El próximo primer ministro británico debe asumir la realidad económica | Opinión

La lista de errores estratégicos que llevaron ayer a la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, daría para llenar más de un libro. Pero la mayoría partieron de la creencia de que una economía hundida en 2023 por la guerra de Ucrania estaba abocada a un fuerte rebote, que permitiría a la vez un crecimiento rápido y una cómoda consolidación presupuestaria. No fue así. Ahora, mientras la guerra en Irán remite, su sucesor podría afrontar una prueba similar y tendrá que asegurarse de que el Gobierno aparezca firmemente al mando.

El camino está despejado para que Andy Burnham suceda a Starmer. El exalcalde de Mánchester es partidario de un mayor control estatal de los servicios públicos y de subir los impuestos sobre la propiedad, la riqueza y las rentas del capital. Pero se ha comprometido a respetar las salvaguardas fiscales de Starmer, como equilibrar el gasto corriente y situar la deuda sobre PIB en una senda descendente. Dado que esas reglas se evalúan en función de las previsiones oficiales y no de los ingresos y gastos reales, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo fiscal independiente del Reino Unido, conservará su papel como árbitro último de la credibilidad fiscal.

Las proyecciones de la OBR han tenido últimamente una influencia desmesurada: una revisión a la baja de la productividad causó estragos en los presupuestos del pasado otoño. Lo que ha pasado más desapercibido es si las promesas de Starmer se levantaron sobre previsiones que resultaron demasiado optimistas. La principal de ellas fue descartar subidas del impuesto sobre la renta y del IVA. Eso obligó a las autoridades a hacer constantes malabarismos para cuadrar las cuentas. Una de las soluciones fue elevar las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios, lo que irritó a las empresas y contribuyó a una inflación y unos tipos de interés más altos en 2025.

En 2024, sin embargo, esperar una recuperación sólida tenía sentido. La salida de los Gobiernos conservadores favorables al Brexit prometía una reactivación de la inversión extranjera. La inflación había vuelto al objetivo, el consumo estaba a punto de dispararse y las previsiones de la OBR apuntaban a que el crecimiento del PIB pasaría del 0,3% en 2023 al 2% en 2025, lo que sacaría a los trabajadores de las prestaciones sociales.

En cambio, los hogares se mantuvieron cautos, el gasto en discapacidad aumentó y la combinación de la inflación de los alimentos y un nuevo shock energético en Oriente Próximo ensombreció las perspectivas y mantuvo elevados los tipos de interés. En marzo, la OBR esperaba un crecimiento de solo el 1,1% este año.

Cierto es que ningún Gobierno escapa a la mala suerte, y el de Starmer hizo muchas cosas que gustan a su electorado, como gravar a las empresas para mantener las prestaciones, ampliar los derechos de los trabajadores, construir capacidad de energías renovables y frenar la inmigración. Pero fue un error elegir como vara de medir el éxito unas variables económicas totalmente fuera de su control.

Una trampa parecida puede aguardar ahora a Burnham: si el acuerdo de paz de Estados Unidos con Irán se mantiene, los datos podrían pintar de repente mejor en 2027, y una elección favorable al mundo empresarial para dirigir el Tesoro, como el exministro de Sanidad Wes Streeting, calmaría los mercados de deuda. Pero retocar impuestos y subsidios no le dará a Burnham la victoria en las elecciones de 2029. Para eso necesita el tipo de triunfo evidente que lo hizo popular en Mánchester. Una reforma ambiciosa de la vivienda social podría ser una de ellas. En cualquier caso, tiene que trazar su propio rumbo: confiar en las mareas macroeconómicas suele acabar estrellando los barcos contra las rocas.