Los efectos indeseados de algunas medidas anticrisis | Opinión

Cada crisis geopolítica pone de manifiesto la misma fragilidad: la elevada dependencia energética de la economía española. Tras el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, los precios del petróleo, el gas y la electricidad en los mercados han vuelto a tensionarse. Con la experiencia de la invasión rusa de Ucrania todavía reciente, el Gobierno ya ha anunciado que estudia medidas para mitigar su impacto sobre los consumidores.

El problema es que el impacto de estas subidas no es uniforme. Los consumidores no utilizan el mismo mix energético ni tienen los mismos contratos de suministro. Quienes tienen contratos a precio fijo, por ejemplo, no perciben inmediatamente el aumento de los precios mayoristas; solo lo harán cuando renueven su contrato, y únicamente si las tensiones persisten entonces.

Esta heterogeneidad hace que muchas intervenciones públicas tengan efectos limitados o incluso indeseados. La reducción de los impuestos sobre los hidrocarburos, por ejemplo, no se traslada íntegramente a los consumidores: el grado de traslación depende de la competencia en el mercado y de la elasticidad de la demanda.

Del mismo modo, las intervenciones destinadas a reducir el precio del mercado eléctrico terminan beneficiando a quienes no son el objetivo. Así, la llamada “excepción ibérica”, adoptada en 2022 durante la crisis de Ucrania, tuvo un coste de casi 2.000 millones de euros para los consumidores españoles debido a que estuvimos exportando electricidad a países vecinos a un precio menor que lo que nos costaba producirla.

Por ello, si se adoptan medidas para amortiguar el impacto de una subida de los precios energéticos, deberían centrarse en ayudas directas a los consumidores vulnerables, para quienes el aumento del coste de la energía resulta realmente inasumible. Las intervenciones generalizadas –que no discriminan entre los consumidores en función de su situación económica– suponen un uso ineficiente de los recursos públicos e impiden concentrar el apoyo en quienes realmente lo necesitan.

Sin embargo, la discusión no debería limitarse a cómo mitigar los efectos de cada crisis energética. La verdadera cuestión es cómo evitar que cada tensión en los mercados energéticos internacionales se traduzca sistemáticamente en inflación, pérdida de competitividad y tensiones socioeconómicas internas.

El origen de esta vulnerabilidad es bien conocido: la economía española sigue dependiendo de combustibles fósiles importados para el transporte, la calefacción y una parte importante de la industria. Reducir esa dependencia exige avanzar en la electrificación de la economía y construir un sistema eléctrico menos expuesto a las fluctuaciones de los mercados internacionales de combustibles.

En teoría, el Gobierno ha asumido ese objetivo. Sin embargo, muchas de sus políticas avanzan en la dirección contraria, perpetuando la dependencia de esos combustibles.

Un primer problema es que el Gobierno usa la factura eléctrica como un instrumento recaudatorio. La electricidad soporta impuestos explícitos –como el IVA y el impuesto especial– y distintos cargos y gravámenes que, en conjunto, incrementan las facturas de los hogares en un 50%.

Además, algunos costes que no dependen directamente del consumo se cargan sobre el término de energía de la factura, encareciendo artificialmente la electricidad. El Gobierno argumenta que es para incentivar el ahorro energético, pero en realidad penaliza el consumo eléctrico frente a otras fuentes de energía, como el gas, que soportan una carga fiscal y parafiscal menor. El resultado es que se desincentiva la electrificación de usos como la calefacción, el transporte y los procesos industriales.

Si se eliminaran estas distorsiones, los consumidores tendrían incentivos para electrificar su consumo energético. Pero, para que ello reduzca realmente nuestra dependencia energética, es imprescindible que la electricidad se produzca cada vez más a partir de fuentes no expuestas a los precios internacionales de los combustibles fósiles.

Un segundo problema es que, aunque España dispone de excelentes recursos eólicos y solares, y existe interés inversor suficiente para desarrollar nuevos proyectos sin necesidad de subvenciones, dichos proyectos están paralizados por dificultades técnicas y regulatorias para obtener permisos de acceso a la red.

El tercer problema es el calendario de cierre de las centrales nucleares. Clausurar estas instalaciones antes de que exista suficiente capacidad renovable para sustituirlas –en términos de producción de energía y también de estabilidad y previsibilidad del sistema eléctrico– implicaría aumentar el uso de centrales de gas, incrementado nuestra dependencia.

Aunque el combustible nuclear es importado, su suministro se realiza mediante contratos a largo plazo, se procesa y almacena con años de antelación y cada recarga permite operar una central durante aproximadamente 18 meses. Esto hace que su coste y su disponibilidad sean mucho menos sensibles a las tensiones geopolíticas.

Si, como resulta previsible, el Consejo de Seguridad Nacional autoriza la extensión de vida de estas centrales (en Estados Unidos, la Comisión Reguladora Nuclear está concediendo licencias hasta 80 años), el único obstáculo real a que estas centrales continúen produciendo electricidad es la elevada fiscalidad que les aplica el Gobierno y que hace que no sea rentable mantenerlas en funcionamiento.

Una estrategia coherente que combinara una fiscalidad energética menos distorsionadora, una regulación que facilitara la conexión a las redes y la extensión de vida del parque nuclear permitiría reducir tanto el precio de la electricidad como su sensibilidad a las fluctuaciones de los mercados internacionales de combustibles. Y, de este modo, permitiría que la economía española estuviera mejor preparada para afrontar futuras crisis energéticas. Porque, con toda probabilidad, la actual crisis no será la última, y depende de la política energética del Gobierno que el impacto sobre los consumidores sea mayor o menor.