‘Expediente Caixa’: una legislatura para encarrilar la operación salida del Estado
La fecha marcada en rojo en el calendario es diciembre de 2027. Ese el momento en el que el Gobierno de turno debe decidir si permanece en las entrañas de CaixaBank o pone fin a la anomalía que supone que el Estado, contra toda ortodoxia y pese a las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE), atesore un porcentaje de doble dígito en el capital de un banco privado. Se trata de una participación derivada de la valoración de la antigua Bankia, una vez fue absorbida en 2021 por el imperio de las Torres Negras que comanda Isidro Fainé. La inyección de fondos públicos para rescatar la otrora Caja Madrid había ascendido a 22.400 millones de euros en 2012, en lo más duro de la crisis inaugurada por el hundimiento de Lehman. La cifra, empero, se elevaba por encima de los 24.000 millones si se tienen en cuenta las entregas adicionales efectuadas para sostener Banco Mare Nostrum (BMN), firma que terminó integrándose en el grupo. El plazo inicial de cinco años que se pactó para articular un plan de salida del Estado terminó prorrogándose otros tres, hasta el 2019. La cosa no quedó ahí, en tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó cuatro prórrogas más de dos ejercicios cada una, la última de las cuales expira a finales del año próximo. El mantra siempre fue esperar hasta recuperar la mayor parte posible del dinero desembolsado. La verdad es que los números hace tiempo que empiezan a salir.
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