¿Tiene truco la petición de ampliar la vida de Almaraz? | Empresas

Podría afirmarse que la primera rareza de la central nuclear de Almaraz es que en su capital participen las tres grandes eléctricas: Iberdrola, con un 53%; Endesa, con el 36%, y Naturgy, con el 11%. Siendo como son competidoras en el mercado de generación (no así en el de la distribución, que funciona como un monopolio natural para evitar la duplicidad de las redes), el hecho de que compartan la propiedad de esta y otras centrales nucleares no deja de ser chocante. La explicación se remonta a la crisis que sufrieron las compañías que en los años 70 se lanzaron al negocio de la energía atómica, muy de moda por entonces, y se toparon con graves problemas financieros (la construcción de una planta podría durar una década), amén de con un derrumbe de la demanda que obligó al primer Gobierno socialista, a principios de los años 80, a decretar una moratoria nuclear y a un intercambio de activos (de ahí ese cruce accionarial) para equilibrar las cuentas de unas empresas que, en algunos casos, rozaron la quiebra.

Esa singularidad societaria tiene otra derivada: las centrales españolas están constituidas no como sociedades mercantiles sino como comunidades de bienes, lo que supone una ventaja contable y una desventaja a la hora de tomar decisiones, ya que estas deben ser adoptadas por unanimidad. Y en este punto enlazamos con la actualidad, con una semana importante (pero aún no decisiva) para el futuro de la planta cacereña, integrada por dos reactores nucleares de poco más de 1.000 MW de potencia cada uno, y cuyo cierre está acordado para finales de 2027 y 2028, respectivamente. Así figura en el memorando no vinculante para el cierre paulatino del parque nuclear (hasta 2035) que las empresas propietarias firmaron en 2019 con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y que se plasmó en una orden ministerial.

Pese a que fue un pacto totalmente voluntario, todo indica que las firmantes nunca se creyeron que el punto final llegaría y que albergaban la esperanza de que alguien (léase, el Gobierno) propusiera romper el calendario. Momento en el cual las propietarias pondrían como condición la eliminación de los dos impuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el del combustible nuclear gastado y el del 7% a la producción de electricidad.

Pero no solo el Gobierno no ha movido ficha, sino que en 2024 aprobó un incremento de la tasa de Enresa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales (tras fracasar el proyecto del cementerio nuclear -ATC-, lo cual encarecía estos procesos), que Iberdrola y Endesa han denunciado en los tribunales. Pero, si en 2019, sin que se hubiese producido aún el aumento de la citada tasa, las empresas ya pactaron el cierre progresivo del parque, ¿por qué ahora, sin que el Ejecutivo haya cedido en sus peticiones de eliminar o reducir aquellos impuestos, se muestran dispuestas a aplazar el calendario? Esta misma semana las tres grandes eléctricas van a solicitar la prórroga de la explotación de la primera central de la lista, Almaraz, al Ministerio para la Transición Ecológica, hasta 2030. Para algunos, esta solicitud es una prueba de que, pese a sus quejas, tras más de 40 años de funcionamiento, las instalaciones están más que amortizadas y son rentables; para otros la decisión significa que las empresas quieren mantenerla abierta y ganar tiempo, pero que en modo alguno extenderán “gratis” la vida de Almaraz. Aunque el plazo para solicitar la prórroga (un año antes de que caduque el permiso en vigor) termina en marzo de 2026, las compañías quieren aprovechar la corriente pronuclear surgida tras el apagón de abril para tramitar la autorización. En un año y medio pueden pasar muchas cosas; por ejemplo, “un cambio de Gobierno”, comentan fuentes empresariales. En todo caso, más años de funcionamiento se traducen en más ingresos para todos: para las eléctricas, para Enresa y para Hacienda, y dejaría sin argumentos a quienes temen otro apagón eléctrico si se mantiene el apagón nuclear.

El papel de Naturgy

Tras varias propuestas al ministerio que dirige Sara Aagesen para modificar todo el calendario (manteniendo la fecha límite de 2035 pero aplazando en el tiempo todos los cierres previstos), Endesa e Iberdrola se han tropezado no solo con la negativa de Transición Ecológica, sino también con la de Naturgy, que ha recurrido a la unanimidad en la comunidad de bienes para imponer su posición. Aunque el presidente de la tercera eléctrica, Francisco Reynés, había cambiado su discurso desde “hay que cumplir el calendario de cierre” a “aceptamos solo la prórroga de Almaraz hasta 2030”, su posición en contra de negociar el futuro del conjunto del parque y de una rebaja tributaria, se ha impuesto. No hay que olvidar que, pese a su escasa presencia nuclear, Naturgy tuvo un papel relevante en la negociación del calendario de cierre en 2019.

La decisión del socio minoritario, que anhela el cierre de las nucleares por el sustancioso hueco que abrirá a sus centrales de ciclo combinado de gas en el mercado, ha supuesto un espaldarazo para el Gobierno, que nunca se ha opuesto a que las empresas soliciten la prórroga de Almaraz, pero sin concesiones que supongan un coste para los consumidores. En el fondo, presionado por su socio de Sumar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere que el fin de esta película se traduzca en una humillación ante las eléctricas. Por un extraño misterio histórico, la energía nuclear se ha convertido en un estandarte de la derecha política.

Además del permiso del ministerio, las empresas necesitan (como condición sine qua non) el del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Se da la circunstancia de que Almaraz ya contaba con el de este organismo por diez años cuando a raíz del acuerdo de 2018 se decidió su cierre en siete años. De esta manera, el nuevo permiso de explotación sobre seguridad podría limitarse a inspecciones de este organismo o a la exigencia de inversiones adicionales que las empresas esperan que “sean razonables”.

En cualquier caso, aunque el CSN y Transición Ecológica den su plácet, las empresas tendrán la última palabra. No hay que olvidar la lección del largo culebrón protagonizado por Endesa e Iberdrola con la central nuclear de Santa María de Garoña que, pese a recibir el permiso del CSN y contar con la defensa a ultranza del Gobierno del PP, decidieron clausurarla. Es verdad -recuerdan en el sector- que no son lo mismo los 460 MW de la arcaica central burgalesa, que los 2.000 MW en juego de Almaraz.

Pese al apoyo teórico del Gobierno de Rajoy a Garoña, este aceleró el desenlace, según denunciaron las afectadas, al gravar a las nucleares con los impuestos de 2013. Curiosamente, el artífice de aquellos gravámenes, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aguarda a la vuelta de la esquina para entrar de nuevo en el escenario. Nadal se incorporó en julio a la comisión Ejecutiva del PP como responsable de su área económica, y, ¡sorpresa!, ha prometido acabar con estos tributos.