para las bajas comunes, en cambio, el partido pone el foco en combatir el absentismo dando más peso a las mutuas en la evaluación de las incapacidades y facilitando el intercambio de información con la Seguridad Social. Se trata, en cualquier caso, de algo ya acordado en el diálogo social para las patologías en traumatología que las comunidades del PP, salvo Baleares y Cantabria, no están aplicando. También plantea introducir incentivos económicos (sin especificar si serán deducciones fiscales o bonificaciones) para premiar a las empresas que reduzcan las bajas entre sus trabajadores.

Financiación autonómica

En su programa, la formación promete reformar el sistema de financiación, que lleva más de una década a la espera de ser renovado, inyectando más recursos. Asegura que será una tarea prioritaria –“convocaremos la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo”- que se llevará a cabo de “manera multilateral” y que habrá un blindaje del modelo: ningún territorio del régimen común saldrá de ello y no habrá esquemas singulares negociados bilateralmente. Mientras no esté listo el nuevo esquema, el PP se compromete a poner en marcha un fondo transitorio con recursos del Estado.

También garantiza que no habrá fragmentación de la Agencia Tributaria y que se blindará legalmente la caja única de la Seguridad Social.

En cuanto a la deuda autonómica, descarta la condonación planteada por el actual Gobierno, pero se compromete a una reestructuración, un planteamiento que ya recogía la Comisión de Expertos de 2017. En la misma línea, promete “eliminar de forma gradual” los mecanismos extraordinarios de liquidez como el FLA, a medida que las comunidades salgan a los mercados. También se compromete a respetar la autonomía fiscal de las comunidades para que puedan decidir si bajar o subir sus impuestos.

También se compromete a un nuevo sistema de financiación local, en el cual los ayuntamientos que faciliten suelo y vivienda asequible serán premiados, y a que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros. Asegura que reformará la ley de residuos, ayudará a los municipios más endeudados, a los más pequeños y a los territorios insulares y ultraperiféricos.

Energía

El programa promete dar marcha atrás al calendario de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Para ello, plantea tramitar durante los primeros 100 días de Gobierno la extensión de su vida útil, siempre que cuente con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. La propuesta pasa por reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para dar cabida a una combinación de energía nuclear, renovables, almacenamiento y tecnologías de respaldo, que competirían en igualdad de condiciones en las subastas y en el acceso a las ayudas. También contempla aprobar una estrategia nacional de energía nuclear y participar en las iniciativas europeas para desarrollar reactores avanzados y pequeños reactores modulares.

En paralelo, el documento promete reducir la factura eléctrica mediante la eliminación del impuesto del 7% a la producción de electricidad (un gravamen que ya está en proceso de desaparición definitiva desde el pasado junio). También plantea crear una Tarifa Social Única para los hogares vulnerables, que sustituiría y ampliaría los actuales bonos eléctrico y térmico. En materia de infraestructuras, el plan se compromete a desbloquear el acceso a la red para nuevos proyectos industriales y tecnológicos en un plazo de 18 meses y a reforzar la seguridad del sistema eléctrico para evitar nuevos apagones.

Infraestructuras

El programa plantea un Plan Nacional de Infraestructuras que movilice más de 300.000 millones de euros entre el sector público y el privado en los próximos 15 años, destinados a “impulsar autovías y redes viarias, alta velocidad y Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas”. El texto pone especial énfasis en el transporte ferroviario y la alta velocidad, anunciando una renovación de las vías y trenes más antiguos e intensificando el mantenimiento, empezando por el corredor de alta velocidad en Andalucía. El PP también asegura que actuará en las redes de Cercanías y Rodalies y acelerará los tramos pendientes de los grandes corredores ferroviarios.

El partido asegura que desplegará un programa de conservación para los más de 26.500 kilómetros de carreteras estatales, mejorará el acceso a los puertos y la saturación en los aeropuertos e impulsará el despliegue del 5G y la implantación de puntos de recarga. Dentro del Plan Nacional de Infraestructuras, proyecta un pacto nacional del agua que movilice hasta 40.000 millones hasta 2030.

Con información de Belén Carreño, Laura delle Femmine, Denisse López y Pablo Sempere