Las otras medidas que decaen con el decreto antidesahucios: incentivos al coche eléctrico y descuento en el recibo de la luz | Economía

El decreto del escudo social no ha logrado, como ya había quedado anticipado, el apoyo necesario para salir adelante en el Congreso este jueves. El portazo que le ha dado la Cámara baja no solo tumba la moratoria antidesahucios, el principal escollo para que los independentistas de Junts dieran su apoyo al texto. También hay otras muchas medidas de carácter social, fiscal y económico que decaen. Entre las más importantes se encuentra la prórroga del descuento para el bono social, las deducciones para la compra de vehículos eléctricos, los incentivos a la rehabilitación energética de viviendas, las ayudas a los afectados por la dana y los límites para los autónomos que tributan en módulos y la actualización de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales.

De hecho, el texto votado este jueves incluye un popurrí de iniciativas de distinta naturaleza, pese a ser el resultado de haber troceado en cuatro partes el decreto ómnibus que el mes pasado ya había sido tumbado en por la mayoría de los diputados. La norma que incluye las medidas antidesahucios también pretendía prorrogar hasta finales de este año varios incentivos vinculados a la movilidad sostenible. En concreto, contemplaba ampliar a este ejercicio las deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF) por la compra de coches eléctricos enchufables, de un 15% del valor de adquisición del mismo —con una base máxima de 20.000 euros—, y rebajas del mismo porcentaje para la instalación de puntos de recarga en la vivienda —la base máxima es de 4.000 euros—

Sin la convalidación del decreto, ambas deducciones se quedan sin efecto de cara a las compras hechas en 2026, explica Aitor Fernández, experto en fiscal la plataforma de asesoría tributaria Taxdown. En otras palabras, los ciudadanos que hayan adquirido un vehículo eléctrico enchufable este año o hayan instalado un punto de recarga ya no podrán deducirse su coste —en los límites previstos por la norma— en la próxima declaración de la renta.

Lo mismo ocurre con las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas, que se articulan en distintas categorías. De haberse aprobado el decreto, el contribuyente tendría derecho a un descuento en el IRPF del 20% de las cantidades satisfechas para las obras realizadas antes de finales de 2026 que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración de vivienda. La segunda categoría de ayudas en este ámbito, que ahora decae, es la deducción del 40% (hasta un máximo de 7.500 euros) para la reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable o mejoras en el certificado energético. Para esas mismas obras, el decreto también incluía deducciones de hasta el 60% en el caso de edificios predominantemente residenciales.

Fernández subraya que, en este caso, el perjuicio es doble, pues el decreto que no ha sido convalidado aprobaba las primeras dos categorías de ayuda para las obras realizadas en 2025, que por ende no se podrán reclamar en la declaración de la renta de este año, y tampoco podrán beneficiarse de ellas los contribuyentes que estén ejecutando o planificando rehabilitaciones este año. “La deducción se amplió en primer [decreto] ómnibus a 2025, y al no convalidarse la ayuda deja de estar en vigor ni para la renta de 2025 ni para las siguientes”, explica.

Siempre en materia de vivienda, pero en terreno social, con el decreto decae la prórroga del bono social energético hasta finales de este año y la prohibición de cortar los suministros de agua y energía a consumidores vulnerables. El texto también incluía la ampliación de las medidas en apoyo a los afectados de la dana —extensión de ayudas directas a empresas y exención en IRPF y sociedades a las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana—, la prohibición de despidos por el aumento de los costes energéticos, la exención por daños personales en incendios forestales y la rebaja del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias —lo que se paga por poseer una vivienda que no es la habitual ni está alquilada—. Todas estas medidas quedan ahora en el aire.

Sin actualización de las entregas a cuenta

El veto al decreto también supone que las entregas a cuenta que reciben comunidades autónomas y corporaciones locales se queden congeladas, puesto que su actualización iba ligada al texto antidesahucios que ha sido rechazado en el Congreso. Las entregas a cuenta son los anticipos que los territorios reciben cada año del sistema de financiación para cubrir sus competencias, principalmente la prestación de los servicios públicos fundamentales, y que se revisan cada año en línea con la evolución de la situación económica.

La actualización de los importes iba habitualmente ligada al proyecto de Presupuestos, que es la ley donde se suelen actualizan las previsiones macroeconómicas y las entregas se ajustaban en consecuencia. Sin embargo, la situación de prorroga en la que España se encuentra desde 2023 ha llevado al Ministerio de Hacienda a buscar distintas estratagemas para desbloquear la revisión de las cifras —principalmente, vía decreto—, que ahora se han quedado congeladas.

También se han quedado congelados los límites de los autónomos en módulos. Este régimen está limitado a un grupo reducido de profesionales, en función del tipo de actividad que realizan (bares, peluquerías, etcétera) y permite tributar, en lugar de por el beneficio real, por determinados parámetros fijos como la facturación anual. “Sin esta prórroga, los umbrales de ingresos y compras que determinan quién puede acogerse a este régimen simplificado caerían a niveles inferiores, lo que obligaría a muchos autónomos a cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse”, explican en Taxdown.