El Gobierno enfría la idea de crear un máster y una escuela de opositores para acceder a las categorías de alto funcionario | Economía

En julio de 2025 el ministro de Función Pública, Óscar López, presentó públicamente su intención de cambiar el modelo de selección de los niveles más altos de la Administración. Anunció que los nuevos funcionarios de las categorías superiores (A1 y A2, alrededor de un tercio de los empleados públicos) deberían recibir obligatoriamente un máster de dos años en una escuela oficial que se crearía para ello y después pasar un examen parecido a una oposición. La propuesta no concretaba qué pasaría exactamente con quienes no pasaran la prueba final o si este cambio de modelo afectaría solo al Estado o a todas las administraciones y resto de categorías. Ahora, poco más de un año después de este anuncio, y ante la ausencia de cualquier tipo de avance en este proyecto, el Gobierno enfría la idea de ponerlo en marcha, según confirman distintas fuentes de la Administración consultadas por este diario.

La idea no fue precisamente bien recibida ni entre los opositores en activo ni entre los propios altos funcionarios, algunos de ellos participantes en los sistemas de preparadores o incluso socios de academias de preparación de oposiciones. Así, ante la falta de un proyecto cerrado y en medio de un clima contrario al cambio, el proyecto parece haberse quedado en el fondo del cajón, como mínimo.

De hecho, desde la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) con la que Función Pública empezó a negociar cómo hacer este cambio, aseguran que tras los primeros contactos hace más de un año, el Gobierno no ha vuelto a reunirles para abordar esta iniciativa. Esta asociación, que rechazó firmemente la propuesta de hacer este tipo de máster para acceder a los altos cargos del Estado, interpreta que el cambio al frente de la secretaría de Estado, donde Consuelo Sánchez Naranjo sustituyó a Clara Mapelli en octubre pasado, hizo que el proyecto de la directiva saliente quedara, como mínimo, en suspenso.

Actualmente las categorías o subgrupos A1 y A2, las más altas del sector público al margen de los puestos de libre designación, cuentan con alrededor de 1,3 millones de funcionarios repartidos en las tres administraciones (estatal, autonómica y local), según las últimas cifras del Registro de Personal correspondientes al pasado mes de enero. Incluyen puestos como los abogados del Estado y los inspectores de Hacienda o de Trabajo, además de otros profesionales, como arquitectos o ingenieros.

Sin embargo en la Secretaría de Estado de Función Pública no renuncian formalmente a esta idea. Aseguran que forma parte de la estrategia Consenso por una Administración Abierta, que es un proyecto de transformación de la Administración con 18 proyectos, presentado por López hace más de un año. Destacan, pese a todo, que están trabajando sobre otros aspectos del proyecto 3, que incluía este cambio en el acceso a las categorías más altas. En concreto, precisan que están trabajando en la mejora de los procesos de selección. “En esta última convocatoria se incluirán por primera vez pruebas por especialidades en el ámbito tecnológico, se van a monitorizar los procesos para que no se alarguen más de un año y se va a continuar con la descentralización de las pruebas en varias sedes por el territorio”, añaden desde el Ejecutivo.

Tanto la renuncia en la práctica a la creación del citado máster de acceso como los cambios en los procesos de selección que Función Pública reivindica estar haciendo se producen en un escenario de renovación forzosa de la fuerza laboral derivada del fuerte envejecimiento de la población española que tiene su reflejo, con especial intensidad en las plantillas del sector público. Así, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, el 43% de la población residente en España tiene 50 o más años, mientras que entre los asalariados del sector privado son un 30% frente al 45% que pesa el colectivo en el público. Es más, en la Administración estatal representan un 57% de todos los trabajadores.

Esto se traduce en que más de la mitad de los empleados públicos de la Administración central se jubilará en los próximos años. De ahí que las últimas tres ofertas de empleo público, han sido récord (con alrededor de 40.000 plazas estatales ofertadas) y no han podido ser mayores por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. La carencia de cuentas públicas obstaculiza, por ejemplo, eliminar de algunos servicios los límites a la tasa de reposición, que impiden no ya que se creen nuevas plazas sino también que se repongan las bajas que se producen por jubilación.

