Más protección social y mucho más empleo, pero la misma desigualdad | Opinión

Se quejaba con amarga resignación el gobernador del Banco de España, hasta hace nada ministro del Gobierno y materia gris de buena parte de sus políticas económicas, de la resistencia de la desigualdad de rentas a doblegarse pese a los esfuerzos para extender los sistemas de protección social. Ni el crecimiento económico, ni el del empleo, ni el de los salarios, ni el de los impuestos a las rentas más elevadas han logrado atenuar las diferencias de poder adquisitivo entre los españoles. Pero tampoco las vastísimas rentas mínimas universales de nueva planta activadas por las políticas públicas han aportado más que unas pocas décimas a la mejora de la igualdad.

Hay poco debate acerca de cuál es el verdadero motor de la riqueza y verdadera palanca reductora de la desigualdad en una economía: el crecimiento económico. Hay herramientas adicionales, como la negociación colectiva que hace el primer reparto de renta, las políticas fiscales que la redistribuyen, o la intensidad tecnológica y los niveles formativos del capital humano que son activos determinantes de la productividad, que pueden hacerlo más o menos inclusivo. Pero sin crecimiento, la desigualdad no declina; de hecho, como evidencian los últimos ciclos económicos de crisis, avanza.

Tras las dudas que lastraron a la economía en los trimestres posteriores a la pandemia por su intensidad en servicios ligados a la movilidad, ha tomado una velocidad de crucero que supera la de sus pares europeos y que tiene un correlato en términos de empleo nominalmente muy relevante. Y lo ha hecho absorbiendo en paralelo alzas salariales muy cercanas a los niveles de inflación, cuando no superiores. Pero ninguno de los vigorosos avances ha permitido que la renta real disponible de los españoles avance, tal como alerta el último informe de la Oficina de Estadística de la UE sobre las Condiciones de Vida de sus ciudadanos. Define el concepto como la renta disponible tras el pago de impuestos en paridad de poder de compra.

Tomando los valores de 2010, hasta 2024 la renta mediana de los españoles (la que divide en dos partes iguales a los que tienen más y los que tienen menos) apenas ha avanzado un 1,6%, mientras que la media de la Unión lo ha hecho en un 20%. Las mejoras de la renta de los europeos se han desplazado hacia el oeste, hacia los países que se han incorporado más tarde a la Unión y que, como procedían de economías comunistas, tenían grandes potenciales de mejora. En la vieja Europa, Alemania y Austria han mejorado un 7%, Portugal y Holanda un 12%, y Francia o Italia, simplemente, la han reducido.

La imagen proyectada en el espejo del índice de Gini, que mide el grado de desigualdad entre los habitantes de un país, coloca a España en el 31,2 (cero sería igualdad absoluta y 100 máximo nivel de desigualdad), frente al 29,3 de la Unión Europea, el 29,7 de Francia, el 29,4 de Alemania, el 31,5 de Italia, o el 41,8 de EE UU. España apenas habría mejorado un par de décimas sobre 2023, y se encontraría en una especie de suelo que no logra perforar.

Esta es la posición del indicador de desigualdad de rentas, aunque el concepto puede ser enriquecido y cualificado contabilizando variables como el valor del patrimonio, la renta imputable como alquiler de la vivienda en propiedad (muy relevante en España por la elevada proporción de la propiedad), y la renta ampliada o secundaria que supone la gratuidad de servicios públicos como la sanidad o la educación, que, al igual que los sistemas de protección social vía rentas dinerarias, son actuaciones de las políticas públicas.

Pero el concepto de desigualdad en el que tanto interés ha puesto el Gobierno de Sánchez en combatir es exclusivamente el relativo a la renta, para cuyo fin ha diseñado una miríada de medidas, coyunturales unas, como las ayudas de alivio de la renta durante la pandemia o para combatir la embestida inflacionista de los últimos años, y estructurales otras, como las fuertes alzas del salario mínimo, la creación de un mecanismo de renta mínima universal, la extensión de los subsidios de protección a la infancia y al desempleo, o las fuertes subidas de impuestos que penaliza a las rentas altas y muy altas, sean personales o corporativas.

La medida estrella, demandada por los partidos a la izquierda del PSOE, y ejecutada precisamente por el ahora gobernador del Banco de España que tanto lamenta los avances decimales en materia de desigualdad, es el ingreso mínimo vital. Estrella solo por el hecho de que nacionaliza una figura que ya existía en todas las comunidades autónomas y que no ha logrado absorber pese a haber acogido a un colectivo muy numeroso de perceptores.

Da la impresión de que ya no quedan herramientas públicas adicionales para doblegar la desigualdad de rentas, puesto que entre el aparataje de protección por desempleo que supone el seguro de paro; y el subsidio de paro, ampliado en año pasado; el Ingreso Mínimo Vital que arrancó en 2021; y la maraña regional de Rentas Mínimas de Inserción activada desde principios de siglo, no queda ni un solo español sin renta garantizada. De hecho, entre estas cuatro figuras hay más protegidos (2,7 millones) que desempleados registrados (2,4) o computados por Estadística (2,5).

Estas herramientas han cuadrado el círculo y han universalizado la protección social con rentas dinerarias, y sumadas a las anteriores (pensiones no contributivas, complementos a mínimos en las contributivas, SOVI, orfandad, etc.) protegen a 8,3 millones de personas, con un gasto de casi 40.000 millones de euros. Pero no han logrado el segundo propósito declarado tras reducir la pobreza, cual era incorporar más fuerza laboral al trabajo, y en ocasiones han logrado más bien lo contrario: desincentivarlo.

La reducción de la desigualdad siempre puede lograrse duplicando estas partidas para los mismos colectivos. Pero sería tratar de engañar a la realidad. El motor de la riqueza para reducir la desigualdad sigue siendo el mismo: el crecimiento y su traducción en empleos cada vez más productivos, y no convirtiéndolo en nominalmente inclusivo con el simple reparto del trabajo de nueva creación. Este ha sido uno de los frutos de la innovación normativa en los últimos años con jornadas de tiempo parcial, fijos discontinuos y reducciones del tiempo de trabajo, que diluyen una renta real, que bastante tiene con aguantar el ritmo de la inflación y de los precios de la vivienda.

La fuerte presión competitiva de la inmigración, convertida en motor demográfico de crecimiento, absorbe la mayoría del nuevo empleo y ejerce una tenaz resistencia de las rentas a subir, perpetuando los niveles de desigualdad. Empleos cada vez más productivos son los generados por la industria o los servicios de alto valor añadido, los menos en España, que sigue engordando un modelo de servicios de pobre productividad y salarios pobres, solo un poco superiores al salario mínimo tras los empujones de los últimos años.