Lecciones para no tropezar ante el ‘shock’ de Irán | Economía nacional e internacional

El ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán el pasado 28 de febrero nos ha devuelto, de forma abrupta, a un escenario de máxima tensión geopolítica y económica. Como consecuencia del conflicto, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del comercio marítimo global de crudo, ha desencadenado los peores escenarios posibles. Así, el barril de Brent escaló rápidamente en cuanto se supo que Irán bloquearía el tránsito por aquel estrecho corredor marítimo. Simultáneamente, el gas natural europeo (TTF) aumentó hasta un 90% tras el freno en la producción de gas natural licuado por parte de Catar.

Pero el canal de transmisión de esta crisis no se agota en el surtidor o en la factura de la luz. Como expliqué la semana pasada, las cadenas de valor globales, especialmente en el sector agroalimentario, plásticos, fertilizantes y bioquímico, sufrirán igualmente una sacudida. Y es que, por citar uno de los casos, cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes pasan por este cuello de botella ahora bloqueado. Considerando que el gas natural supone el 70% del coste de producción de los fertilizantes nitrogenados, la transmisión hacia la inflación alimentaria será inevitable si la situación perdura.

Ante esta radiografía, no ha tardado mucho hasta que la maquinaria política se ha puesto en marcha. El Gobierno ultima un plan anticrisis, mientras que los distintos grupos parlamentarios y agentes sociales despliegan un variopinto menú de propuestas. Desde el bloque de la izquierda, formaciones como Podemos y Sumar reclaman reeditar y endurecer el llamado “escudo social”. Sus exigencias van desde la recuperación de la “excepción ibérica” y la imposición de topes a los precios de los alimentos hasta medidas mucho más radicales como la nacionalización de Repsol, la creación de una banca pública, la prórroga obligatoria de los alquileres y la expropiación de viviendas a fondos de inversión.

En la otra orilla, la oposición y las cúpulas empresariales apuestan por el alivio fiscal. El Partido Popular propone una reducción del IVA de la energía al 10%, la eliminación del impuesto de generación eléctrica y una deflactación del IRPF para blindar el poder adquisitivo. Las organizaciones de autónomos (ATA) reclaman bajadas urgentes en los impuestos a los hidrocarburos, mientras que sectores como el transporte y la agricultura demandan ayudas directas y bonificaciones al gasóleo profesional.

Llegados a este punto, es inevitable experimentar una profunda sensación de déjà vu. ¿No hemos vivido esto ya? La inercia nos empuja a reaccionar calcando los esquemas de la crisis desatada en 2022 por la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, como economistas debemos preguntarnos si no estamos exagerando la respuesta y si podemos asegurar que las medidas planteadas sean convenientes.

La realidad es que 2026 no es 2022. La naturaleza del shock difiere. Hace cuatro años, Europa se enfrentaba a un corte físico y drástico de su principal proveedor de gas, disparando el índice TTF por encima de los 200 €/MWh. Hoy, aunque el impacto inflacionario es real y nadie duda de ello, España parte de una posición de mayor resiliencia. Nuestro nivel de diversificación y las amplias reservas hidráulicas, combinadas con una potente generación renovable, actúan como un valioso cortafuegos. El Ministerio de Economía prevé que, dadas las condiciones actuales, la inflación repunte al 4%, una cifra significativa, pero muy lejana del pánico de doble dígito que experimentamos en el pasado (10,8% en julio de 2022). Replicar de manera automática el colosal despliegue presupuestario de entonces no estaría respaldado por la dimensión actual del shock, máxime cuando nuestra deuda pública sigue atando nuestro margen de maniobra. Y aquí es donde entra en juego la evidencia empírica, la cual nos dicta lecciones sobre qué hemos aprendido, qué medidas son buenas y cuáles, directamente, carecen de sentido económico.

La medida más criticada es sin duda la bonificación indiscriminada de 20 céntimos por litro de carburante, actuación que representaba una medida regresiva de manual. Las microsimulaciones del Banco de España demostraron que esta ayuda canalizó la inmensa mayoría de los fondos públicos hacia las rentas más altas, simplemente porque los hogares más ricos poseen más vehículos, de mayor cilindrada, y consumen más combustible. Además, una parte del subsidio fue capturada por la oferta, como fue identificado por los estudios de ESADE EcPol encareciendo el producto base. Afortunadamente, parece que el Gobierno ha tomado nota y se inclina por restringir cualquier ayuda al gasóleo de uso estrictamente profesional.

Tampoco tiene sentido resucitar la rebaja generalizada del IVA a los alimentos básicos. Los datos son tozudos: en 2023, esta medida resultó dramáticamente ineficiente, reportando un ahorro ínfimo para las familias vulnerables (apenas 35 euros anuales), mientras que cinco de cada diez euros que el Estado dejó de recaudar terminaron en los bolsillos del 40% de los hogares con mayor renta. Es cierto que la bajada del IVA se trasladó a los precios, pero esto no implica que resulte en ser una medida eficiente. Finalmente, intervenir o topar artificialmente los precios de los supermercados, como sugieren algunas formaciones, generaría distorsiones insalvables en la cadena de suministro y desincentivaría la producción justo cuando más se necesita. Máxime cuando sabemos que es un sector donde hay mucha competencia, lo que invalida estas medidas.

Por el contrario, sí hay medidas que la ortodoxia económica y la equidad social avalan. La rebaja del IVA a la electricidad es un instrumento favorable. A diferencia de los combustibles, el gasto en electricidad pesa mucho más en el presupuesto de los hogares pobres (más del 5%) que en el de los ricos (menos del 2%). Mantener la electricidad barata frente a los combustibles fósiles emite la señal de precios correcta para fomentar la electrificación de nuestra economía a largo plazo.

Pero la gran lección que debemos extraer proviene de la focalización y la protección directa de rentas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la evidencia internacional nos enseñan que la respuesta óptima ante un shock de oferta no es destruir la señal de los precios mediante intervenciones de mercado, sino entregar transferencias incondicionales y directas a los ciudadanos. Podemos mirar a Austria en 2022. En aquel momento, este país aplicó una transferencia automatizada y directa de 500 euros. Este mecanismo preserva el incentivo para ahorrar energía (porque el precio marginal sigue siendo alto), resulta matemáticamente progresivo (500 euros son vitales para un hogar humilde e irrelevantes para uno rico) y elimina la fricción burocrática al ser automático. Pero para ello debes ser diligente. En España, nuestros intentos de ayuda directa (como el cheque de 200 euros) pecaron de una extrema complejidad burocrática y bajo alcance. La automatización, cruzando datos entre Hacienda y la Seguridad Social, es una asignatura que no podemos seguir suspendiendo.

En conclusión, enfrentamos la crisis del Golfo en marzo de 2026 con un bagaje de experiencia que no podemos ignorar. Caer en el populismo fiscal de las bajadas masivas de impuestos o en el intervencionismo ciego de topar precios de consumo supondría engordar los beneficios corporativos y subvencionar a los estratos más pudientes con dinero público. La única vía compatible con el rigor macroeconómico y la justicia social exige mantener las señales de precios que incentiven el ahorro energético, focalizando milimétricamente los recursos del Estado en proteger la renta de las familias y empresas verdaderamente vulnerables. La economía no admite magia, pero sí exige memoria. Y la memoria nos dicta que el alivio rápido y universal suele ser la antesala de un doloroso estancamiento estructural.