Facturas, centros de datos y subastas: la energía en la encrucijada electoral | Empresas

El Real Decreto-ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de septiembre, en paralelo a los dos polémicos decretos sobre vivienda, ha quedado eclipsado tras el huracán provocado por el rechazo de estos dos últimos en el Congreso, lo que ha llevado al presidente Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

El Gobierno había optado por separar la agria cuestión de la vivienda de las medidas energéticas incluidas en dicho real decreto, que ahora deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, donde el Ejecutivo lo tiene más fácil al no requerir del apoyo de Junts. En cualquier caso, fuentes políticas consideran que, de haberse llevado al Pleno, sin mediar la convocatoria electoral, esta norma del bloque energético habría salido adelante, pues no deja de incluir medidas para frenar las subidas de la luz, el gas y los carburantes, y es una prórroga de la aprobada en marzo, tras el conflicto desencadenado por Estados Unidos en Irán que ha provocado subidas desorbitadas de los precios de la energía.

El Gobierno tiene la intención de agotar el plazo de 30 días para llevar esta norma a la Diputación Permanente, esto es, en tres semanas, y acercarse lo más posible a la fecha de las elecciones. Y, en cualquier caso, en una sesión distinta a la de la convalidación de los nuevos decretos de vivienda aprobados de nuevo, con algunos cambios, en el Consejo de Ministros de ayer.

Hay cierto consenso en que las medidas energéticas incluidas en el real decreto contra la crisis son poco atrevidas; el coste para las arcas públicas escaso y que nada tienen que ver con las adoptadas en su día contra el colapso energético derivado de la Guerra de Ucrania, en que se echó un pulso a Bruselas con medidas dirigidas a recortar los beneficios llovidos del cielo que el conflicto proporcionó a las grandes energéticas, como la llamada excepción ibérica, la minoración del gas o el impuesto sobre los ingresos a eléctricas, petroleras y bancos.

En este caso, el Gobierno no se ha atrevido, como hizo en 2021, a bajar lisa y llanamente el IVA de la luz del 21% al 10% o el Impuesto Especial de la Electricidad del 5% al 0,5%, sino que ha condicionado estas rebajas a que los componentes energéticos del IPC superen el 15% interanual. Algo improbable, a la vista de la evolución de este índice: en agosto respecto a agosto del año pasado el IPC de la electricidad fue del 9%. Otro tanto ocurre con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, aunque en este caso, todo apunta a que podría bajar, pues su precio en el IPC está disparado: un 16,9% las gasolinas y un 30,3%, el gasóleo, el pasado mes de agosto.

Mención aparte merece el tope de la tarifa regulada del gas natural que, de no haberse intervenido la fórmula de revisión trimestral, habría subido por encima del 50% el 1 de octubre. Aunque el Gobierno ha limitado el alza de la TUR para los dos próximos trimestres, el Estado no asumirá el déficit que se genere en ese periodo (más de 200 millones de euros), sino que lo pagarán los mismos consumidores a partir de abril (rebaja de invierno a pagar en verano). Además, el tope no será de una subida media del 15%, como señaló la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, sino del 16,5%, según la resolución aprobada el 30 de septiembre. Concretamente, de los tres tramos de la TUR, el de menor consumo (hasta 5.000 kWh anuales) sube un 14%; el más habitual (entre 5.000 y 15.000 kWh), un 17%; y el de consumos hasta 50.000 kWh, el 19%.

En el aire

Salvadas estas medidas relativas a los precios, aunque sean puramente paliativas y coyunturales, el adelanto electoral y un hipotético cambio de Gobierno dejan en la encrucijada varias cuestiones, algunas relevantes. Un misterio es si al Gobierno le dará tiempo a convocar las subastas de capacidad, tan esperadas por el sector eléctrico, una vez aprobado, el pasado 16 de septiembre, el real decreto que las regula y que requirió de la autorización de la Comisión Europea. Otro tanto ocurre con las subastas de cogeneración. Las subastas de pagos por capacidad (que beneficiarán especialmente a las centrales de ciclo combinado y en las que hay en juego 9.000 millones en 10 años) se deben convocar mediante orden ministerial, las realiza el operador del sistema, Red Eléctrica, y las supervisa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Sea como fuere, la celebración de estas subastas llegará tarde o temprano, algo que no queda claro en el caso de la regulación de los centros de datos, que los tres ministerios implicados (Economía, Transición Ecológica y Transformación Digital) aprobaron a finales de agosto y que se tramita por vía de urgencia. Muy contestada por las compañías eléctricas, la propuesta establece que el 80% de la energía que consuman los centros de datos cada hora sea de origen renovable, para evitar que encarezcan el precio de la luz en un sistema de precios marginalista. Una exigencia, según los críticos, que impedirá el desarrollo de estas instalaciones. Con los preceptivos informes de los ministerios implicados, el de la CNMC y el CES prácticamente listos, quedaría el correspondiente al Consejo de Estado. Con más o menos margen de tiempo, fuentes políticas aseguran que “la voluntad del Gobierno es aprobar este decreto”.

Más avanzado y a falta de pasar por el Consejo de Ministros se encuentra el plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad 2025-2030, que va a suponer una inversión de más de 17.000 millones de euros, la mayor en redes eléctricas abordada hasta ahora y un 30% más de lo planteado inicialmente. En estos momentos, el Gobierno, “por cortesía”, está presentando esta planificación a las comunidades autónomas antes de aprobarla en Consejo de Ministros.

Siendo el de Transición Ecológica un ministerio “muy regulatorio”, también tiene en el cajón otras medidas menores relativas a autoconsumo, comunidades energéticas o biocombustibles. El próximo mes también debe hacer su propuesta de revisión de los cargos de la factura eléctrica (con los que se financia la deuda del sector, las primas de ciertas renovables o la subvención a los sistemas extrapensinsulares), que regirán a partir del 1 de enero.