La regulación, el espejo de las malas prácticas del sector eléctrico | Opinión

Durante años, las personas han sufrido repetidamente prácticas comerciales agresivas y esa presión asfixiante de las llamadas no solicitadas para cerrar acuerdos verbales sin apenas información y sin transparencia, esto ha erosionado su confianza en el sector eléctrico. Incluso, estos comportamientos han sembrado y siembran una sensación de indefensión que es especialmente grave cuando hablamos de un servicio esencial como la energía.

El Real Decreto 88/2026, que empodera al consumidor, no es un avance, es un síntoma. Es la evidencia formal de que los principios éticos básicos de claridad, antelación en las comunicaciones y una atención eficaz a las personas se habían perdido en la industria. Que necesitemos una ley para asegurar que un cliente entienda lo que firma es el recordatorio más severo de un sistema que falló en su compromiso fundamental.

Quien depende de un servicio vital se ha sentido vulnerable, y esta vulnerabilidad no puede tener cabida en la era digital; además, recordad que actualmente desde muchas administraciones públicas se recomienda a los consumidores la tarifa regulada (PVPC) y por otro lado, nos vanagloriamos de tener un mercado libre eléctrico; son estas auténticas falacias las que generan desconfianza y desconcierto en las personas y las que nos abocan de forma inexorable a prohibir, sancionar, rectificar y obligar; confío en que esta sea la última vez que en nuestro sector (uno de los más estratégicos de nuestro país) tenemos que legislar para proteger o cuidar lo más evidente que es; cuidar a las personas para que tengan acceso a un servicio esencial a un precio justo y siendo conocedores de su elección.

Esta ley no es un tecnicismo, es una corrección de rumbo. Refuerza la obligación de acabar con la letra pequeña y los acuerdos opacos, exigiendo información clara comunicando cambios de precio con antelación suficiente, y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos sin penalizaciones injustas. Es una señal inequívoca de que proteger al consumidor no es opcional, es obligatorio.

El Real Decreto 88/2026 es, por tanto, un buen punto de inflexión para el sector en general. Su valor sirve de escarmiento, y es una consecuencia de las malas prácticas del pasado y actúa como acelerador para los que ya mirábamos por el consumidor y teníamos una visión de futuro. La energía debe gestionarse con respeto y la transparencia no debería ser un añadido, sino un valor fundamental.

La confianza se reconstruye con facturas claras y con cada llamada atendida honestamente, colocando a las personas en el centro de cualquier decisión y, sobre todo, dándoles la certidumbre que necesitan para que sientan que las energéticas somos quienes les acompañarán en la imparable transición energética.