El campo rechaza el acuerdo parcial sobre la PAC y mantiene las protestas este miércoles en Madrid | Economía

“Lavado de cara”. “Impreciso, parcial y preocupante”. “Seguiremos muy vigilantes”. Las expresiones son distintas, pero el concepto es el mismo: el campo español no ha recibido de buen grado el acuerdo parcial al que llegó el Consejo de la UE a última hora del lunes para reformar la Política Agrícola Común (PAC) y mantiene la tractorada prevista para este miércoles ante el Ministerio de Agricultura en el centro de Madrid. La movilización, convocada bajo el lema Dar de comer tiene que dar para vivir, pretende visibilizar el malestar del sector —una vez más a lo largo de estos últimos años— y reclamar medidas urgentes que “garanticen” su “rentabilidad” y “futuro” con la llegada, según los organizadores, de cerca de 500 tractores y miles de agricultores y ganaderos procedentes de todo el país.

La tractorada estaba prevista mucho antes de que el Consejo anunciara su acuerdo, convocada por las organizaciones Asaja, Coag y Unión de Uniones. Solo se ha desmarcado Upa, que ha decidido posponer las movilizaciones por la cercanía de las elecciones generales del 29-N. La lista de reivindicaciones es amplia: un “plan de choque” ante la inflación de los costes de producción, la implantación de un gasóleo profesional agrario, precios justos, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, reciprocidad en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países y, como no podía faltar, una “PAC fuerte y con financiación suficiente” de cara al próximo periodo 2028-34.

El campo aboga por una PAC más redistributiva, rechaza el recorte a los fondos propuesto por la Comisión Europea y se opone a la llamada renacionalización, que otorga a los Estados miembros más margen de decisión —y dependencia de los presupuestos nacionales— sobre una política común europea. Todas estas cuestiones, según el sector, no han quedado despejadas en la posición fijada esta semana por los ministros de Agricultura de la UE, que ahora deberá negociarse con el Parlamento Europeo.

Aunque el responsable español de la cartera, Luis Planas, se ha mostrado “satisfecho” con el resultado alcanzado, argumentando que otorga flexibilidad en la “aplicación nacional” de la política y aleja su renacionalización, queda pendiente fijar la futura dotación económica de la PAC. La cuestión no es baladí: la cuantía de los fondos está supeditada a la decisión de la Comisión, que ya ha propuesto un recorte del 22% en este apartado dentro del presupuesto comunitario 2028-2034.

“No entendemos el motivo de celebración por el acuerdo parcial de la PAC cuando la principal cuestión, que es la presupuestaria, no está definida ni aclarada”, valora el director general de Asaja, José María Castilla, en una declaración remitida a los medios. “Los agricultores estamos asfixiados tanto por el gasóleo agrícola como por los fertilizantes, el precio de las semillas, la energía. Por lo tanto, necesitamos un paquete económico ya”. “Los ministros han acordado las reglas del juego, pero no cuántas fichas habrá ni quién se las lleva”, agrega su homólogo en Coag, Andrés Góngora, en una nota difundida este martes por la organización.

También Upa ha cargado contra el acuerdo del Consejo. “Se ahonda en la decisión de reformar la PAC para hacerla menos común y menos europea”, señala en un comunicado. Coag se pronuncia en el mismo sentido: “Las condiciones de los agricultores dependerán cada vez más de la capacidad presupuestaria de cada Estado y el dinero sigue sin estar sobre la mesa”.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, defiende que el actual Gobierno es “el que más ha apoyado al sector agrario”, tanto vía ayudas extraordinarias —por ejemplo, el escudo desplegado para mitigar el alza de costes causada por la guerra en Irán— como a través de apoyo a las inversiones para modernizar explotaciones y mejorar infraestructuras. Argumenta que se están incrementando los controles de las importaciones, se ha avanzado en simplificación y flexibilización burocrática y recuerda que la posición del Ejecutivo sobre la PAC tiene el respaldo de todas las comunidades y las cuatro organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de España, y pide unidad ante una negociación “clave”.

Reivindicaciones

El sector agrario ve imposible desarrollar la actividad de forma rentable y, en consecuencia, avanzar hacia una agricultura y ganadería sostenibles. Por ello, reclama al Gobierno un plan de choque que mitigue unos costes de producción al alza —energía, abonos o carburantes— y defiende la aplicación de la llamada cláusula espejo, por la cual los productos importados deben cumplir las mismas exigencias comunitarias en materia de calidad, uso de fito o zoosanitarios, y mano de obra.

También considera imprescindible que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, para que agricultores y ganaderos perciban una retribución justa, en base a unos costes medios, y que de la misma se puedan beneficiar también los consumidores, evitando que algunos eslabones de la cadena de producción y distribución se lleven la mayor parte de los beneficios. El campo pide igualmente reducir la burocracia, y que el respeto de las medidas agroambientales no suponga una asfixia del sector.

También se reclaman políticas que promuevan el rejuvenecimiento de los activos y un relevo generacional. La edad media de los trabajadores del sector se sitúa en los 55 años; un 41% tienen más de 65 años y solo un 4% tienen menos de 35. Todo ello, acompañado de otras medidas complementarias como las políticas de acceso a la tierra, sistemas de arrendamiento, financiación, formación o sistemas de sucesión y más apoyo al medio rural en términos de servicios básicos.

El seguro agrario es otro eje considerado fundamental en la política de rentas, y el sector aboga por menos primas, más subvenciones, un aumento de las coberturas y coto a las franquicias de las entidades aseguradoras. También reclaman mecanismos de ahorro en el uso del agua, con una mayor planificación de los riegos, o políticas más coordinadas para sofocar incendios y mayor prevención y limpieza de los terrenos forestales.