Almaraz, una moratoria prudente en plena crisis energética | Opinión

El Gobierno ha autorizado este viernes la ampliación de la vida útil de la cacereña central de Almaraz, en línea con las recomendaciones emitidas recientemente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico justifica la prórroga por el nuevo contexto energético internacional derivado de la guerra en Oriente Próximo, con su consiguiente impacto en los precios de los combustibles fósiles. Atisba ahora el Ejecutivo una incertidumbre prolongada en el tiempo, lo que invita a no hacer mudanzas. Añade que esta resolución no modifica el calendario atómico ni el resto de los cierres previstos hasta 2035.

La medida hecha pública el viernes no sorprende, en tanto enmarcada en la más estricta prudencia y el sentido común. Una vez que el CSN certificó que no había problemas de seguridad y viabilidad técnica, que el Gobierno procediera a la clausura de la central nuclear de Almaraz hubiera supuesto tirar piedras contra su propio tejado, después de que episodios como la guerra de Ucrania o el reciente bloqueo de Ormuz hayan escenificado la dependencia energética de los países europeos y cuestionado el beneficio de abandonar fuentes de energía consolidadas y de larga trayectoria en la composición del mix.

Desde luego, no era fácil para el Gobierno tomar una decisión que golpea su línea de flotación ideológica. De hecho, en el acuerdo de legislatura firmado con Sumar en octubre de 2023 asumía un cierre de las nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las plantas españolas entre 2027 y 2035”. Muchos factores pesan, además del social –con una ciudad que depende de una planta que genera unos 4.000 empleos, muchos de ellos de alto valor añadido– a la hora de explicar esa ruptura. No en vano, el apagón del 28 de abril de 2025 ha obligado a una reflexión profunda sobre las necesidades y debilidades del sistema, razón suficiente para que, al menos, se entienda una moratoria. La propia Comisión Europea, en el borrador de Plan de Acción de Electrificación, refuerza esta tesis al señalar que debería perseguirse la extensión de la vida útil de los reactores existentes salvo que resulte antieconómica o incompatible con los más altos estándares de seguridad.

Está por ver, pese a las afirmaciones del Gobierno, que la medida no afecte al plan de cierres. En esencia, porque esa decisión, por simple cuestión de plazos, dependerá de un nuevo Ejecutivo, que puede no ser del mismo signo. El partido está abierto.