Los fondos que pleitean contra España por las renovables apuntan a los proveedores de La Roja en el Mundial de EE UU | Empresas

Los fondos oportunistas que pleitean contra España por el recorte de las primas de las renovables elevan la presión. En busca de bienes y activos españoles en el extranjero para hacer frente al impago de las indemnizaciones que los tribunales de arbitraje han reconocido por el tijeretazo a dichos incentivos como consecuencia de la reforma eléctrica en 2013, los demandantes han puesto en el foco a los proveedores de la Selección Española en el Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, entre los próximos 11 de junio y 19 de julio.
Los fondos que ostentan el derecho de representación y cobro de muchos de estos litigios, entre ellos la firma estadounidense de inversión Blasket Renewable, han aprovechado que la competición internacional se celebrará en Estados Unidos, país donde la justicia se ha puesto, por el momento, del lado de los demandantes y ha rechazado la inmunidad soberana invocada por España, que se niega a pagar las compensaciones.
En este contexto, buscan cualquier fuente de financiación para el Mundial que pueda ser susceptible de embargo, incluyendo subvenciones públicas, fondos de la FIFA y contratos de televisión. Así, han exigido a España que identifique los patrocinios, licencias, contratos, pagos a terceros, cuentas bancarias y acuerdos de crédito relacionados con el evento, y que explique la estructura de gobernanza de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Mientras esperan respuesta, los demandantes han ampliado el rastreo de bienes y han solicitado al Tribunal de Distrito de Columbia que, además, requiera información sobre acuerdos y pagos (incluyendo facturas, recibos, registros de transacciones, estados de cuenta y confirmaciones de transferencias bancarias) a empresas que van a prestar algún servicio a la selección absoluta de fútbol durante su participación en el torneo internacional, de acuerdo a la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.
En concreto, han solicitado acceder a los acuerdos de suministro de propiedades, instalaciones o recursos (uniformes y equipaciones, campos, edificios y gimnasios) firmados con Adidas y con Baylor School, en Chattanooga en el estado de Tennesse, cuyas instalaciones deportivas han sido elegidas por la selección para utilizarlas como campamento base. También se han requerido los contratos sobre servicios de logística (transporte de carga y gestión de equipos en estadios, centro de entrenamientos o lugares de concentración) cerrados con Rock-it Cargo; y los acuerdos de hospitalidad para la delegación española (alojamiento y catering) sellados con las cadenas hoteleras Vision Hospitality y Hilton.
Asimismo, los fondos también quieren conocer cualquier comunicación que estas compañías hayan mantenido con España, englobando bajo este término a ministerios, agencias españolas en EE UU, subdivisiones políticas y representantes, así como la propia selección española de fútbol, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD).
El embargo de activos y bienes es una de las estrategias que inversores y fondos oportunistas que han ganado la batalla a España por el recorte de las primas de las renovables están llevando a cabo en varias jurisdicciones extranjeras, como Reino Unido, Australia, Bélgica y Estados Unidos, para intentar cobrar las indemnizaciones de un total de 1.700 millones de euros más intereses otorgadas en casi una treintena de laudos arbitrales.
El frente norteamericano se ha abierto después de que la justicia de Columbia afirmara en varias resoluciones dictadas en el último semestre de 2025 que estos fallos arbitrales tenían carácter de sentencias firmes. De este modo, dio luz verde a iniciar los procedimientos de reconocimiento y ejecución en siete casos cuya deuda suma más de 600 millones de euros más intereses. La representación legal de España ha recurrido todos estos casos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Estos requerimientos de información se han emitido en el marco del caso que afecta a RREEF, cuya compensación asciende a 47,6 millones más intereses. Según informaron fuentes cercanas a los fondos de litigación que están liderando la ofensiva tienen intención de llevar la búsqueda de activos embargables a otros tribunales federales de EE UU, como el del Distrito Sur de Nueva York donde ya se ha solicitado el registro de los laudos.
