Telefónica mantiene litigios en República Checa, Perú y Colombia pese a haber vendido sus filiales | Empresas
Telefónica mantiene litigios abiertos en la República Checa, Perú y Colombia pese a haberse desprendido de las filiales en estos países. El caso más sintomático es del país centroeuropeo, donde la multinacional española acaba de perder un pleito y ha sido condenada a pagar 96 millones de euros tras salir de allí a finales de 2013. En Perú y Colombia, cuyas filiales fueron vendidas este año, Telefónica está pendiente del arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en los conflictos que sostiene con los Estados de ambos países. La empresa que preside Marc Murtra también litiga en Brasil y ha cerrado los conflictos en Reino Unido por fallo judicial a su favor y en Costa Rica, tras llegar a un acuerdo con Millicom, según la información recabada por este diario y el informe financiero de las cuentas del primer semestre de 2025.
Telefónica entró en la República Checa en 2005 con la compra al Estado checo del 51,1% de Český Telecom, la operadora estatal. Esa operación le obligó a lanzar una oferta pública de acciones (opa) por el resto del capital en manos privadas. Entre esos inversores minoritarios estaban los fondos Venten y Lexburg, que demandaron en 2006 y 2009, respectivamente, a la empresa española al entender que el precio ofrecido era inferior al valor de mercado.
Tras casi 20 años de pleitos en distintas instancias judiciales, el Tribunal Superior notificó el pasado 14 de mayo una sentencia que estimaba la pretensión de los demandantes y condenaba a Telefónica al pago de 2.381 millones de coronas checas (unos 96 millones de euros a cierre de junio), según recoge el informe financiero de la operadora española. No obstante, Telefónica avisa en su informe de cuentas de que el pasado 30 de mayo presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo de República Checa contra la citada sentencia solicitando también la suspensión de la misma.
La compra del antiguo monopolio estatal de telecomunicaciones de República Checa acometida bajo la presidencia de César Alierta no resultó un buen negocio para Telefónica. La compañía española invirtió más de 5.000 millones de euros en hacerse con el control de la empresa, que tuvo que vender en 2013 al grupo inversor PPF del multimillonario checo Petr Kellner por 2.467 millones de euros.
Entre medias, sufrió un largo litigio con los dos fondos que ya en 2016 le ganaron un primer pleito en la Corte Municipal de Praga que condenó a Telefónica a pagar 644 millones de coronas checas (aproximadamente 23 millones de euros) a Venten y 227 millones de coronas checas (aproximadamente 8 millones de euros) a Lexburg, en cada caso, más los intereses. En total, unos 33 millones de euros. Telefónica presentó entonces, ya con José María Álvarez-Pallete en la presidencia, un recurso extraordinario por el que solicitaba también la suspensión de los efectos de la sentencia.
Venten y Lexburg presentaron a su vez al Supremo una petición para revocar parcialmente la suspensión de los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Praga. En 2019, el Supremo anuló la decisión de la Corte Municipal de 2016 y devolvió el caso al Tribunal Superior que ha fallado en contra de Telefónica, aumentando la indemnización.
Acuerdo amistoso en Costa Rica
En el plano positivo, Telefónica ha logrado cerrar definitivamente el pleito que mantenía con Millicom por la venta de filial de Costa Rica. Millicom acordó la compra de ese negocio en 2019 por 621,8 millones de dólares pero en la primavera de 2020, en plena pandemia, incumplió el contrato bajo el falso pretexto de que no se había recibido la autorización regulatoria. Telefónica vendió después la filial a Liberty International, en agosto de 2021 a un precio menor, pero demandó a Millicom por incumplimiento de contrato.
Tras varias denuncias cruzadas, el 22 de mayo de 2025 la Corte de Apelación de Nueva York resolvió los recursos presentados por Millicom y Telefónica, desestimando completamente el de Millicom y estimando parcialmente el de Telefónica. En este contexto favorable a Telefónica, el 4 de julio de 2025, las partes llegaron a un acuerdo para poner fin a la disputa. El importe final de la indemnización que recibirá la empresa española no viene en el informe, pero fuentes conocedoras del caso aseguran que se estima en torno a los 90 millones de dólares (77 millones de euros).
