Los primeros pasos de un incierto proceso presupuestario | Opinión

El Gobierno quiso ayer visibilizar que está dando todos los pasos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, una meta que se antoja difícil. El Consejo de Ministros aprobó el llamado techo de gasto (el límite de desembolso público previsto para todo el ejercicio) y la senda de déficit y deuda. El gasto no financiero proyectado para 2027 asciende a un récord de 226.032 millones de euros. No es récord, sin embargo, el incremento que representa respecto a 2026. Frente a la subida del 8,5% que se registró para este año, el avance previsto el año próximo es del 6,6%, un incremento, pese a todo, vigoroso.

La mejora de la previsión de crecimiento de este año abona el terreno para una expansión de gasto a corto plazo. Pero el aumento previsto para el próximo ejercicio se producirá sin el impulso que han ofrecido hasta ahora los fondos europeos de recuperación, cuya vigencia concluye este año. La ausencia de esa enorme dotación servirá de prueba para comprobar la capacidad de resistencia de las cuentas públicas españolas tras la recuperación pospandémica.

Para la aprobación del techo de gasto, el Ejecutivo no necesita de ratificación parlamentaria. No ocurre lo mismo con el segundo elemento económico aprobado ayer en el Consejo de Ministros, la senda de déficit y deuda, también indispensable para elaborar los Presupuestos. En principio ambos proyectos se someterán al voto del Congreso de los Diputados antes del receso del verano. Si son rechazados en la Cámara baja (lo más probable), el Ejecutivo tiene un mes para presentar nuevas metas. Salvo giro inesperado en la política española, nada hace pensar que haya una mayoría dispuesta a darle ese aval al Ejecutivo, que previsiblemente tomará la senda de estabilidad anterior para elaborar las nuevas cuentas. Buena parte del poder político y económico en España, así como numerosos expertos, reclaman al Gobierno que cumpla con el deber constitucional de presentar unas cuentas públicas renovadas (los últimos Presupuestos originales se remontan a 2023 y el Ejecutivo los ha prorrogado desde entonces). Resulta imperativo contar con un texto que refleje las prioridades actuales de gasto y la estructura más realista de ingresos. Pero con una representación parlamentaria tan diversa como la que caracteriza al Congreso español, lograrlo no depende solo del Ejecutivo. Tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios deben poner todo de su parte para que España cumpla con esa obligación.