Almaraz, ¿una prórroga vergonzante? | Empresas

La decisión de autorizar la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, que el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el pasado 12 de agosto y se publicó en el BOE dos días después, ha sido adoptada de un modo “un tanto vergonzante”, según distintas fuentes. Aunque el sí estaba prácticamente acordado desde que, en noviembre del año pasado, las empresas titulares de la planta (Iberdrola, Endesa y Naturgy) se limitaran a pedir la prórroga hasta junio de 2030 (dos años para el primer grupo de Almaraz y tres para el del segundo grupo) en lugar de los 10 que pretendían las dos primeras compañías, y lo hicieran renunciando a cualquier rebaja fiscal, el departamento que dirige Sara Aagesen había optado por transmitir una posición de dureza y fomentar la sombra de la duda.

Así se ha mantenido hasta el final, después incluso de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictaminara el pasado julio en favor de la continuidad solicitada por las empresas (más concretamente, de certificar que no existían problemas de seguridad e imponer algunas condiciones sin relevancia). De hecho, si la decisión del ministerio no ha supuesto ninguna sorpresa para las afectadas, sí lo ha sido la fecha elegida: en pleno mes de agosto. Fuentes políticas aseguran que se trataba de dejar a los socios de Gobierno (o, mejor, a su electorado) sin capacidad de reacción, aunque consideran que las precauciones han podido resultar excesivas, pues la breve ampliación de vida de Almaraz “se daba por descontada”, y no necesariamente es una señal clara de cuál será el futuro del parque atómico español, cuya clausura definitiva está prevista (aunque no de manera vinculante, como se ha podido comprobar con la planta cacereña) en 2035, con el cierre de Trillo (Guadalajara).

Pero, en su afán de no irritar a los sectores antinucleares y ocultar el pecado de permitir que Almaraz siga produciendo energía unos años más, tanto en la orden ministerial publicada el viernes como en su comunicado de prensa, el ministerio reitera una y otra vez que se trata de un permiso “limitado” y “coyuntural”, como si las autorizaciones que se dieron en su día al resto de las centrales no lo fueran, aunque por 10 años.

Transición Ecológica también subraya que, si se ha permitido ampliar la vida de Almaraz, es porque cumple con todas las medidas de seguridad para operar, tal como ha dictaminado el CSN, cuando se trata de una condición sine qua non: esto es, si el organismo hubiese dicho que no es segura, el ministerio no habría tenido ningún recurso legal para autorizar su operación. Salvo el extraño antecedente de la central burgalesa de Santa María de Garoña (cuyo final se convirtió en un culebrón que duró 10 años), cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidió su cierre en diferido (lo aprobó en 2009 para ser ejecutado en 2013, pese a haber recibido el visto bueno del CSN), lo que dejó la decisión final al Partido Popular, que ganó las elecciones por el camino (en 2011), ningún Gobierno ha negado a una nuclear permisos temporales para operar.

En un sentido contrario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha repetido la jugada: aunque en el PSOE hay una amplia corriente interna partidaria de preservar las nucleares existentes durante unos años más (otra cuestión bien distinta sería la construcción de alguna nueva), como ya hizo Rodríguez Zapatero, el Gobierno gana tiempo o le deja la tarea a un futuro Gobierno del PP. En el sector energético nadie apostaba por que el ministerio fuese a decretar el cierre de los dos reactores de Almaraz en 2027 y 2028, especialmente, tras el apagón eléctrico que sufrió la Península Ibérica en abril de 2025.

El apagón, la clave

Y si ha habido algún motivo para la decisión final adoptada por el Gobierno ha sido el papel de las nucleares frente a la inestabilidad del sistema que dejó en evidencia el blackout. Desde entonces, Red Eléctrica viene aplicando la llamada operación reforzada, que consiste en la programación masiva de energía síncrona (especialmente, las centrales de gas, pero también la nuclear) para el control dinámico de tensión que las renovables no ofrecen. De hecho, tanto Almaraz como Ascó mantienen abierto un expediente sancionador por infracción muy grave por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una infracción muy grave tras varias paradas esporádicas por razones económicas, a las que ni REE ni el ministerio ni el propio regulador se habían opuesto. Pero el apagón lo cambió todo.

A pesar de ello, el Ministerio de Transición Ecológica, ha preferido justificar su decisión en la necesidad de frenar la volatilidad de los precios energéticos derivada de las guerras de Irán y Ucrania (seguridad, garantía de suministro y coste cero para los consumidores), cuando había venido sacando pecho por los bajos precios de la electricidad en España respecto al resto de países europeos tras el conflicto, gracias a su apuesta por las renovables. Y cuya producción, por cierto, no se verá afectada por la ampliación de Almaraz, deja patente la orden ministerial.

Pero, si la verdadera noticia habría sido la negativa del ministerio a permitir su ampliación, no lo será menos cuando a la vuelta de la esquina (a partir de 2028) las propietarias de la planta cacereña tengan que volver a preparar la documentación para solicitar una nueva prórroga por 10 años a partir de 2030. En ese caso, el final del permiso de prórroga ahora aprobado coincidirá con el que deberá pedir Cofrentes, propiedad de Iberdrola.

Aunque los partidarios de que las nucleares españolas funcionen hasta 60 años (80 ha llegado a pedir el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán), frente a los 40 años de ahora, están convencidos de que así lo admitirá un Gobierno del PP, las eléctricas no confían del todo en ello. No en vano, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que creó en 2013 el polémico impuesto sobre el combustible nuclear gastado, contra el que luchan las compañías. Y ha sido el propio Gobierno popular de Extremadura, ferviente defensor de Almaraz, el que se ha resistido a eliminar la ecotasa que grava la producción de esta central.