Sumar urge a pedir la prórroga de los alquileres ante un PSOE que mantiene el perfil bajo | Vivienda | Economía

Los sindicatos de inquilinos están desbordados ante un alud de consultas de ciudadanos que quieren saber si pueden acogerse o no a la prórroga aprobada por el Gobierno ante el próximo vencimiento de sus contratos. Más 2,5 millones de arrendatarios pueden beneficiarse de esa medida, según el Ministerio de Consumo. Pero la amenaza de los partidos de derechas de tumbar el real decreto ley en el Congreso ha generado incertidumbre entre los beneficiarios. Ante esa falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento, los sindicatos han urgido a los inquilinos a acogerse a la prerrogativa. Y el mismo camino ha emprendido Sumar, que impulsó la iniciativa dentro del Gobierno de coalición.

La formación ha llamado a los inquilinos a reclamar la prórroga y a defenderla en la calle si es preciso, a la vez que ha advertido a las empresas de que deben cumplir. El Ministerio de Consumo informó este lunes del envío de una carta a 13 inmobiliarias y fondos, “que concentran o gestionan 100.000 viviendas de alquiler”, para recordarles que los caseros tienen la obligación de aceptar la extensión del contrato si el inquilino la solicita. Ese ímpetu contrasta con el de sus socios mayoritarios de Gobierno, del PSOE, que defienden que el decreto está en vigor pero evitan aconsejar a los ciudadanos ante la falta de jurisprudencia que permita blindar por completo a los inquilinos si el Ejecutivo no logra los suficientes apoyos parlamentarios. “Es importante volver a señalar que este marco legal está en vigor y que se amplíe más allá de los 30 días”, se ciñó a decir este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en la Cadena SER.

Cientos de miles de ciudadanos están pendientes de un real decreto que permite extender dos años más los contratos que venzan de aquí a finales de 2027 y fija las actualizaciones de renta de los alquileres (durante la vigencia del contrato) en un tope del 2% anual. Sumar hizo de esa medida su máxima prioridad dentro del paquete de actuaciones para paliar los efectos económicos de la guerra. De hecho, la formación de Yolanda Díaz logró sacarla adelante tras tensar mucho la cuerda con los socialistas, que no querían dar luz verde a iniciativas que tuvieran un rechazo explícito de socios del bloque de investidura y pudieran suponer una nueva derrota en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los cuatro ministros de Sumar lograron finalmente que el Consejo de Ministros del 20 de marzo aprobara un decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027.

El día 21 de marzo, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), empezó la cuenta atrás de 30 días para lograr los votos para que el decreto sea convalidado en el Congreso. Por ahora, todo indica que no pasará ese filtro, puesto que Junts per Catalunya ha advertido de que esa medida no hace sino alimentar la “guerra entre inquilino y propietario”, en palabras de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Ante esa situación, Sumar está alentando a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos antes de que los partidos de derechas dejen caer el decreto ley. “Le pido a todas las personas a que insten a la prórroga del contrato de arrendamiento”, afirmó recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien advirtió que apurarán hasta el “último día” posible para que el máximo volumen de ciudadanos pueda acogerse a esa extensión que, según el BOE, “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento”.

Los sindicatos de inquilinos y Sumar entienden que los inquilinos que soliciten esa prórroga durante estos días deberán verse beneficiados por ella aunque posteriormente decaiga en el Congreso. En el otro lado, inmobiliarias y varios despachos de abogados no lo ven así. “El real decreto es un fraude porque los reales decretos no están configurados para que se publique una norma que sabes que en 30 días va a dejar de tener aplicación”, afirma Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. El sector prevé, en cualquier caso, un aumento de los litigios una vez decaiga en el Congreso. Por ahora, el Ministerio de Consumo, encabezado por Pablo Bustinduy, ya ha informado a 13 fondos e inmobiliarias que deben aplicar la prórroga si así lo solicitan los inquilinos. “Quiero animar a todas las personas cuyos contratos de alquiler venzan este año y el que viene a que soliciten la prórroga, a que se acojan a este derecho aprobado por el Gobierno de España”, afirmó.

Los socialistas, que aprobaron esa medida arrastrando los pies, no se han ondean esa bandera con el mismo entusiasmo. Carlos Cuerpo, reiteró en la SER que la medida está “en vigor” desde que fue aprobada y aseguró que hay que “aprovecharla”. Pero evitó, pese a las preguntas del entrevistador, aconsejar a los ciudadanos si acogerse a ella o no. “Tenemos 30 días para la convalidación y dar un escenario de tranquilidad a los inquilinos”, afirmó el vicepresidente primero. Como él, otros socialistas han salido a defender la moratoria, pero sin instar a los inquilinos a acogerse a ella de forma urgente al considerar que se trata de un territorio inexplorado sin apenas jurisprudencia. Fuentes de la formación de Díaz lo atribuyen a que, en caso de decaer en el Congreso, se perciba que esa es una apuesta de Sumar y no sufrir mayor desgaste por la derrota.

La prórroga de los alquileres, según un cálculo aproximado de Consumo, beneficia a alrededor de un millón de hogares en España, en los que vivirían unos 2,7 millones de personas. La estimación se basa en los contratos que se firmaron entre 2021 y 2022, y por tanto vencerían ahora, aunque habría que descontar ciertas situaciones, como aquellos alquileres que se hayan rescindido por la causa que sea antes de completar la duración mínima que prevé la ley.

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