Bruselas se reserva la aprobación del último pago del plan de recuperación hasta el día después de las elecciones | Economía

La Comisión Europea retrasará hasta el último minuto hacer pública la evaluación del séptimo pago del plan de recuperación para que no coincida con la campaña electoral. El plazo para que Bruselas dé el visto bueno al último y más cuantioso desembolso del programa, hasta 25.861 millones de euros (aproximadamente el 30% del total del programa), se acaba el 30 de noviembre, un día después de la cita electoral. Aunque varias fuentes involucradas en la negociación dan por sentado que el proceso evaluador culminará antes de las elecciones, Bruselas ya ha advertido al Gobierno de que se reservará publicar la opinión que activa el pago hasta el día después.
“La Comisión Europea tiene el objetivo de acabar las evaluaciones de las solicitudes de pago de todos los países antes de acabar el mes”, apunta un portavoz del Ejecutivo de la UE, que, al mismo tiempo, asume que en esa frase se incluye el 30 de noviembre. En una comparecencia del 1 de octubre ante el Congreso español, pocos días antes de la convocatoria anticipada e inesperada de elecciones, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desgranó el calendario del procedimiento del pago ante los diputados y les aseguró que esperaba “la evaluación preliminar hacia mediados de noviembre”.
Aunque el resultado se decante al bloque de la derecha, el lunes de resaca electoral el Gobierno de Pedro Sánchez aún estará en funciones, así que será el encargado de recibir la nota de corte del examen más importante de todo el plan. En evaluaciones anteriores, se dejaba la posibilidad de “repetir” algunos suspensos enmendando el objetivo no cumplido o presentando otras evidencias, hasta seis meses después de emitida la opinión. Fue el caso, por ejemplo, del hito 167 que medía la digitalización de las comunidades autónomas comprometido en el quinto pago. Bruselas y Madrid discreparon, y finalmente se dio el visto bueno y parte del dinero se desbloqueó en el sexto pago.
En este caso, el examen es casi a muerte súbita. Lo que decida Bruselas sobre los hitos no tendrá posibilidad de ser rectificado más por el Gobierno, lo que está haciendo que se lleve a cabo una negociación “muy dura”, en palabras de una de las fuentes negociadoras que no pueden revelar su identidad por razones de confidencialidad.
La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, amadrinó estos fondos que han sido el gran proyecto de su primer mandato. La capacidad de los Estados de consumir las cifras asignadas, en el caso de España e Italia astronómicas, marca el éxito de un desafío muy personal. Para lograr que España digiriera el torrente de liquidez, hasta 80.000 millones de euros en subvenciones y cerca de 21.500 millones en préstamos, se ha renegociado en varias ocasiones el programa inicial, flexibilizando los hitos y condiciones y admitiendo la renuncia a los créditos que le habían sido adjudicados. Esto también ha provocado cierto agotamiento entre los examinadores, que ya han adaptado lo suficiente las exigencias para que España cumpla de forma holgada, y no quieren seguir levantando la mano en el examen final.
Aunque el Gobierno ya no podrá recuperar dinero bloqueado después del 30 de noviembre, el Ejecutivo de la UE sí que tiene capacidad de pedir el dinero de vuelta si se revierte alguna de las reformas compensadas. El reglamento deja sin fecha límite esa posibilidad, lo que podría implicar que futuras reformas de otra Administración que deshicieran lo pactado con Bruselas fueran penalizadas y se les abriera un procedimiento por incumplimiento reclamando el dinero ya pagado a España.
En un reciente informe del think tank de los bancos españoles, Fedea, se plantea que el decreto Maricarmen supone una reversión del hito de vivienda al drenar casas del mercado, (algo que han aducido los fondos de inversión y las agencias inmobiliarias ante el endurecimiento de algunos tipos de alquiler). Según los autores del informe, la Ley de Vivienda de 2023 (que fue la que se evaluó en cuarto pago) no ha conseguido el objetivo marcado, que era la “no limitación de la oferta de vivienda”. Pero, además, consideran que la renuncia a los créditos dejó sin fondos al programa de construcción social de vivienda. No hay constancia de que el actual equipo evaluador europeo haya tomado en serio esta posibilidad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí ha dicho que derogará la Ley de Vivienda si forma Gobierno.
El hito más destacable que se ha revertido hasta el momento es el relacionado con la reducción del número de interinos. Bajo el epígrafe 144 se pedía que España implementara “una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, estableciendo medidas eficaces para prevenir y sancionar el uso abusivo de los nombramientos temporales”. Esta reforma debía cumplir con el Acuerdo Marco sobre el trabajo temporal de la directiva europea sobre esta materia. Los fondos asociados por valor de 626,6 millones son no reembolsables.
Uno de los hitos que corresponden a este último pago estaba vinculado a la aprobación de la Ley de Lobbies, que decayó en el Congreso, por lo que con toda probabilidad Bruselas descontará, al menos, 260 millones del pago final. Inicialmente, y antes de los enjuagues para acomodar el desempeño del plan a la realidad, la reforma asociada a mejorar la transparencia y las relaciones con los grupos de interés suponía hasta 1.500 millones de euros.
Consejo extraordinario
Apenas 48 horas antes de las elecciones generales, los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas que tiene como plato fuerte hablar del presupuesto europeo y de las ayudas a Ucrania. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, Von der Leyen y Sánchez podrán, también, rematar la evaluación del plan que siempre despierta fricciones entre los equipos negociadores y que encallan en cuestiones técnicas aunque la evaluación general del pago ya estará terminada.
La evaluación en juego revisa 148 hitos y objetivos, lo que supone un 30% del total adjudicado a España, del total de 101.300 millones de euros. Desde el 31 de agosto ya no se puede poner ni un clavo a los programas comprometidos, y estos meses se ha procedido a la recolección de documentación que verifique ante los funcionarios europeos que se ha hecho lo acordado. El final del plan preocupa por la posibilidad de que se entre en una atonía inversora en 2027, hasta que en 2028 arranquen los nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea, que recuperarán de alguna forma el testigo de este programa expansivo e histórico.
