Cuando un ‘no Presupuesto’ es tan útil como el Presupuesto | Opinión

La heterodoxia a la que Sánchez ha sometido la práctica política en España en los últimos ocho años le ha convertido en un auténtico chamán de la materia presupuestaria. Puede gobernar con un Presupuesto propio, se ciña a su cumplimiento ulterior o no; puede funcionar con uno hecho por sus adversarios políticos, como cuando abrazó con entusiasmo el de 2018 elaborado por el PP y que el PSOE rechazó con vehemencia; y puede desenvolverse hasta una legislatura completa sin ni siquiera presentar un proyecto de cuentas públicas. Pero puede también esgrimir un Presupuesto como arma de doble filo: para 2027 quiere llevar un proyecto al Congreso antes de octubre, y pretende utilizarlo en su beneficio político tanto si el Congreso lo valida como si no lo hace.

Con Presupuesto, el año próximo arrancaría con el gasto más expansivo de la historia para buscar ventaja política en un inaplazable año electoral; con No Presupuesto, tendrá el presidente del Gobierno la perfecta excusa para anticipar unos meses los comicios y esquivar la causa verdadera que le ha desnudado parlamentariamente, sin perder por ello la eficacia como señuelo electoral, como capote y muleta discursivas con los que estimular adhesiones políticas.

Lo cierto es que la ley de Presupuestos ha sido siempre cosa seria en la política nacional, funcionando como auténtico motor de la vida política y económica, así como principal herramienta uncidora de legitimidad de los gobiernos. Pero ha sido en los últimos años tan manoseada y violentada que ha perdido buena parte de sus propiedades legitimadoras para la política y terapéuticas para la economía. Sigue decidiendo los ingresos públicos por valor del 43% de la producción nacional, y los gastos por el 45% de la misma, y debería ser de obligado cumplimiento su aprobación en las Cortes para evitar que los impuestos fuesen una expropiación sin soporte legal y los gastos un arbitrismo en manos de quien los administra. Pero su ultraactividad y la prórroga automática de sus contenidos en ausencia de consenso parlamentario lo han convertido en un comodín político para los gobiernos.

Las expectativas de los particulares, individuales o corporativos, de cuánto tengo hay que aportar a la caja común y de cuánto hay que esperar que proporcione la redistribución ulterior, han dejado de depender de la ley nuclear de la política económica, para estar regidas por disposiciones que gravitan alrededor de ella, como las leyes que regulan los impuestos, la revalorización de las pensiones, o los sueldos de los funcionarios. Solo unas pocas partidas están inseparablemente ligadas a la aprobación de los Presupuestos, pero el manejo unilateral de las modificaciones de créditos deja también en papel mojado tal ligazón.

En los últimos tres años, con tres prórrogas sucesivas del Presupuesto de 2023, el más longevo de la historia, se han intensificado las modificaciones y los bailes de dinero de unos programas a otros, sin más control que el que pueda ejercer técnicamente la Intervención General del Estado, y que complican el análisis de la política de gastos de las administraciones públicas, tal como ha censurado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su labor fiscalizadora de los dineros públicos.

Desde la Transición las prórrogas han sido moneda común de la política económica, pero nunca de forma tan abusiva como ahora. En muchos casos, la prórroga de las cuentas era accidental, y servía para cubrir legalmente la ausencia de Presupuesto hasta disponer de uno nuevo mediado el ejercicio. Desde 1978 se han prorrogado las cuentas estatales una docena de veces: 1979, 1983, 1990, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 y 2026. Tres de las ocasiones, como símbolo de la falta de mayoría parlamentaria, en los tres últimos años, en los que se han practicado prórrogas de las prórrogas, y que podrían reproducirse en 2027 casi con total seguridad.

Las urgencias de la sociedad española que solo pueden ser atendidas por la política económica son muchas y de elevado rango, y solo pueden ser afrontadas con una ley de Presupuestos rigurosa y consensuada. Debería aspirarse a programas presupuestarios plurianuales, quizás de la dimensión de las legislaturas, para poder atender urgencias que no se resuelven en un año y ni siquiera en una legislatura solvente, pero menos en una huera como la que agoniza ahora. Pero la polarización política y la construcción de mayorías endebles, frankensteinizadas y volubles, y conformadas por partidos con intereses diferentes, contradictorios y excluyentes, lo hacen imposible. Fiados en un crecimiento elevado pero engañoso por sus bases arenosas, se desatiende el futuro del descomunal gasto del envejecimiento demográfico; se orillan las necesidades inversoras para renovar con iniciativa pública y privada el aparato productivo del país que proporcione la riqueza necesaria; se eluden las necesidades de reformar integralmente el modelo educativo y formativo que exige la digitalización de la economía y la competencia industrial de Oriente y de Occidente; se esquiva el compromiso mutualizado de la defensa en una geopolítica que ha mudado en paz caliente la guerra fría; en definitiva, se vive al día de hoy esperando que alguien proveerá mañana.

Gobernar es gastar

En esta tesitura, el Gobierno, que ha perdido la mayoría parlamentaria hace mucho tiempo, ni siquiera ha cumplido con su obligación constitucional de llevar un proyecto de Presupuestos al Congreso en los tres últimos años. Y ahora, cuando el respaldo político al Partido Socialista es más débil y su soledad más explícita por la epidemia de corrupción que le carcome, y que tiene reflejo en sentencias condenatorias firmes y en casos judiciales abiertos en casi todos los escalones de las instancias judiciales por casos de diferente naturaleza, algunos de ellos desconocidos hasta ahora en la democracia española, ahora defiende, con la convicción que antes le ha faltado, la necesidad de unos Presupuestos.

Si logra aprobarlos, harto improbable, prolongará la legislatura hasta el último día hábil, y si no lo consigue, convocará elecciones para diciembre o para febrero. El proyecto, a juzgar por el techo de gasto no financiero del Estado propuesto por España (el ministro de Hacienda), subiría un 6,6%, hasta el récord de 226.000 millones de euros, en un pretendido ejercicio propagandístico que combinaría rigor fiscal con el gasto más expansivo de la historia, dos condiciones casi excluyentes. Concentrará los estipendios en las partidas sociales (pensiones, funcionarios, becas, sanidad, dependencia, subsidios, etcétera) para utilizarlo como palanca electoral, tanto si logra aprobarse como si no, y capturar así voluntades de los colectivos más numerosos del país. A fin de cuentas, gobernar es gastar, y de eso saben todos los gabinetes de todos los colores; otra cuestión es saber compatibilizarlo con el rigor que exigen Europa y los mercados financieros para hacer sostenible la vertical de deuda pública. Pero para atender esa cuestión, como decimos en Castilla, el que venga detrás, que arree.

Y si en vez de Presupuestos hay No Presupuestos, será, como ya se ha escrito en estas páginas, la falsaria coartada para ir a elecciones, en vez de por esas menudencias judiciales que provoca la corrupción que anega al Partido Socialista, al Gobierno y a los afectos de su presidente, y que han minado la fe de unos socios parlamentarios tan flexibles para la contorsión que hasta ahora han mostrado inimaginables condiciones para tragar y hacer tragar carros, carretas y todo tipo de chatarra política.