Montero avanza que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% en 2025 | Economía

España cumplió con el objetivo de déficit que se había fijado para 2025, de un 2,5% del PIB. Así lo ha adelantado este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en Los Desayunos, un nuevo formato de encuentro informativo organizado por RTVE y EFE. “Es un dato importante”, ha subrayado la también ministra de Hacienda, y eso da pie a que España tenga un “colchón” para reaccionar ante los imprevistos como la reciente guerra en Irán, que amenaza con una crisis energética y que ha llevado al Ejecutivo a convocar un Consejo de Ministros extraordinario este viernes para aprobar medidas que mitiguen la subida de los precios de los carburantes.

“Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia”, ha afirmado Montero, quien ha sacado pecho de que la mejora de los números rojos no se ha conseguido a golpe de recortes ni de duras subidas fiscales —como hizo el PP durante la crisis financiera, ha puntualizado—. “Hemos ensanchado las bases fiscales y recuperado progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene”, ha defendido. “Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresas y patrimonio”. El dato concreto de déficit a cierre de ejercicio, aclaran en el ministerio, se conocerá a finales de este mes, cuando se comunicará a Bruselas.

El déficit, que indica el desfase entre ingresos y gastos públicos, se corrigió con intensidad desde los picos alcanzados durante la covid gracias a la robusta recuperación económica. La reactivación de la actividad dio alas a la recaudación, a su vez empujada por la espiral inflacionaria que alcanzó su mayor cota hace cuatro años, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En 2024, España logró cerrar el ejercicio con un déficit del 2,8% del PIB, unos siete puntos por debajo de la cifra alcanzada el año de la pandemia. Al agregarle el gasto extraordinario por la dana de octubre de aquel año (que Bruselas permitió desagregar), los números rojos se elevaban hasta el 3,2% del PIB. El cumplimiento del objetivo en 2025 implicaría una corrección de, al menos, siete décimas.

Sin embargo, ese margen no implica automáticamente una mayor capacidad de maniobra para el Gobierno. Como la propia ministra ha recordado, Bruselas no ha suspendido las reglas fiscales como hizo durante la pandemia y el sucesivo golpe inflacionario. Es más: el déficit ya no es la variable de referencia a la hora de considerar si un Estado miembro ha cumplido con los compromisos presupuestarios acordados con la UE. El nuevo marco vigila el crecimiento del gasto público —medido en neto, descontándole los intereses de deudas, medidas de ingresos y otras partidas—, y todas las proyecciones apuntan a que España necesitará aplicar ajustes a partir de 2027 para respetar la senda pactada.

Con estos mimbres —a los que se suma la gran incertidumbre sobre la duración de la guerra y su contagio económico a sectores distintos al energético—, se espera que el Gobierno anuncie un paquete más suave que el aprobado para paliar la crisis inflacionaria de 2022, que supuso la mayor rebaja de impuestos energéticos jamás aprobada. Montero no ha querido adelantar ninguna de las iniciativas que formarán parte del plan que anunciará mañana el presidente, Pedro Sánchez, salvo desglosar que algunas de ellas serán estructurales, relacionadas con el mercado energético, y otras irán dirigidas a “aliviar la presión” del encarecimiento de los combustibles.

Sí ha asegurado que el Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios el contenido del decreto ley de ayudas, y que este solamente incluirá “aquello que tenga consenso”. Esta postura enfría la posibilidad de que se introduzcan medidas sobre vivienda, como los topes a los alquileres que piden formaciones como Sumar o ERC, pero que otras rechazan, como Junts, cuyos votos también son necesarios. “Hoy, a esta hora, estamos hablando tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios para asegurar su tramitación”, ha asegurado Montero.