Pros y contras de opositar

Sin embargo, el empleo público sigue siendo una opción nada desdeñable, al menos en la mente de muchos trabajadores y jóvenes estudiantes. Un estudio encargado por la empresa de formación especializada en oposiciones Adams a la empresa de estudios de mercado IO Investigación —que ha entrevistado a más de 2.000 ocupados y estudiantes mayores de 18 años repartidos proporcionalmente en todos los sectores y tamaños de empresa— indica que, extrapolando los resultados, casi la mitad de estos colectivos (el 46%) se ha planteado en el último año estudiar oposiciones. Sin embargo, solo uno de cada diez ha dado el paso de empezar a preparárselas.

Ese 11,3% que está actualmente estudiando para ser funcionario es un porcentaje incluso inferior al peso de los empleados públicos sobre el total de ocupados en España, donde representan poco más del 15%, según los últimos datos comparados de la OCDE en el informe Panorama general del Gobierno 2025, que sitúan a Noruega y Dinamarca como los países del mundo con más trabajadores en el sector público, en torno al 30% del total de su población ocupada.

Esta falta de concurrencia a las oposiciones en España, en contra de la imagen general proyectada de mucha más gente optando a una plaza en una administración, obedece “no tanto al atractivo del empleo público como al coste personal del proceso”, precisan los autores del estudio para Adams. El 43% de quienes no ven las oposiciones como una opción para su futuro laboral señalan el tiempo necesario para estudiar como el principal freno para optar por un puesto en las administraciones. Seguidamente, el 36% argumentó como desincentivo la incertidumbre a la hora de conseguir o no la plaza; mientras que la dificultad de aprobar fue apuntada por un 30% de los encuestados. La segunda capa de frenos a estudiar una oposición tiene que ver con la compatibilidad vital del proceso. Conciliar el estudio con el trabajo impide optar a un empleo público al 30%; y dicha incompatibilidad con la vida personal o con el propio momento vital al 27%.

En definitiva, consideran que “aunque las oposiciones activan una promesa muy clara de estabilidad laboral y seguridad económica, la decisión real exige asumir un nivel de compromiso para el estudio que no todos los perfiles están dispuestos o pueden sostener”.

De hecho, esta encuesta pone de manifiesto que la estabilidad que da un empleo de funcionario está por encima de cualquier otra motivación para 7 de cada diez trabajadores y estudiantes preguntados y en mayor medida para las mujeres y las personas de entre 45 y 60 años. Después de esta causa, un 60% respondió que lo haría por la seguridad económica; un 41%, por los horarios; un 29% por la conciliación; un 18% por la falta de oportunidades en el sector privado; solo un 16% respondió que serían funcionarios por vocación y, en último lugar por el prestigio de ser servidor público.

Precisamente, ante esta falta de prestigio algún organismo ha optado por la publicidad para atraer a opositores. Es el caso de la Seguridad Social, que está llevando a cabo una campaña publicitaria de carácter institucional en televisión, radio, prensa escrita y digital y redes sociales para “atraer el talento de personas con vocación de servicio público″. En juego están 1.500 empleos de todas las categorías recogidos por la oferta pública de empleo de 2026, que se sumarán a los 2.000 nuevos funcionarios que se han incorporado a la Seguridad Social este año.

Se da la circunstancia de que en las últimas oposiciones de promoción interna de la categoría C2 a C1 de la Seguridad Social, se ofertaron un millar de plazas y solo se presentaron 172, de los cuales únicamente aprobaron 27. Esto supuso un nivel de aprobados extremadamente bajo, poco habitual en la administración estatal. Y, una de las causas de que en este proceso se quedaran tantas vacantes fue, según los opositores consultados, los pocos incentivos a ascender dentro de este organismo y la inexistencia en la práctica de una carrera profesional.