El Gobierno y Bildu acuerdan extender a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables | Economía

EH Bildu ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para “mantener el escudo social” el año que viene. Según ha detallado el grupo vasco, el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un decreto con las siguientes medidas: la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables; la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas); y la prórroga del bono social eléctrico. Bildu reivindica que estas medidas iban a vencer el próximo 31 de diciembre y que han acordado que se prorrogarán al menos durante todo 2026.

“El mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales. EH Bildu pone en valor el acuerdo conseguido tras las intensas negociaciones de las últimas semanas, ya que permitirá seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas”, sostiene Bildu en un comunicado.

La última prórroga de la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional también estuvo marcada por el impulso de EH Bildu. El 26 de diciembre de 2023, el grupo vasco anunció un acuerdo con el Ejecutivo para que el decreto de ayudas anticrisis que aprobó entonces el Consejo de Ministros incluyese esta medida. En aquella ocasión, también se pactó la prórroga de la limitación en el corte de suministros básicos.

“Con este acuerdo volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguiremos trabajando en esa línea”, dice la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en declaraciones remitidas por su grupo parlamentario.

Menos desahucios

Los desahucios de vivienda en España registraron una rebaja del 11,6% durante el segundo trimestre, con respecto al mismo periodo de 2024, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. En total, se produjeron 6.960 lanzamientos (como se denomina en argot jurídico a los desahucios) y la mayoría de ellos, tres de cada cuatro (el 76%), fueron como resultado de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esto es fundamentalmente por conflictos provocados por el impago de los alquileres. Mientras que el 17,4% se dieron como resultado de ejecuciones hipotecarias, y los restantes (444 en número absolutos) por otras causas.