El Gobierno pretende aprobar la nueva regulación de los centros de datos antes de las elecciones | Economía

El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despertado nuevas inquietudes y expectativas entre grandes inversores internacionales y algunas de las mayores tecnológicas del mundo con intereses en centros de datos en España. Varias fuentes del sector próximas a los promotores de los data centers destacan que el anuncio de disolución de las Cortes ha provocado una oleada de consultas por la situación en que queda ahora la tramitación del decreto que pretende imponer nuevas exigencias a los proyectos de gigantes como Amazon, Microsoft, Google, Blackstone, ACS o Merlin Properties, entre otros.

Aunque desde el sector buscan mantener ahora un perfil bajo y quieren que la norma quede fuera del debate político, otras fuentes al tanto de la situación aseguran que el objetivo del Gobierno es mantener la hoja de ruta prevista y aprobar la nueva normativa, que se tramita por vía de urgencia. El planteamiento es hacerlo en Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre. Es decir, que el Ejecutivo va a buscar que el decreto llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE) y no duerma el sueño de los justos en el cajón del Ministerio de Transición Ecológica.

Existen varios elementos a tener en cuenta que permiten al Ejecutivo cumplir con sus planes. Al tratarse de un decreto sin rango de ley, no necesita de la aprobación del Parlamento. Una de las cuestiones que genera más incertidumbre son los plazos de tramitación, ya que el proyecto de real decreto tiene que cumplir varios hitos procedimentales obligatorios. Las fuentes consultadas señalan que el dictamen que debe hacer sobre el decreto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha sido aprobado en pleno la pasada semana. Aunque su contenido no es vinculante, el trámite sí es obligatorio. La CNMC reivindica en su informe algunas competencias que podría haberse arrogado Transición Ecológica sobre el acceso y conexión a la red, además de advertir de que se le dan materias de supervisión que estarían fuera de sus atribuciones.

Una vez este dictamen sea incluido en el expediente, el Gobierno mandará su texto al Consejo de Estado, para que haga su valoración jurídica de la norma. De nuevo, las recomendaciones del órgano que preside Carmen Calvo no tienen un carácter vinculante, aunque su criterio suele ser tenido en cuenta por el Gobierno. Sea como fuere, no se espera que este último trámite se demore demasiado.

Además, Moncloa está siendo uno de los principales impulsores de esta norma. A finales de septiembre, el Gobierno presentó su Plan para el Despliegue Responsable de la IA, denominado IA 360. En el mismo ya señalaba que el proyecto de real decreto estaría aprobado en octubre de 2026. Ahora, fuentes al tanto del proceso señalan que ese hito público no es casual. Según señalan, el Ejecutivo podría haber incluido la nueva normativa sobre centros de datos como un compromiso adicional ante Bruselas para lograr el séptimo y último pago de fondos europeos. Este y otros compromisos vendrían a sustituir algunos hitos en materia medioambiental a los que renunció España, como elevar la tributación al diésel. De ser así, España tendría que aprobar la norma antes de los comicios. Aún así, el elevado número de alegaciones -más de 600- hace que se puedan retrasar algo los plazos, según entienden algunos responsables dentro del Ejecutivo.

Pero además de las razones técnicas y burocráticas, existen razones de corte político. Fuentes próximas a Moncloa señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la bandera frente a la denominada tecno-oligarquía y la regulación de los centros de datos sería parte de ese discurso. De hecho, en la declaración institucional antes de anunciar elecciones este lunes, Sánchez ha entrado en ese debate. El propio presidente del Gobierno publicó una columna en la agencia internacional de noticias Bloomberg el pasado 17 de septiembre, en la que defendía la intervención del Estado ante esta industria, clave para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Sea como fuere, los propios inversores de los data centers creen que ahora no es momento de entrar al choque, después de las fuertes críticas lanzadas a principios de septiembre, poco después de que se conociera la norma en ciernes. Tanto desde el lado empresarial como de otros más cercanos a los reguladores coinciden en que la normativa final que se apruebe será suavizada en aspectos clave, como las exigencias de alimentar los centros de datos con energía renovable un 80% de las horas, justificando hora a hora este consumo.

Como ya avanzó este medio, el Gobierno está dispuesto a aligerar la norma inicialmente propuesta, pero sin renunciar al espíritu de la misma, que busca evitar que el aumento del consumo eléctrico acabe cargando la factura de los hogares y la industria, como consideran que ya está pasando en otros países.

Las grandes compañías, por su parte, ven la norma discriminatoria y creen que si no se rebaja provocará reclamaciones multimillonarias y la paralización de inversiones clave en España, que elevan hasta casi 67.000 millones de euros hasta 2030. La cuestión se ha politizado y ha provocado la crítica de dirigentes como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que varios de los proyectos más grandes están ubicados en sus territorios.