No solo la obra pública: los servicios esenciales piden revisar precios para contratar con la Administración | Economía

España lleva creciendo de forma ininterrumpida y vigorosa ya casi seis años, ante el asombro de medios y expertos de todo el mundo que analizan el milagro de ese bum español. Pero en muchos aspectos, la economía se ha quedado anclada a la de un país en caída libre, como lo estuvo tras los años de la crisis financiera de 2008, y algunos sectores se rigen por normas nacidas para gestionar miseria y no abundancia. El mantenimiento de las infraestructuras es uno de los aspectos que más se resiente junto con la falta de adaptación de los precios de la contratación pública, que ha llevado a dejar desiertas cientos de licitaciones en los últimos años. Pero por encima de la obra pública, las diferentes Administraciones contratan sobre todo la prestación de servicios, en áreas que en la mayoría de las ocasiones son consideradas esenciales y cuyas empresas denuncian estar asfixiadas económicamente.

Desde la atención del teléfono de Emergencias 112, hasta las residencias a mayores concertadas, la atención domiciliaria para cumplir con la Ley de Dependencia, o la limpieza viaria o de instalaciones se prestan habitualmente a través de contratas. El 40% de los contratos que se licitaron en 2025 por parte de los tres niveles de la Administración (estatal, autonómico y local) eran para cubrir una necesidad en servicios. Lo habitual es que también sean la partida de gasto más importante (50.716 millones de euros en 2025), aunque la subida de las materias primas hizo que los contratos de suministros subieran en importe y rompieran la tendencia, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON).

Pero la patronal del sector advierte de que algunos concursos de servicios se quedan vacíos ante la imposibilidad de revisar los precios, tal y como se dictó en la Ley de Desindexación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Esta fue una de las medidas estrellas para contener el gasto público en la salida de la crisis. Y ya entonces el Consejo Económico y Social (CES) advirtió de que la medida frenaría las inversiones, como se constató años después con la primera gran ola inflacionaria tras la pandemia, en 2022, en la obra pública. La inflación tras el estallido la guerra de Ucrania y la consiguiente crisis energética llegó a escalar por encima del 10%. Y ahora, después de un periodo de relajación y auspiciados por un nuevo conflicto (la guerra de Irán), los precios están volviendo a subir y se acercan ya el 4%. Esta situación ha despertado preocupación en muchas empresas por la pérdida de atractivo de la licitación pública.

En 2025, alrededor de un 8% de los concursos quedaron desiertos según las estadísticas oficiales. La patronal de las constructoras calcula que hasta 180 concursos se quedan sin adjudicar cada mes de 2026. En servicios el fenómeno no es tan abultado, pero la dificultad para mantener los márgenes es creciente.

Entre el 70 y el 75% de los gastos para atender servicios públicos son costes laborales, dice el presidente de la Confederación de Asociaciones de Servicios Esenciales (Alianzas), Javier Sigüenza. Al ser tan intensivos en mano de obra, son las subidas salariales legales las que más les complican mantener la rentabilidad en los contratos de licitación. No solo la subida del SMI, también los acuerdos de mejoras de convenios o modificaciones legales como la reciente incorporación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que implica un recargo en la nómina para pagar las pensiones.

Trabajadores de segunda

“En el sector público los funcionarios ven cómo se revalorizan sus salarios, en muchas ocasiones por encima del IPC. Nosotros no podemos hacer esas mejoras porque el precio del contrato no se puede modificar. Al final nuestros trabajadores ven cómo los otros empleados del sector público ven mejorar sus condiciones y ellos no”, dice Sigüenza. “Solo pedimos que se nos trate como a los demás”, remacha.

Pero los problemas van más allá de los salarios, con cuestiones como la subida del combustible, vital por ejemplo para los desplazamientos entre domicilios en la asistencia social. “En la obra pueden amenazar con parar pero nosotros somos servicios esenciales. No podemos dejar de cuidar a las personas”, apunta el presidente de la patronal.

Ignacio Fernández-Cid es el director de Residencias Casablanca, que cuenta con cuatro centros concertados en la Comunidad de Madrid, con 509 plazas y 378 profesionales. Durante los cuatro años que duraba de media la licitación de una de sus residencias, el precio está congelado. “Además de los salarios, tenemos que lidiar con la subida de los precios de los alimentos para los menús de los residentes, con la subida del precio de la energía para climatizar los edificios enormes que tenemos. Necesitamos poder revisar los precios”, reivindica. Según sus cálculos, la factura en alimentación le ha subido alrededor de un 38% desde 2021. Es un porcentaje similar al que refleja el INE para todo el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas desde 2021 (un 35%).

Sigüenza dice que las empresas del sector no piden volver a la época del automatismo, pero sí abrir la puerta a revisiones justificadas por elementos imprevisibles como pueden ser los conflictos bélicos en marcha. Pone como ejemplo el caso de Portugal, que en 2022 volvió a recuperar esta posibilidad de cambios dentro de unos parámetros, como que uno de los costes fijos tuviera una subida superior al 20%.

Fernández-Cid celebra que al menos la Administración haya aceptado bajar los periodos de licitación a tres años (en lugar de cuatro), de forma que la incertidumbre se reduce en un 25%. Como guía para entender la diferencia de precios que puede haber entre el inicio y el final de un periodo de licitación, en la actualidad cobra 72 euros por plaza concertada y día; pero en el próximo concurso al que va a optar la remuneración arranca en 86,26 euros. En los años que transcurren entre medias de un contrato y otro, la empresa concesionaria va asumiendo todo el incremento de los costes.

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, apoyan la reivindicación y han hecho un manifiesto conjunto con la patronal en el que dicen que la actual Ley de Contratos del Sector Público “no ofrece un encaje adecuado a incrementos de costes sobrevenidos y ajenos a la voluntad de las partes, derivados tanto de decisiones legales como reglamentarias”. La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha respaldado la revisión, ante la dificultad que encuentran las empresas de subir conforme a la ley los salarios mínimo y a la vez seguir siendo sostenibles.

Pero Hacienda se ha cerrado en banda a la revisión de la que es una de las herramientas fundamentales para el control de gasto público. A principios de año, el ministerio sugirió una bonificación fiscal para que las empresas respaldaran la subida del 3,5% del SMI propuesta por el Gobierno. La opción no salió adelante porque iba acompañada de letra pequeña (como el compromiso de no hacer despidos) que la patronal consideró inaceptable. El sector tiene la esperanza de que el nuevo titular de la cartera de Hacienda, Arcadi España, sea más flexible tras anunciar que los próximos Presupuestos serán los más expansivos de la historia. Desde Hacienda dicen que no hay novedades por el momento.