La UE se suma a la ola proteccionista con varias normas que favorecen a las empresas europeas frente a las de terceros países | Economía

Bruselas prevé retomar el curso político, tras la pausa veraniega, con una señal poderosa de apoyo a la industria comunitaria. La Comisión Europea presentará en septiembre un reglamento que dé prioridad a los productos o a los servicios made in Europe en las compras públicas. Será una norma bastante pionera en esta materia. Aunque en los últimos años ha habido intentos de favorecer a la industria europea en procesos públicos (por ejemplo, en la reciente Ley de aceleración industrial), este reglamento profundiza en esa tendencia. La Unión Europea se suma así, sin ambages, a una carrera que se acelera en casi todo el mundo al calor de las tensiones geopolíticas: el uso proteccionista de la contratación pública para impulsar las manufacturas locales y proteger a las empresas autóctonas frente a las de terceros países.

La iniciativa del Ejecutivo de la UE llegará un tiempo después de que países como Canadá o Australia, con los que existe cooperación europea, hayan impulsado políticas similares. También han acentuado la tendencia en los últimos años Estados Unidos, la India y China, donde esas prácticas cuentan con una trayectoria más larga. La justificación para esta escalada está en el nuevo escenario geopolítico que ha ido levantándose en los últimos años en los que los dos grandes gigantes (Washington y Pekín) miden su poder en muchos campos (tecnología, materias primas críticas, comercio, capacidad militar) y los demás buscan su lugar para poder competir.

Las formas que se emplean para priorizar el producto nacional son variadas. Australia ya hace unos años que introdujo un recargo del 10% en los precios de las ofertas foráneas. Estados Unidos está elevando el uso de contenido doméstico en las compras de defensa, uno de los terrenos donde aplica mayor proteccionismo. Y lo hará más en los próximos años: en 2029 está previsto que el 75% de los componentes del material de defensa sean Made in US. También hay definiciones sobre qué es una empresa nacional en función de dónde está la sede fiscal o en qué Bolsa cotiza, principalmente.

La norma europea, que adelantó EL PAÍS, prevé favorecer a las empresas comunitarias especialmente en sectores considerados “críticos” como la energía, la salud, el agua, el transporte o sectores industriales que pueden ser de doble uso —civil o militar—, como la construcción naval y el material ferroviario. “Por parte de Europa, es bastante nuevo. No había legislación así antes de la Ley de aceleración industrial para compras públicas o ni los subsidios se condicionaban a que la producción fuera en la UE”, explica Ignacio García-Bercero, investigador del instituto Bruegel. “Existían ciertas legislaciones que se basaban la reciprocidad, por ejemplo, en compras públicas si un país tercero aplicaba restricciones a las importaciones europeas”, abunda este experto, ex alto cargo de la Comisión Europea especializado en comercio.

Uno de esos países que actúan de forma recíproca es China, que no tiene firmado el acuerdo sobre compras públicas de la Organización Mundial del Comercio. De hecho, en abril de 2024 la Comisión abrió una investigación ante los indicios de que el país asiático discriminaba a las empresas europeas en las licitaciones de material y equipos sanitarios. Las pesquisas lo confirmaron y Bruselas actuó.

“La tensión entre el libre comercio y las crecientes presiones proteccionistas está reconfigurando las políticas de contratación pública en todo el mundo. Si bien, tradicionalmente la contratación pública ha equilibrado la apertura a la competencia mundial con las prioridades nacionales, las tendencias recientes reflejan un giro hacia el proteccionismo”, explica un informe de la OCDE sobre compras públicas publicado en mayo de este año.

Esta utilización como herramienta de política económica de las compras públicas en función de las prioridades de las autoridades de turno (ahora es el momento de la geopolítica y la seguridad económica) tiene una explicación: su enorme potencial. En el borrador de la norma que prepara la Comisión se cifra en una cantidad equivalente al 15% del PIB las licitaciones de todas las Administraciones europeas, del nivel local al comunitario: es decir, unos 3,2 billones de euros. La OCDE lo rebaja algo, al 13%. Se trata, en todo caso, de una importante palanca para avanzar hacia las prioridades políticas de cada momento.

Siguiendo esa tendencia, Bruselas ya está acabando su primera norma sobre contratación pública dando prioridad al producto europeo. Pero el camino había empezado antes. “Desde 2022, y en un entorno internacional cada vez más adverso, la UE ha ido condicionando el acceso a los contratos públicos y a la financiación europea vinculada a ellos a criterios de origen, control o producción en la Unión”, explica la economista Judith Arnal, que hace apenas un mes ha publicado un estudio sobre este asunto con el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS, por sus siglas en inglés).

Más allá de las posibles ventajas, esta senda tiene algunos riesgos. “El principal es el aumento de los precios en los grandes proyectos de infraestructura, en los que los chinos cuentan con una clara ventaja en cuanto a costes”, advierte Bernard Hoekman, director del área de Economía Global del Instituto Universitario Europeo. Aunque para él, esto tiene un impacto limitado, “ya que, en la práctica, la mayoría de los contratos se adjudican a empresas nacionales”. Si bien, en lo referente a la Unión, el diablo está en los detalles: “La cuestión cobrará mayor importancia si se aplican restricciones a la capacidad de las empresas de propiedad china que han invertido en la UE para participar en las licitaciones”, matiza este profesor con experiencia en asuntos de comercio en instituciones internacionales como el Banco Mundial.

También García-Bercero ve el problema de los precios: “Va a imponer costes superiores a la transición climática y va a afectar negativamente a la competitividad externa de las industrias europeas”. Aunque lo que más preocupa a este antiguo negociador de acuerdos comerciales para la Comisión Europea es que “se va a dar la señal de que la UE está dispuesta a ignorar sus obligaciones internacionales”. Lo dice en referencia a uno de los problemas que suele abrirse cuando se plantean este tipo de iniciativas: ¿excluye a los socios comerciales?; ¿cómo queda el principio de reciprocidad?

Para evitarlo, su apuesta pasa por cuidar los acuerdos de libre comercio “que han sido negociados sobre la base de la reciprocidad”. Y siguiendo este principio, recomienda mostrarse fuerte con los demás: “Estados Unidos ha introducido una política proteccionista que ignora sus compromisos internacionales. Por otro lado, China que tiene un sistema que está conduciendo a una dominación de puntos claves de la cadena de valor. Y ahí la Unión Europea tiene que aplicar una política firme que, en la medida de lo posible, no se salga fuera del marco permisible en la Organización Mundial de Comercio”.

Arnal, como los otros investigadores, también señala que el precio, según los estudios internacionales disponibles, puede encarecerse entre el 15% y el 50%. Esta experta defiende pasar de las políticas “made in Europe, que excluyen estructuralmente la participación de terceros países”, al “made with Europe, que permiten esa participación, sujeta a salvaguardas operativas”. “La evidencia disponible indica que las segundas logran los mismos objetivos de seguridad y resiliencia con menor coste legal, económico y administrativo”, plantea.