El momento es ahora | Economía

Durante demasiado tiempo, miles de compañeros han reclamado una solución a una situación de enorme gravedad. Una realidad que afecta, no solo a quienes ejercen o han ejercido la profesión, sino también a la estabilidad de sus familias y a sus expectativas legítimas de protección social tras años de dedicación al servicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Hoy los grupos políticos son plenamente conscientes de la dimensión de este problema y de la enorme repercusión que tendrá esta reforma para miles de personas. La tramitación de la pasarela al RETA responde a una reivindicación histórica de buena parte de la abogacía y representa una oportunidad para resolver un gravísimo problema que durante años ha generado incertidumbre y desprotección. La decisión que tomen hará historia.

Confiamos plenamente en que la normativa saldrá adelante, precisamente por la importancia de la reforma y por el impacto que tendrá en la vida de miles de abogados y abogadas. Por eso sabemos que no se dejará pasar esta oportunidad; muchos creemos que podría no haber otra. Y la política y sus normas existen para proteger a los ciudadanos. Existe una conciencia compartida sobre la trascendencia de este momento y sobre la necesidad de ofrecer una respuesta justa, eficaz y definitiva.

El momento es ahora. La toma de decisiones no admite más demora. Miles de profesionales necesitan certezas y necesitan respuestas. Esta cuestión ha alcanzado una dimensión social y humana que exige altura institucional, responsabilidad y consenso político.

Estamos convencidos de que todos los actores implicados están dispuestos a encontrar el consenso necesario para culminar con éxito esta reforma. La relevancia social de esta medida y su trascendencia para el conjunto de la abogacía hacen imprescindible mantener el foco en el objetivo común: dar una solución justa y urgente a quienes llevan años esperando este avance, evitando debates o iniciativas intrusas, que imposibilitan el acuerdo, y que nada tienen que ver con la protección los abogados.

La sociedad española sabe bien que la abogacía cumple una función esencial en la defensa de los derechos de la ciudadanía y del Estado de derecho. Precisamente por eso, quienes han dedicado su vida profesional a proteger los derechos de los demás, merecen hoy una respuesta a la altura de ese compromiso.

En los últimos días, todos los grupos políticos han manifestado públicamente su voluntad de que esta medida salga adelante. Y ahora tienen la oportunidad de convertir esa voluntad en una decisión crucial para miles de familias.

No hablamos solo de una reivindicación profesional, sino que hablamos de justicia. En un modelo de Estado como el nuestro, basado en el cumplimiento de la Constitución, que recoge el derecho a una pensión adecuada para todos los ciudadanos, eso obliga a que los poderes del Estado y sus legisladores deben facilitar una jubilación digna. Nosotros, una vez más, vamos a seguir defendiendo la necesidad de cumplir las normas. Es el momento de hacer justicia.