Europa y la tentación de vigilar para proteger | Opinión

En el Parlamento Europeo, 314 diputados apoyaron rechazar la posición del Consejo, frente a 276 que votaron en contra y 17 abstenciones. En una votación por mayoría simple, el resultado habría sido inequívoco. Pero el texto se tramitaba en segunda lectura y hacían falta 360 votos, la mayoría absoluta de la Cámara, para detenerlo. La mayoría dijo que no, pero no fue suficiente.

La excepción temporal que permitía a las plataformas analizar voluntariamente comunicaciones privadas había expirado el 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara su ampliación. La regulación permanente también seguía bloqueada. Sin embargo, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, pidió al Consejo que retomara la iniciativa. El Consejo recuperó el texto caducado, lo presentó como una nueva regulación y lo adoptó por vía urgente el 2 de julio.

Cinco días después, el Parlamento aceptó tramitarlo con urgencia y lo llevó directamente al pleno, sin el examen ordinario en comisión y justo antes del receso de verano. Todo ocurrió de acuerdo con las reglas formales. Pero cuando una norma caduca, el Parlamento la rechaza y esta regresa por una vía que hace mucho más difícil detenerla, el procedimiento puede ser legal y, al mismo tiempo, democráticamente abusivo.

Chat Control nació en 2021 como una excepción temporal a la confidencialidad de las comunicaciones. Se prorrogó, caducó, fue rechazado y ahora puede volver hasta 2028. Lo provisional empieza a parecerse demasiado a una política permanente aprobada por entregas.

Los riesgos que afrontan los menores en internet son reales. La Comisión Europea acaba de concluir, de forma preliminar, que el diseño de Instagram y Facebook puede vulnerar la Ley de servicios digitales. Señala funciones como el scroll infinito, la reproducción automática y los sistemas de recomendación, y considera insuficientes las medidas de Meta frente a sus efectos sobre el bienestar.

Pero hay dos maneras de proteger. Una consiste en actuar sobre quienes diseñan el problema: limitar funciones adictivas, exigir responsabilidad a las plataformas y sancionar los incumplimientos. La otra traslada el control a toda la población: comprobar edades, vincular accesos a credenciales y ampliar la supervisión de las comunicaciones.

Francia y la Organización Mundial de la Salud han reclamado este julio restricciones de edad y sistemas de comprobación. Estas herramientas pueden acreditar que alguien supera una edad determinada sin revelar su nombre a la plataforma. Pero la prueba no aparece por arte de magia. Alguien debe emitirla, un dispositivo debe conservarla y una red de entidades debe considerarla fiable.

La pregunta no es solo si tendremos que enseñar el DNI a Instagram. Es qué infraestructura de identificación estamos construyendo, quién la controlará y para qué otros usos podrá servir.

A este riesgo político se suma otro inmediato: la ciberseguridad. Cuantos más servicios dependan de una credencial digital, mayor será el daño potencial de un fallo. La Enisa sitúa a la Administración pública como el sector más atacado de la Unión Europea, con el 38% de los incidentes analizados. Digitalizar la identidad no elimina el fraude ni el robo de datos. Puede concentrar sus consecuencias.

La propia solución europea de verificación de edad ofrece una advertencia. La Comisión presentó en abril un sistema para demostrar que alguien es mayor de 18 años sin revelar otros datos personales. Poco después, un investigador mostró que podía sortear en menos de dos minutos las protecciones de una versión de demostración si tenía acceso físico al teléfono. La Comisión explicó que era una versión de prueba y corrigió el fallo.

No fue una filtración masiva ni demuestra que la identidad digital sea inviable. Demuestra algo más sencillo: ningún sistema es infalible. Y cuando una credencial abre cada vez más puertas, un error deja de ser pequeño.

En marzo, 438 investigadores en seguridad y privacidad de 32 países pidieron una moratoria en los despliegues obligatorios de verificación de edad hasta conocer mejor su eficacia y sus efectos. Advierten de que pueden ser fáciles de eludir y, al mismo tiempo, obligar a millones de adultos a identificarse para leer noticias, buscar información o comunicarse.

Europa no es China. Tenemos elecciones competitivas, tribunales independientes, protección de datos, prensa libre y mecanismos para recurrir los abusos del poder. Pero las diferencias políticas no deberían impedirnos reconocer ciertas semejanzas tecnológicas. China exige desde hace años el registro con identidad real para numerosos servicios de internet. Europa está muy lejos de ese modelo, pero empieza a normalizar algunas de sus piezas: identificación, trazabilidad y supervisión preventiva.

La alternativa no es abandonar a los menores o vigilar a toda la sociedad. Podemos regular el diseño de las plataformas, investigar delitos concretos con autorización judicial, preservar el cifrado, invertir en prevención y exigir que cualquier comprobación de edad recoja los mínimos datos posibles.

El peligro no es que Europa despierte un día convertida en China. Es que avance, excepción tras excepción, hacia una sociedad en la que identificarse sea el requisito para participar y ser observado se considere el precio normal de estar protegido.

Una democracia no demuestra su fortaleza cuando protege a los vulnerables a cualquier coste. La demuestra cuando sabe protegerlos sin convertir a todos los demás en sospechosos.