Colombia y Perú, a la espera del CIADI
En Colombia, también prosigue el largo proceso que enfrenta a Telefónica con el Estado, pese a que la española vendió a Millicon en marzo pasado su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por un total de 400 millones de dólares (alrededor de 367 millones de euros al cambio actual). El pasado 13 de noviembre el CIADI resolvió en favor de la española por el impacto que varias medidas adoptadas por el Gobierno del país tuvieron en sus inversiones en un litigio que se remonta a hace 30 años. El fallo de este tribunal internacional dependiente del Banco Mundial condenó a Colombia a devolver a Telefónica los 379,8 millones de dólares (357,6 millones de euros) ya desembolsados por la compañía más los intereses devengados por esa cantidad desde 2018 (al 5% anual) y los costes judiciales por lo que, en conjunto, la compañía española recibirá 475 millones de euros, según consta en los estados financieros consolidados de Telefónica.
Días después, el 27 de noviembre de 2024, la República de Colombia presentó ante el CIADI un recurso de anulación y solicitud de suspensión de la ejecución del laudo. De acuerdo con los procedimientos del CIADI, en estas situaciones se suspende la ejecución de manera provisional hasta que un nuevo Tribunal decida sobre la solicitud, en el plazo máximo de 30 días desde su constitución. El 14 de marzo de 2025 se constituyó el tribunal que resolverá el recurso de anulación y suspensión. Tras la aprobación del calendario procesal, el 5 de junio de 2025, la República de Colombia presentó el Memorial de suspensión de ejecución.
El CIADI también tendrá que dilucidar el conflicto que enfrenta a Telefónica y la Hacienda peruana desde hace más de 20 años. La española salió del país andino el pasado mes de abril tras vender la filial TdP a la firma argentina Integra Tec International por unos 900.000 euros al tipo de cambio actual. La compañía reclama más de 1.100 millones de euros por el largo conflicto fiscal que mantiene con la Hacienda peruana desde hace 20 años.
Victoria contra Phones 4U
Telefónica puede respirar tranquila en Reino Unido tras ganar un proceso tan rocambolesco como peligroso por la cuantía de los daños que pedía el demandante. Phones 4U, una cadena minorista de venta de teléfonos móviles, demandó a O2 (la marca de Telefónica en Reino Unido, ahora Virgin Media O2), British Telecom, Deutsche Telekom, Vodafone y Orange por presuntas prácticas anticompetitivas en 2018, y les pedía una indemnización de 1.000 millones de libras (1.450 millones de euros).
El negocio de Phones 4U era vender smartphones a los principales operadores de telefonía móvil a cambio de una comisión. Progresivamente, las compañías fueron rescindiendo o no prorrogando sus contratos entre 2013 y 2014, lo que llevó a Phones 4U a la presentar concurso de acreedores en septiembre de 2014.
La cadena, que llegó a contar con 600 tiendas, sostenía que se produjeron conversaciones “claramente anticompetitivas” con prácticas colusivas en precios y estrategia, en contra de lo que dictan las leyes antimonopolio de Reino Unido y la Unión Europea (antes del Brexit). Telefónica y el resto de las operadoras negaron estas acusaciones y alegaron que la rescisión de los contratos con Phones 4U se debía a motivos puramente empresariales y de mercado. Tras varias sentencias en contra y sus correspondientes apelaciones, el 11 de julio de 2025 la Corte de Apelación desestimó completamente el recurso de Phones 4U.
Brasil
En Brasil, Telefónica también ha sufrido la litigiosidad tanto por el tema fiscal como el regulatorio cerrando algunos casos mediante un acuerdo con la autoridad y en otros en los tribunales. El que se mantiene es el recurso contra la resolución de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sobre el cálculo de cuantías por la renovación de las frecuencias asociadas a la prestación del servicio móvil personal que se interpuso en 2013). Telefónica Brasil presentó recurso de apelación ante el Tribunal Federal Regional de Brasilia en febrero de 2020, tras obtener sentencia desfavorable en el Tribunal de Primera Instancia que entendió que el criterio a seguir era el defendido por Anatel.
En mayo de 2025, el Tribunal Federal Regional de Brasilia admitió la apelación de Telefónica y revocó la sentencia desfavorable, estimando en su totalidad la demanda de Telefónica. A su vez, Anatel ha interpuesto un recurso de aclaración contra dicha decisión, estando pendiente de su resolución. A 30 de junio de 2025, la cuantía del litigio era de 926 millones de reales brasileños (145 millones de euros al tipo de cambio a dicha fecha), según el modelo de cálculo de Anatel, que también ha sido recurrido por Telefónica.
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